Economía

País de espaldas a nuevas tecnologías: “regulación” oficial impone un control discrecional

Empresa de Wang Jing, única autorizada para vender drones en Nicaragua

Autoridades aduaneras decomisan los aparatos a turistas que ingresan al país, pero Xinwei comercializa hasta tres tipos de drones



La empresa china Xinwei —del concesionario del Gran Canal Interoceánico, Wang Jing—, que comercializa celulares y planes de datos de Internet por medio de su marca Cootel, es la única autorizada por las autoridades para vender drones en territorio nacional.

En la página web de la empresa Coomarts, propiedad de Cootel, se ofrecen drones a precio de promoción por 71 dólares. Según las especificaciones técnicas, el aparato puede volar en un radio de 150 metros. Esto viola las regulaciones emitidas en 2014 por el Instituto de Aeronáutica Civil, que estableció que solo podrían operar en el país, los drones que vuelen a menos de 30 metros de altura y 30 metros horizontales.

La misma página web indica que en el último mes, un solo usuario compró 15 drones. Los aparatos que comercializa Coomarts tienen cámara de video y fotográfica integrada. Mediante una consulta con los vendedores en línea, CONFIDENCIAL comprobó que la empresa vende al menos tres modelos de drones, aunque dos de ellos no están listados en la web.

Un vendedor de la empresa dijo que ellos tienen una autorización para comercializar drones y aunque en un principio accedieron a dar una entrevista, posteriormente dijeron que sería imposible, argumentando que la próxima semana lanzarán una campaña para presentar oficialmente sus drones.

Otro vendedor, consultado vía chat de la misma página, indicó que tienen tres modelos de drones, aunque solo uno está listado entre los productos que se comercializan. En el video abajo se puede ver el tipo de dron que vende la empresa.

En el 2014 el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, limitó el uso de drones a aquellos que operen a 30 metros de altura y 30 metros horizontales. Eso ocurrió dos años después que la misma autoridad, prohibiera terminantemente la importación, comercialización y uso de drones en el país.

Wang Jing es el empresario chino que tiene la concesión exclusiva para la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. Su empresa Xinwei ofrece actualmente servicios de Internet y telefonía por medio de su marca Cootel. CooMarts ofrece otros productos tecnológicos como parlantes, pulseras y cargadores de teléfonos.

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“(Los comercios) no lo pueden traer”, dice Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara Nicaragüense de Comercio cuando se le consulta sobre qué empresas están autorizadas para vender drones.

No existe una cifra concreta del impacto que significó para el país la prohibición del 2012 emitida por Aeronáutica Civil. Mayorga dice que el mercado en ese entonces era muy pequeño, pero que ahora usar drones podría resolver muchos problemas.

El trato para el uso de los drones es desigual. No todo el que llega a Nicaragua puede traer u operar un aparato, a menos, aparentemente, que consiga la bendición gubernamental.

Así ocurrió en 2016 cuando el explorador y cineasta Sam Cossman llegó al país y filmó el volcán Masaya con drones y cámaras especializadas.

Al fotógrafo Donald Gaitán eso no le cayó muy en gracia. Él intentó en varias ocasiones obtener permisos de Aeronáutica Civil para operar drones y así ofrecer servicios de fotografía y videos a sus clientes.

La respuesta no ha cambiado: “no”, es todo lo que obtiene en cada solicitud.

Además, el fotógrafo dice que la productora audiovisual Difuso, de Juan Carlos Ortega, también utiliza drones para sus filmaciones. “¿Cuál es la corona? Ve quiénes son los dueños. Ahí te das cuenta”, dice con indignación Gaitán.

No solo cuando se habla de uso a lo interno del país hay trato preferencial. Cuando Elvin Argeñal llegó a Nicaragua en abril, trajo consigo un dron para grabar sus vacaciones.

En el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino le retuvieron el aparato, solo le dijeron que estaba prohibido y le entregaron un documento con el que podría retirarlo antes de irse.

Pero no todo sería tan fácil. Elvin tendría que pagar dos dólares por cada día que el dron estuviera en aduanas.

