Opinion

El modelo bipartidista: del pacto a la dictadura

El PLC no quiere renunciar a ese bipartidismo y hasta lo plantea como un invaluable beneficio para la alianza opositora

Terminar con el control bipartidista en el Estado, empezando por el Poder Electoral, es fundamental para iniciar el proceso de democratización en Nicaragua.

Ante todo, es necesario aclarar un concepto: no pretendemos cuestionar al bipartidismo como realidad política cuando es natural, nos oponemos al bipartidismo forzado y dañino que se impuso a partir de 1999 y que nos ha llevado a donde estamos ahora.

Por eso, si queremos entender el problema de ese bipartidismo tenemos que remontarnos a 1999, con un Frente Sandinista en oposición, igual de antidemocrático pero debilitado después de dos derrotas electorales en las que no pudo superar el 40% de los votos, con una bancada de menos de 30 diputados; y un Arnoldo Alemán en la Presidencia, con acusaciones de corrupción, presiones de la oposición y exigencias de democratización dentro de su partido.

¿Qué hace entonces Arnoldo Alemán para garantizarse tranquilidad en su gobierno e impunidad una vez que termine? Llegar a un acuerdo con Daniel Ortega. Esto es lo que los nicaragüenses bautizamos como “El Pacto”, que no es un invento de adversarios políticos, es un hecho incontrovertible que ya está consignado en los libros de historia.

¿Y cómo se materializó ese pacto? En una reforma constitucional que tenía como objetivo fundamental garantizar la continuidad y la perpetuación de cada uno de ellos, de Ortega y de Alemán, en el liderazgo de sus partidos, y el control compartido de las instituciones del Estado.

Lo que hicieron, en pocas palabras, fue repartirse los Poderes del Estado entre los dos partidos mayoritarios, de tal manera que no hubiera ni ganadores ni perdedores totales, mediante mecanismos de elección que garantizaran que los titulares de esas instituciones respondieran únicamente a los intereses del partido que los propuso.

El carácter antidemocrático y excluyente de esa reforma constitucional, se hizo particularmente evidente en materia electoral, en la que entre otras cosas:

  1. Se redujo el porcentaje necesario para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, estableciendo que se podía ganar la Presidencia de la República con el 40% de los votos válidos o incluso con el 35%, cuando entre el primero y el segundo lugar hubiera una diferencia igual o mayor de 5%.
  2. Se establecieron criterios restrictivos para la formación de nuevos partidos políticos y para que los existentes mantuvieran su personalidad jurídica, tales como la obligación de participar en todos los procesos electorales.
  3. Se estableció la diputación automática para el presidente saliente y para el candidato presidencial del segundo lugar.
  4. Y además se modificó la integración del Poder Electoral, asignando por Ley a los partidos del primero y segundo lugar, dos de los tres cargos en los consejos electorales locales y en las juntas receptoras de votos, de tal manera que, actuando de común acuerdo pudieran imponer su voluntad.

Además , realizaron otros cambios institucionales con el mismo objetivo, tal como transformar la Contraloría, entonces un órgano unipersonal, en un órgano colegiado y dividido entre ambos partidos.

Con esa reforma creyeron haber resuelto sus problemas, al garantizarse mutuamente la impunidad y dificultar el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, para alternarse en el ejercicio antidemocrático del poder.

Este diseño se rompe en las elecciones de 2006, cuando el PLC no sólo pierde las elecciones, sino que pierde el segundo lugar. Como resultado, el primero y segundo lugar dejan de ser socios, la maquinaria deja de funcionar y el FSLN, desde el poder alcanzado gracias a la reforma que le permitió ganar con su techo electoral histórico, empieza a desmontar las instituciones democráticas para imponer la nueva dictadura que ahora enfrentamos.

Así llegamos a la situación actual, con un sistema de partido hegemónico, en el que el FSLN controla todas las instituciones del Estado, incluyendo el Poder Electoral, sin que su socio venido a menos pueda hacer mucho, aun si no estuviese de acuerdo, como lo ha demostrado una sucesión de fraudes electorales.

Al tener por ley uno de los dos primeros miembros en todas las estructuras electorales y garantizarse mediante los partidos satélites la mayoría de los terceros miembros, el FSLN ha dejado a la segunda fuerza convertida en una comparsa. Por eso, para una segunda fuerza que no sea ni pretenda ser su aliado, es inútil mantener en tales condiciones un miembro en todas las estructuras electorales. No podemos pensar siquiera en democratización y perdería sentido esta lucha cívica, que es de todos, si aceptamos la continuidad de ese sistema.

Pero resulta que ahora el PLC no quiere renunciar a ese bipartidismo y hasta lo plantea como un invaluable beneficio para la alianza opositora, que le da mérito incluso para ser la plataforma electoral de la oposición unida ¡como si eso hubiese servido para algo para evitar los fraudes!

Para decirlo metafóricamente, el PLC está tratando de vender como solución las piezas sarrosas de la maquinaria del pacto, le está ofreciendo a esta Nicaragua, que se alzó frente a las balas exigiendo democracia, sus asientos de segunda fila, desde los cuales observó impasible, y a veces ayudó, a que se robaran las elecciones, una y otra vez durante los últimos diez años.

Hasta ahora habían venido sosteniendo este despropósito en voz baja, como con justificada vergüenza. Pero en la carta del Diputado Miguel Rosales, hablando en nombre del PLC, al Secretario de la OEA Luis Almagro, el pasado 6 de agosto, le plantea claramente, que ellos consideran que ese diseño bipartidista del pacto no debe cambiarse todavía porque sus funcionarios electorales serían un verdadero ejército para defender el voto opositor, obviando que esa tarea corresponde a los fiscales y no a los funcionarios electorales, quienes en una democracia deben ser árbitros imparciales y no guardianes ni activistas de un partido político.

Entonces, ya que algunos se han atrevido a decir abiertamente que ese pacto es bueno para ellos, los nicaragüenses que hemos sufrido sus consecuencias tenemos la obligación de reafirmar que la repartición del Poder Electoral y las demás estructuras del Estado entre dos partidos es antidemocrática, y ha sido una de las causas principales para que Ortega pudiera instaurar su dictadura.

Esa estructura, inmoral e inservible, es una ofensa para cada ciudadano. Agraviados somos todos, quienes fundamos Ciudadanos por la Libertad después de que esa maquinaria del pacto bipartidista nos destruyó dos partidos, y cada uno de los nicaragüenses a quienes no nos han dejado elegir con el voto y tuvimos que salir a la calle, desafiando la represión, a votar con una bandera azul y blanco contra la dictadura que se creó al amparo de ese pacto.

Si el bipartidismo forzado nos ha llevado a una dictadura, uno de los primeros pasos para terminar con ella mediante elecciones libres es democratizar los órganos electorales, poniendo en manos de la ciudadanía la custodia de su voto. En esa convicción y en ese objetivo la inmensa mayoría de los nicaragüenses estamos totalmente de acuerdo, más allá de cualquier amañado cálculo coyuntural.

*Secretario general del partido Ciudadanos por la Libertad.

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