Opinion

El covid-19, la dictadura de Ortega, y la abolición del Ejército

¿Es suficiente que el Ejército se comporte de una nueva manera, que sea apartidista, o realmente es necesaria la abolición del Ejército?

En Nicaragua hemos aprendido a vivir en una situación de permanente desgracia: si no es un terremoto es un huracán, o una sequía o una inundación. Decimos que “si no es Chana es Juana”, refiriéndonos a que, si no es una cosa, es otra, y así paulatinamente nos hemos acostumbrado a sufrir y vivir en estados de permanente crisis. En Nicaragua no se vive, se sobrevive. Quizás por eso admiramos al “vivo”, al que “se las juega”, porque sale ganando siempre. Ya sea por trauma o por desgracia, también nos hacemos de la vista gorda cuando sufrimos o vemos cómo nos hacen sufrir.

Recientemente un amigo con el que conversaba sobre el covid-19 en Nicaragua me respondió que él estaba bien, manteniendo el distanciamiento social, que dos de sus tres hijos habían perdido el empleo, aunque estaban bien de salud. Luego añadió, “aquí estamos viviendo días muy grises, no es la pandemia lo que más nos tiene abatidos, es este Gobierno.  Es increíble el menosprecio y odio que este par de criminales en el poder le tienen al país”.  Y agregó: “más que la pandemia, necesitamos liberarnos de este cáncer que se ha hecho tan largo y doloroso”. 

Es decir, lo que tiene abatido al pueblo nicaragüense, no es la pandemia del covid-19 que ha resultado en la muerte de más de 420,000 personas a nivel mundial, sino la grotesca dictadura de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices.

En Nicaragua los expertos del Imperial College of London en su informe titulado “Estimaciones de Infecciones y servicios para el 10 de junio del 2020”, calculan que, si el país continúa sin intervenciones que modifiquen la epidemia, el número de infectados aumentarían drásticamente, pasando de 6,425 a 28,945, ya que a la tasa actual de contagio el número de infectados se duplica cada 3 días. Este mismo informe menciona que con una tasa de letalidad oficial de 4.6% (que es la que se desprende de los mismos informes del Ministerio de Salud) el número de fallecidos se elevaría a unos 1,339 por día.  Si se tomara la decisión de implementar medidas de control, la tasa de letalidad sería del 1% y el número de muertos pasarían a 289 diarios. Estas cifras que parecen exageradas son las mismas que proyectan los científicos del Imperial College of London, en su segundo informe sobre Nicaragua, con fecha del 8 de junio.

Y noto, a pesar de la letalidad del virus y de la dictadura, que al menos el covid-19 ha venido a ofrecer una especie de “justicia divina”, llevándose a la muerte a varios líderes orteguistas, lamentablemente, sin haber sido juzgados de previo.

El desquicio y la última jayanería de los carniceros del Carmen, ha sido el reciente despido de muchos médicos de diferentes especialidades de hospitales públicos, por cuestionar la falta de políticas públicas contra el virus y la ausencia de equipos adecuados de protección de los trabajadores de la salud, y no seguir el discurso de “normalidad” que promueve el régimen. Estos despidos son, sin embargo, casi insignificantes de cara a los eventos sociales promovidos en la etapa de contagio, y que siguen promoviendo, en donde las ahora víctimas de los Ortega-Murillo se vieron con carteles que decían, “Amor en Tiempos del Coronavirus”.

La tragicomedia de La Celestina se queda corta en estos días; excepto que esta realidad no está escrita en ningún libro y tampoco será recordada como una de las más grandes obras literarias del habla hispana—aunque sí como una de las dictaduras más sangrientas de la historia moderna de Latinoamérica. 

Me pregunto, ¿cuáles son las características que tiene Nicaragua, que hay que cambiar para no sólo reducir, pero evitar por completo, el riesgo del surgimiento de nuevos dictadores, que ha sido la característica que ha dominado la historia de Nicaragua, desde su formación como República Independiente en abril de 1838, con la excepción de breves períodos?

En teoría, la pobreza se refuerza continuamente con políticas sociales y económicas discriminatorias, surgiendo de ello, una riqueza concentrada en las manos de pocos.  Es en estas manos que la figura del ejército se convierte en un factor de apoyo de la dictadura, con el beneplácito del silencio ensordecedor de sus socios.  La riqueza acumulada en manos de los Ortega-Murillo y en contubernio con un reducido grupo de nuevos y viejos oligarcas, ayudados por la policía y que cuentan con la protección del ejército.  

Si el Ejército de Nicaragua hubiera estado al lado del pueblo cuando surgieron las protestas iniciales en abril del 2018, en vez de apoyar a la dictadura a través de la creación de turbas paramilitares, se hubiera podido desmontar a Ortega y su cúpula del poder en ese momento. Sin ese apoyo, y sin la actuación despiadada que tuvo la policía, se hubiera evitado el exilio de más de 100,000 nicaragüenses en el exterior, la encarcelación injusta y tortura de más de 800 ciudadanos inocentes, la desaparición de un sinnúmero de hombres y mujeres que a la fecha aún no han sido declarados muertos o vivos, y el asesinato de más de 328 personas, incluyendo decenas de adolescentes y niños. En la actual crisis provocada por esta pandemia, se hubiera podido minimizar el número de muertos por covid-19.  

