Opinión

El asilo y la muerte

La muerte de niños ahogados nos escandaliza, pero nos parece normal que el migrante haga el trabajo más injusto a ambos lados de la frontera



Peter Sloterdijk, uno de los últimos discípulos de la Escuela de Frankfurt, tan último que ya no se sabe si sigue perteneciendo a esa escuela, dice en su libro Esferas III (2004) que el derecho de asilo, tan celebrado en Occidente, se practica lo mismo para bien que para mal. Desde la antigüedad, aclara el filósofo, se utilizó el asilo para dar refugio al perseguido pero también para someterlo a una mayor explotación en el país de destino. El derecho de asilo era, además de una noble tradición, un mecanismo del poder para preservar la jerarquía social.

Lo ejemplificaba Sloterdijk con la política que siguieron los zares rusos en el sur de Europa del Este, permitiendo el asentamiento selectivo de “tártaros auténticos, turcos otomanos, genoveses con restos de Crimea, griegos pónticos y hasta esquirlas de poblaciones iraníes”. También mencionaba Sloterdijk, siguiendo a W. E. Mühlmann, leyes migratorias más viejas: la “activa política de asilo” de las polis helénicas con “metecos” y otros clientes “bárbaros”. Cuando no terminaban como esclavos, los bárbaros eran merecedores de un tipo de asilo que suponía una muerte lenta bajo las leyes griegas.

El comentario de Sloterdijk ayuda a comprender los conflictos fronterizos en el siglo XXI. Lo mismo en Europa del Este que en el Mediterráneo las leyes migratorias se mueven entre la admisión de fuerza de trabajo y el cierre del paso. La nueva xenofobia de las derechas europeas impide ver un tipo de racismo antimigrante, que ha predominado en las últimas décadas en Europa, y que tiene que ver con una combinación de estrategias de asilo y explotación de mano de obra barata, sumamente costosa para las comunidades migrantes.

Además de la adversidad de ofertas de trabajo mal remunerado, los migrantes son sometidos a diversas prácticas de odio por parte de las sociedades civiles. El rebrote de enfoques nacionalistas en las políticas europeas, como las oleadas de antisemitismo de hace un siglo, está relacionado con visiones excluyentes de las identidades nacionales, pero también con una lucha por el mercado de trabajo y la asistencia social del Estado. La derecha europea moviliza a los pobres con el argumento de que los migrantes los desplazarán como beneficiarios de ofertas laborales y programas sociales.

Algo similar están haciendo Donald Trump y la derecha republicana en Estados Unidos. En el discurso trumpista se mezclan la grosera criminalización del migrante y el aliento a un cierre de filas de los sectores de bajos ingresos, especialmente, en estados fronterizos sureños como Texas, Nuevo México, Arizona y California, contra la migración de trabajadores centroamericanos y caribeños. La fuerza del mensaje trumpista tiene que ver con una transversalidad que convoca a sectores de clase alta y clase baja, en una misma ofensiva racista.

Lamentablemente, una versión menos descarnada de ese racismo comienza a observarse en México. No me refiero a nuestro horrible racismo cotidiano, sino a una tendencia cada vez más visible de autoprotección del mercado de trabajo, que rechaza el asilo o lo utiliza como método de empleo mal pagado. El asilo explotador es la otra cara de la muerte de los migrantes en la frontera: una forma de exclusión dentro del propio espacio nacional, que reproduce la xenofobia por otras vías.

Esta nueva dialéctica del amo y el esclavo, en el siglo XXI, ha sido estudiada por el filósofo surcoreano Byung Chul Han en su libro La sociedad del cansancio (2017). La explotación del migrante se produce tanto desde un higienismo que aspira a comunidades incontaminadas por presencias extrañas o disolventes como desde un “estado patológico”, que llama a convivir con el migrante, sometiéndolo. La muerte de niños ahogados en el Mediterráneo o en el río Bravo o en el Estrecho de la Florida nos escandaliza, dice Han, pero nos parece normal que el migrante haga el trabajo más injusto a ambos lados de la frontera.  

*Este artículo se publicó originalmente en La Razón