“Imaginate, dos dólares por tres meses, eso es 90 días, 180 dólares, mucho dinero. Sabía que no me iba a ir, así que mi papá se iba en una semana y le dije que lo sacara. Para que él lo sacara tenía que tener una carta notariada de un abogado diciendo que yo le daba permiso para que lo sacara”, explicó Elvin en una videollamada con CONFIDENCIAL.

Esa carta costó 20 dólares adicionales y al llegar a retirarlo al aeropuerto, tuvo que pagar otros 60 dólares. Él dejó su denuncia plasmada en un video de Youtube.

No es el único. Otros turistas que llegaron al país también denunciaron que sus drones les fueron retenidos en el aeropuerto y posteriormente tuvieron que pagar para poder retirarlos.

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nicaragüense de Turismo, dijo que en una ocasión tuvieron que pedir un permiso especial para poder operar drones en un evento que sería transmitido en Internet.

“Sí los hemos utilizado cuando hicimos el último campeonato de surf, que se transmite en un web casting al mundo entero, el equipo traía drones y tuvimos que hacer una gestión especial para tener un permiso especial”, recordó Valenti.

El uso de los drones es variado. Desde turismo hasta estudios de volcanes, dice Mayorga. Quienes más están interesados en usar los aparatos para su beneficio son los agricultores.

Michael Haley, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, dijo que el uso de drones reduciría los costos de fumigación y también tendría usos para ver plagas y medición de la humedad de los suelos.

“Para que tengás una idea, un dron para fumigar te cuesta 20 mil dólares”, manifestó Haley. Con ese número calcula que un dron fumigaría con un costo de 25 o 50 centavos de dólar por manzana. “Cuando ahorita un helicóptero te anda en 50 o 60 dólares la manzana”.

Si se usaran los drones, los agricultores tendrían más competitividad en relación a los demás países de la región centroamericana.

“Te sirve también para las plagas, porque vos podés andar con el dron y ver en partes donde no podés entrar. Te acercás con el dron al área y luego pasás la información al dron de fumigación y luego el dron de fumigación va donde está la plaga y te fumiga. Eso te baja costos”, explicó Haley.

En otros países se utiliza para la entrega de paquetería. Y sin ir muy lejos, en Centroamérica las regulaciones permiten el uso de drones de forma doméstica y comercial.

En Costa Rica entrará en vigencia una regulación en agosto próximo que permitirá el uso de los drones.

Mayorga cree que en Nicaragua debe regularse e incluso propone que haya espacios específicos que se puedan usar para operar los drones.

Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua.

Sin embargo, el Gobierno del comandante Ortega y sus funcionarios no escuchan de razones. El Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, explicó que durante tres años el tema lo mantienen en las mesas con las autoridades.

“Este es un tema que ha sido expuesto varias veces. Se ha puesto en diferentes ocasiones y la respuesta del gobierno ha sido no. Este planteamiento sigue saliendo en las mesas de discusión y seguimos buscando que cambie del no al sí”, mencionó Aguerri.

Haley también relata que en las reuniones que sostuvieron con el Gobierno les han expresado que no se levantará la prohibición. Y según explica, las preocupaciones del Gobierno tienen que ver con asuntos de seguridad.

“Ellos hablan que lo que les preocupa es el espionaje y el narcotráfico, pero, ¿quién no te dice que ya se está usando para espionaje ilegalmente? Es algo que no podemos controlar ni medir, pero sí podemos medir la parte agrícola”, concluyó Haley.

El perjuicio económico de las disposiciones gubernamentales también ya tocó las puertas de algunas empresas. Juan José Granados ofrecía videos y fotos aéreas a sus clientes en su empresa Aerial Cam Nicaragua.

Tras las prohibiciones tuvo que dejar de ofrecer el servicio. Los drones que usaban los construía él mismo junto con su equipo. Algunos podían costar desde 400 hasta 4,000 dólares.

“Nosotros invertimos unos cuatro mil dólares que se perdieron, porque ya no podíamos ofrecer el servicio a ninguno de nuestros clientes”, dijo Granados.

Pero a pesar de las voces que piden a gritos que se permita usar drones, las autoridades simplemente se hacen las sordas.

Por ahora, los diferentes grupos, empresarios y usuarios, buscan alguna manera para tratar de convencer al gobierno de los beneficios de los drones.