Opinión

El costo de ponerle fin a una tiranía

Marcha

La bancarrota de la economía del país y de las finanzas del Estado le están recordando a Ortega su tiempo de salida



Enterrar la férrea dictadura de Jorge Ubico en Guatemala (1931-1944), cuyas ergástulas fueron afamadas por el escritor guatemalteco Manuel Galich, no tuvo el alto costo en vidas que inicialmente supusieron los alzados. En su libro Fruta amarga: la CIA en Guatemala, Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer sostienen que “la revolución de Octubre de Guatemala se ganó con un levantamiento relámpago que costó menos de 100 vidas”. La relativa mansa dimisión del dictador Ubico fue sorprendente porque era conocido por su mano dura, más severa según algunos que la de su predecesor Estrada Cabera y muy generosa en la aplicación de la pena de muerte.

En Del pánico al ataque, Galich escribe sobre aquel régimen: “En dos años había pasado a cuchillo las inquietudes, degollado toda expresión de independencia, reducido los hombres a guiñapos y sembrado una planta de rápido desarrollo: el pánico. Mi vida universitaria, como la de algunos de mis compañeros, fue un paréntesis en nuestra existencia: se abrió con el pánico, se cerró con el ataque a Ubico. ¿Cómo se logró esa transformación?”

Se supone que cuando le mostraron a Ubico la lista de firmantes de un pliego de protesta por su última masacre y de apoyo a los estudiantes universitarios y de secundaria, el viejo general dimitió al ver entre los firmantes a algunos de sus amigos, parientes y miembros de las mismas redes oligarcas a las que su familia pertenecía.

En contraste, el fin de la dictadura de Ortega ya va costando más de 400 muertos y es obvio que el régimen, después de su previsible triunfo militar sobre un pueblo desarmado, se siente más fuerte que al inicio de las protestas: un Ortega antes encuevado en su bunker de El Carmen, se muestra ahora enérgico en la plaza y concierta una serie de entrevistas en importantes canales de televisión internacional, seguro de que sus patrañas pueden revertir la derrota política que la oposición le asestó en el Consejo Permanente de la OEA, en el Congreso de Estados Unidos, en medios de comunicación convencional y en las redes sociales, en el respaldo de importantes analistas políticos e incluso en importantes sectores de la izquierda internacional, perceptibles en la condena del ex-Presidente de Uruguay José Mujica y del político salvadoreño Rubén Zamora, en los responsables de hermanamientos con ciudades europeas y en los viejos y aún vivos comités de solidaridad con el FSLN, por mencionar sólo unos pocos ejemplos.

El grupo de referencia de una dictadura

Ubico salió del poder tras doce años y medio de ocuparlo. Ortega lleva más de once de haber retornado al gobierno y pretende que todavía tiene la sartén por el mango. ¿Por qué Ubico -el de la mano durísima- salió con relativa suavidad y no lo hace Ortega, el del “populismo responsable”, según la desatinada frase que Arturo Cruz acuñó para calificar el modo de producción político del actual régimen?

No hay duda de que la rebelión dentro de las filas del ejército jugó un papel primordial en Guatemala. Pero, en gran parte, la caída de Ubico dependió del grupo de referencia de su régimen: Ubico pertenecía a las élites y, por eso, el juicio que éstas tuvieran sobre su gestión y el apoyo que le dieran o le negaran eran decisivos. Y aunque el suyo no fue sensu stricto un gobierno de la oligarquía, de la que sus años en el ejército lo habían distanciado, ese grupo de origen seguía jugando un papel importante en su gestión.

Ortega no se debe a ningún grupo. Una vez disuelta la frágil alianza y “consenso” que mantuvo con la empresa privada y con un sector de la jerarquía católica, no le quedan más que sus cortesanos. No tiene más base social que los funcionarios del gobierno, a quienes ha dado -según su rango- empleos de hambre o jugosas regalías. Unos quedan reducidos a muy poco sin Ortega, otros quedan, sin él, revelados como delincuentes.

La incógnita actual es si algunos funcionarios del entorno de Ortega se percatan de que el país se está yendo hacia un despeñadero donde iremos a parar todos, orteguistas y antiorteguistas, sin distinción de simpatías políticas. Quizás algunos lo saben y no se atreven a decírselo. ¿Quién le va a decir al rey que está desnudo? A otros les va la vida en que este régimen continúe, así sea administrando la miseria más cruda y sin paliativos: al fin y al cabo, está demostrado que no hay mejor caldo de cultivo de fortunas mal habidas que los países miserables, y que no hay vía más expedita para pagar los crímenes que la caída del régimen que los acuerpa.

“Cómo un gato sobre el precipicio”

Las rémoras del régimen claman por su supervivencia. De su entorno inmediato, si es que lo escucha, Ortega sólo recibe ánimo para proseguir, incluso a la vista de que el Estado se está comiendo las reservas internacionales, de que la inversión externa huye de Nicaragua como de la peste bubónica y de que las turbas de paramilitares encapuchados se aseguran de mantener la actividad comercial aún más deprimida de lo que de todas formas estaría, incluso si Ortega les hubiera ordenado desarmarse hace un mes.