Debemos entonces preguntarnos, ¿es suficiente que el Ejército se comporte de una nueva manera, que sea apartidista, o realmente es necesaria la abolición del Ejército de Nicaragua?  Es decir, ¿que no exista legalmente un Ejército?  

Hoy en día existen 31 países en el mundo declarados libres de un ejército. De esta lista, 20 de ellos pertenecen a Naciones Unidas, los restantes 11 países aún no han sido reconocidos por ese organismo como países independientes. Haciendo un breve repaso de las circunstancias históricas, hay dos países que sobresalen porque han existido sin un Ejército por más de 150 años: Islandia, que renunció a tener un Ejército activo en 1859, y Liechtenstein, que argumentando era muy costoso, abolió su Ejército en 1868. 

En Latinoamérica y el Caribe, el país que más destaca, es el de Costa Rica, cuando en 1948, al término de una guerra civil, no sólo abolió la existencia del Ejército, sino que lo prohibió a nivel Constitucional. El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, en su investigación publicada en 2017, titulada “Adiós a las Armas: Los efectos en el Desarrollo de Largo Plazo de la Abolición del Ejército en Costa Rica”, señala que a partir de ese momento (1948), el PIB per cápita del país, mostró un aumento de un punto porcentual, pasando de 1.31% que mostraba en 1950, a crecer alrededor de un 2.44% anual a lo largo de los últimos setenta años. 

El gasto militar se redirigió a manera de inversión en los sectores de educación, salud e infraestructura. Hoy en día, la Caja Costarricense de Seguro Social, contiene algunos de los hospitales más destacados en Iberoamérica, y más de mil Equipos Básicos de Atención Integral a la Salud, ubicándolo como una de las mejores y más prestigiosas instituciones sanitarias del hemisferio. El costo de oportunidad de abolir el Ejército resultó en la inversión de un sistema de salud pública, que además de beneficiar a sus ciudadanos directamente, creó el ámbito idóneo para el crecimiento socioeconómico que disfruta el país hoy en día. 

En Nicaragua en cambio, entre el 2008 y el 2018, el presupuesto del gasto militar se incrementó en un 83.48 por ciento, pasando de los US $45.4 millones, a US $83.3 millones de dólares, equivalente a una tasa de crecimiento promedio anual de 7.59 por ciento.  El dictador y su mujer llevan más de una década enriqueciendo los bolsillos del ejército, a costa del sistema de salud y educación, invirtiendo en 2019 alrededor de un centavo de dólar al año en la formación de un profesor de un colegio público, y manteniendo 12 camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes en 2016. Actualmente, hay un total de 6,000 camas hospitalarias para los 6.5 millones de habitantes en Nicaragua. ¿Tendrán los 100,000 exiliados mejor suerte hoy?  

El mes pasado recibimos la buena noticia de que el Gobierno de EEUU había impuesto sanciones financieras a Julio Cesar Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, por haberse negado a desmantelar las fuerzas paramilitares que acecharon a la población durante las protestas del 2018. La noticia permitió que la población se olvidara por un momento breve del covid-19, y los medios y redes sociales celebraron esta pequeña victoria con un número de memes y publicaciones que nos hicieron sentir la posibilidad de deshacernos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

No obstante, ¿es realmente suficiente una, o dos, o tres sanciones de parte del gobierno norteamericano? Después del verano, gracias a la presión que han venido poniendo los miles de nicaragüenses bajo asilo en Europa, quizás el Parlamento Europeo también aplique una que otra sanción. Lo celebraremos y sabremos que el círculo íntimo se cierra. Y sí, llegará el día en que la pareja más odiada y despreciada de la historia de Nicaragua, no estará en el poder.

Hoy más que nunca, debemos cambiar esas características que hacen que Nicaragua sea el país en donde nos hemos acostumbrado a sufrir. En donde volteamos la cara a un lado para no sentir el dolor ajeno, porque ya estamos hartos de nuestro propio dolor. En donde un estado machista y opresor no ha permitido que los hombres y las mujeres se sometan a un proceso de reparación y a una Comisión de la Verdad.  Cuando dejemos atrás esas características –un proceso que será posible con la nueva generación de jóvenes valientes que han venido saliendo de cada rincón del país– no permitamos la existencia del Ejército. Si queremos verdaderamente romper los esquemas que nos vienen espantando desde hace varias décadas, debemos decir no a la continua militarización de Nicaragua. Así quedará atrás el sistema que permitió que un sanguinario dictador y violador sexual, junto con su torturadora cómplice, se aferraran al poder por más de cuatro décadas, apoyados por un reducido grupo de nuevos y viejos oligarcas.

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