Opinión

El juego de las partes

La salida de Ortega podría gestar un salto histórico en la sociedad si su caída se produce por una revolución política y social.



Si bien la dictadura orteguista con todos sus males ha podido subsistir sin justificación ideológica en nuestra sociedad culturalmente atrasada, con una bajísima productividad, no puede subsistir, sin embargo, cuando por su barbarie es causa de inestabilidad política y de una bancarrota económica que crece exponencialmente. Este elemento objetivo adverso, que la presión internacional de las sanciones económicas no hace más que acelerar, es la causa crítica de su derrota estratégica.

El problema es estructural

Al pueblo le urge un cambio político radical, luego de la pavorosa experiencia de la masacre de abril, que en esta ocasión se ha transmitido trágicamente de hijos a padres, como un reproche. Pero, el pueblo aún no construye una alternativa de poder para superar la anarquía política de un régimen discrecional, caprichoso, corrupto, y para resolver, políticamente, la improductividad y el atraso económico de un sistema extractivo sin valor agregado que, además de pobreza, genera cíclicamente dictaduras de corte feudal.

La salida de Ortega podría gestar un salto histórico en la sociedad si su caída se produce por una revolución política y social. Para la cual, en lugar de unidad ecléctica, sin principios, se requiere claridad ideológica en la lucha del pueblo por la transformación de la sociedad.

Libertad a los presos políticos en 90 días

Ortega negocia, al fin, porque sabe que ya no trata con los luchadores de abril. Sin embargo, esta negociación entre la Alianza y Ortega ha sufrido tropiezos porque el pueblo combativo desconfía, con razón, de ambos negociadores.

Ortega se comprometió a liberar a todos los presos políticos en 90 días, con lo cual, obtuvo a cambio, de parte de la Alianza, la reanudación inmediata del diálogo.

Puesto contra la pared por la firmeza del pueblo y de la OEA que le exigían la inmediata liberación de todos los presos políticos, Ortega ha visto que la Alianza le abrió una escotilla de fuga, a la que en el teatro se le llama trampilla (un término muy apropiado a Ortega en este caso), que permite a un actor escapar de escena como un fantasma.

Al destrabar el diálogo, a cambio de nada (ya que una promesa de Ortega carece de valor) la Alianza hace el ridículo cuando luego dice que Ortega no da muestras de buena voluntad. Ninguna negociación política se fundamenta en la buena voluntad, sino, en posiciones de fuerza sustentadas en las circunstancias estratégicas. Ningún negociador hace concesiones a cambio de buena voluntad, y menos aún, cuando las circunstancias estratégicas desfavorecen a su adversario.

No se trata de que la negociación termine en un acuerdo de convivencia con el orteguismo (como desean los banqueros y como se expresa en los acuerdos firmados el viernes 29 de marzo), sino, en que contribuya a la pronta y total derrota de Ortega (como desea el pueblo).

Los argumentos orteguistas de la Alianza

Dado que la Alianza dice representar al pueblo (aunque no sea así), y visto que ha aceptado los 90 días haciendo suyos los argumentos de Ortega, explica la razón de ese plazo de 90 días para liberar a todos los presos políticos. Para ello, abandona la idea que los combatientes por la libertad han sido secuestrados violentamente por un Estado policiaco, en violación de todos los derechos ciudadanos, y que luego han sido víctimas de torturas y de tratos inhumanos en las ergástulas de Ortega, y estultamente se deja llevar por la ficción que estamos ante un Estado de derecho. El comunicado conjunto dice al respecto:

Acordamos el seguimiento del proceso de liberación de los detenidos por los sucesos ocurridos a partir de abril de 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país.

Lo mismo repite, a última hora, el acuerdo firmado el viernes 29 de marzo, para la facilitación del proceso de liberación de las personas privadas de libertad (a las que se rehúye llamarles presos políticos). De manera, que la liberación de los combatientes, es decir, de la reserva moral de la nación, deja de ser el fin de un secuestro y se convierte, para la Alianza, en un problema jurídico que hay que resolver procesalmente bajo la legalidad orteguista vigente.