Ese entorno está ebrio de triunfo: celebra el desman¬te¬la¬miento de los tranques y el punto final de los atrincherados en la UNAN, el aplastamiento de los rebeldes de Masa¬ya y Monimbó y de otras ciudades. De ahí no saldrá quien le proponga a Ortega que dimita en beneficio de todos ni quien le explique que ya no existen las alianzas tácticas que le da¬-ban al régimen esa apariencia de “populismo responsable”: ni con la iglesia católica, ni con el gran capital, ni con los sectores populares que recibían migajas del populismo. Por consiguiente, no podemos apelar al cálculo egoísta para salvar al país de un descalabro fatal. Pero sí podemos apelar a las inconfundibles señales de resquebrajamiento.

El filósofo esloveno Slavoj Žižek señala: “Cuando un régimen autoritario se acerca a su crisis final, su disolución sigue, como regla, dos pasos. Antes de su verdadero colapso, una ruptura misteriosa tiene lugar: de repente la gente sabe que el juego ha terminado y ya no tiene miedo. No es sólo que el régimen pierda su legitimidad, sino que, además, su ejercicio del poder es percibido como una reacción impotente de pánico. Todos conocemos la clásica escena de dibujos animados: el gato llega al precipicio, pero sigue caminando, ignorando el hecho de que ya no hay suelo bajo sus pies. Sólo empieza a caer cuando mira para abajo y nota el abismo. Cuando pierde su autoridad, el régimen es como un gato sobre el precipicio: para que caiga, sólo se le tiene que recordar que mire hacia abajo…”

Ese recordatorio se lo está haciendo a Ortega la bancarrota de la economía del país y de las finanzas del Estado, que ya han tenido que echar mano de cientos de millones de las reservas internacionales y aun así no consiguen mantener el funcionamiento ordinario de las instituciones públicas. El economista Néstor Avendaño calcula que el PIB se reducirá en 3.5% respecto del 2017. En el filo de este espinoso escenario, el gobierno decidió trasladar su problema al futuro y aplicar medidas de austeridad que, al contribuir a la recesión, seguirán socavando el suelo bajo los pies del gato. Por un lado, aumentará la deuda pública interna mediante la emisión de bonos de la República por un valor de 9 mil millones de córdobas redimibles –ojo: en córdobas al tipo de cambio oficial- en plazos de hasta 25 años. Por otro, el viernes 10 de agosto Daniel Ortega envió a la Asamblea nacional una urgente propuesta de reducción del presupuesto general de la república, intento vano de reacomodar las cargas debido a que los ingresos estatales disminuirán en más de 7,600 millones de córdobas (cerca de 240 millones de dólares), un monto quese acerca al 10% de los ingresos proyectados. El sector social será el más golpeado por la austeridad forzada por la rebelión y la medicina que aplicó Ortega para sofocarla. Con la recesión apretando su incontenible tenaza y la posible aprobación de la Nica Act –que bloquearía los desembolsos de los multilaterales a Nicaragua-, el presupuesto se irá agostando aún más conforme avance el año y las medidas actuales –independientemente de su eficacia- serán insuficientes.

Entre 2006 y 2017, el personal del gobierno central subió desde 39,140 hasta 108,208 empleados. Probablemente en las alcaldías y otros organismos estatales hubo un incremento similar. Con la reducción presupuestaria, será imposible mantener activas todas esas plazas con las que el binomio Ortega-Murillo ha conquistado y recompensado a su clientela. Quizás tendrá que despedir a dos maestros para mantener a cada paramilitar, cuyo ejército ya opera de forma permanente y demanda salarios y avituallamiento, además de costosas municiones. De momento los despidos son selectivos: castigan a los médicos y maestros que no acataron las órdenes de negar atención a los opositores heridos y que no enviaron a sus alumnos a las marchas del FSLN o participaron en las del Movimiento 19 de abril. Van más de 135 médicos despedidos. Posteriormente, vendrá la fase de despidos indiscriminados, donde saldrán afectados sandinistas incondicionales. Cuando el malestar se expanda aún más entre sus filas, el gato caerá mirando hacia el vacío donde antes había ayuda venezolana, capitalismo de cuates, alianzas con otros sectores, activos intangibles del FSLN, ingresos fiscales, reservas internacionales, pertrechos y clientela política, que en ese orden se van desvaneciendo.

Durante 11 años sin tregua el régimen de Ortega nos taladró los oídos proclamando 40 veces al día su talante cristiano, socialista y solidario. Tres adjetivos que se han disuelto en el océano de la retórica hueca. Primero se reveló que el régimen no era en modo alguno solidario con los ancianos, cuyas miserables pensiones quiso reducir en un 5% por medio de una reforma que fue la espoleta de las protestas. Después, quienes alegaron cristianismo y ondeaban la bandera de Pro-vida cuando ilegalizaron todo tipo de aborto, se transmutaron en Pro-muerte al enviar francotiradores, paramilitares y antimotines contra los manifestantes e incitaron a turbas anticlericales contra los representantes de la principal iglesia cristiana en el país. Salvan fetos, pero no tienen reparo en asesinar mujeres y hombres sazones. Ahora al socialismo del siglo XXI se le cae la careta y deja al descubierto la verdad desnuda de un socialismo rentista del extractivismo petrolero en Venezuela. Perecerá por una sola de sus muchas contradicciones: su remedio para enfrentar al Movimiento 19 de abril –organizar y dotar de armas e impunidad a un ejército irregular- ha noqueado la economía, pedestal de cualquier gobierno, dictatorial o democrático.Con razón dice la sabiduría popular: “Si vas a vengarte, cava dos tumbas.”