Una dictadura libera a los presos políticos porque, a causa de la crisis, sufre un resquebrajamiento progresivo en su estructura jurídica abusiva o, en cambio, los “libera” a su manera, como maniobra táctica. Ortega consigue que el acuerdo alcanzado se centre en el proceso burocrático que ha impuesto en torno a los presos políticos, y que pase a segundo plano la demanda de elecciones adelantadas, que es el eje estratégico de las negociaciones (el que se debió abordar desde el primer día).

De ahí, resulta comprensible que de los cinco puntos de la agenda de la Alianza no se haya avanzado un ápice en ninguno, luego de un mes de negociaciones.

Justificar administrativa y burocráticamente la reversión formal del abuso dictatorial, para darle a dicha liberación una apariencia de legalidad orteguista, es un problema exclusivo de Ortega.

Bajo la superficie del diálogo, Ortega negocia su futuro legal, porque en los últimos acuerdos alcanzados subyace una visión orteguista de la realidad que las partes negociadoras, por desgracia, comparten tácitamente.

Acuerdos alcanzados sobre derechos y garantía de los ciudadanos

Todo el acuerdo para fortalecer los derechos y garantías de los ciudadanos, recién firmado el viernes 29 de marzo, si se lee con el cinismo con que ha sido formulado, como si la realidad no fuese dictatorial, sino, un dechado de legalidad constitucional (como lo pretende Ortega), pues el acuerdo no implica un cambio de comportamiento en lo más mínimo porque obedece al deseo de Ortega de regresar a la situación previa a abril del 2018, cuando la dictadura se describía a sí misma como una democracia imperfecta, o una democracia perfectible y gozaba de la complicidad de los poderes fácticos.

El acuerdo que han firmado las partes de la mesa de negociación parte de la idea falsa que el Estado no es orteguista, y que sus instituciones no han participado en los innumerables crímenes de lesa humanidad por lo que se exige un proceso libertario, y se reafirma, en cambio, que el régimen se comporta –según dice el acuerdo cínicamente-  como un Estado social de derecho, sometido a las leyes y a la Constitución.

A partir de esa distorsionada perspectiva, el documento en su conjunto es una falacia y, en consecuencia, constituye una burla ya que no se enfoca en el desmantelamiento del abuso dictatorial, sino, por el contrario, llama de forma expresa a la reconciliación con el régimen, y promueve la estabilidad de la dictadura.

Elecciones adelantadas

El diálogo actual, por la correlación de fuerzas a favor de Ortega, hay que verlo como una maniobra táctica de la dictadura. La consigna estratégica fundamental, que hay que repetir una y otra vez, son las elecciones adelantadas, porque de ellas depende que el diálogo sirva para cambiar la situación estratégica a favor del pueblo o que resulte una trampa.

A Ortega hay que derrotarle de acuerdo a su naturaleza dictatorial. Hay que derrotarle combatiendo sus planes para que no pueda ejecutarlos, como hace cualquier estratega.

Una medida urgente sería que los presos políticos que encabezaron la lucha en Monimbó, se incorporen a la comisión negociadora para inyectarle a la negociación el espíritu combativo del 18 de abril, que suscitó la rebelión de Nicaragua en contra de la dictadura. Así, por lo menos, se evitaría que ocurra un volantín acrobático sobre las víctimas mortales de la represión, en un intento miserable (deseado por los banqueros) de restablecer simplemente las condiciones de sumisión de antes de abril de 2018.

La Alianza, que no cumple ninguna función en la derrota de Ortega, se convierte en una pieza de ajedrez que Ortega mueve a discreción, para fingir que los acuerdos que se alcanzan apresuradamente son el mejor producto de una aparente negociación verdadera… que le deje gobernar.

*Ingeniero eléctrico