Economía

El Fondo urge generar “colchones fiscales”, reducir exoneraciones, y reformas del INSS

Por enésima vez… los consejos del FMI

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El Gobierno prepara reformas, mientras Cosep condiciona “que no afecten la economía”



La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), insistió en la propuesta de crear un ‘colchón fiscal’ equivalente al 1.6% del PIB, a la vez que presentó, otra vez, varias sugerencias para enfrentar la crisis financiera que agobia al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, (INSS).

Desde 2017, el FMI aconsejó crear ese colchón por un monto equivalente a 250 millones de dólares en dos años. “Desde ese día hasta hoy, no se ha confeccionado ese colchón”, señaló Néstor Avendaño, presidente de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (Copades).

Su colega, el también economista Adolfo Acevedo, igual recordó que varias de las conclusiones incluidas en el documento producido por la más reciente misión del Fondo, ya estaban en su informe del Artículo IV, elaborado el año pasado.

El experto fiscal, Julio Francisco Báez, señaló de forma irónica que “el FMI trajo, por enésima vez, la buena nueva de la redención tributaria: urge una reforma tributaria que elimine o reduzca las exoneraciones”.

Avendaño recordó que el FMI pide crear ese ‘escudo’ para enfrentar riesgos, entre ellos, la salida de Venezuela del mapa de cooperación oficial para Nicaragua, “que pone en jaque las reservas internacionales, porque hay que pagar factura petrolera al contado”.

Esto ya ocurrió.

Otro riesgo es la sanción al desaparecido presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, con base en la Ley Global Magnitsky, lo que provoca incertidumbre a los inversionistas. Además, la posibilidad de que se apruebe la Nica Act, cuyo riesgo es la suspensión de futuras contrataciones de deuda con el BID y el Banco Mundial.

Las fuentes para conseguir esos 250 millones de dólares (la cifra puede variar) son el gasto público; las exenciones y exoneraciones del IVA, “que ya está en la Ley de Concertación Tributaria”, y la reducción del gasto, pero no el gasto inversionista, sino el de consumo.

“Aquí entra en juego la decisión política de desemplear para reducir la nómina, y así disminuir la compra de bienes y servicios de consumo final, necesarios para que funcione la burocracia estatal. También recomienda aplicar los precios de transferencia, que están vigentes desde julio 2017”, refirió Avendaño.

Para Acevedo “lo lógico es que se revisen las exenciones y exoneraciones que gozan algunos de los sectores más rentables de la economía, para que el presupuesto pueda absorber esa carga y quitársela al INSS, porque es un lastre muy pesado para las finanzas del Instituto”.

En esa misma línea de pensamiento, Báez, compartió que “las exoneraciones que sí terminan siendo eliminadas son las que nada tienen que ver con la cúpula empresarial, pero sí golpean a quienes nunca participaron ni opinaron sobre la arquitectura fiscal del país”.

“Aquí un ejemplo elocuente: en nombre de la limpieza de exoneraciones ‘malignas’, la reforma a la Ley de Concertación Tributaria (Ley 891), derogó la exención del IVA a “la producción nacional de pantalones, faldas, camisas, calzoncillos, calcetines, zapatos, chinelas, botas de hule… calzones, sostenes, camisolas… y ropa de niños y niñas”.

INSS: otro día sin decidir

Más importante que crear un ‘colchón financiero’ (que el sector privado aceptaría siempre y cuando no frene la economía), es el diseño de una estrategia financiera, estadística, estructural, que extienda la ‘salud’ del sistema de pensiones.

Una vez más, la propuesta estrella fue alargar la edad de jubilación, a pesar de que eso solo comenzaría a generar réditos dentro de 30 o 40 años. La medida es la más denostada de todas cuantas se han propuesto, pese a que afectaría a quienes se jubilen… hasta dentro de 30 o 40 años.

En vista de ese rechazo, también se ha propuesto pagar pensiones menores, o por menos tiempo, o cotizar más, o por más tiempo. También aumentar el número de cotizantes, afiliando a los trabajadores del campo, a los estudiantes universitarios, a los trabajadores por cuenta propia, a los del sector informal, etc.

Más allá de que se aprueben una o varias de esas recomendaciones, los expertos señalan que el Estado debe hacerse cargo de la parte de protección social que se le ha encomendado al INSS, porque lo suyo es ser, básicamente, un gran proveedor de un seguro para sus afiliados.

La otra gran recomendación es dejar de calcular el monto de las pensiones mínimas como se hace hoy, e introducir una reforma para que sea el Estado quien pague una parte de esas pensiones.

En el primer caso, Acevedo dice que “para aliviar la carga del INSS, hay que delimitar las funciones de protección social que corresponden al Estado”. Recordó que en los años 80 del siglo pasado, el Instituto se llamó ‘de Seguridad Social y Bienestar’, (Inssbi), pero que al devolverlo a su naturaleza primigenia en los 90, “no hubo una separación clara, y el INSS siguió cargando esa protección social” que en realidad corresponde al Estado.

Avendaño añade que “el INSS requiere reformas estructurales, no reformas administrativas. Los servidores públicos deben comprender que la inviabilidad financiera del INSS se explica exclusivamente por el hecho que cada año hay menos trabajadores cotizando por cada pensionado”.

De paso, ayudaría mucho quitarle al INSS todo el gasto de la pensión reducida, y pasarlo al presupuesto “para contribuir en gran forma al salvataje del INSS… aunque eso implique que lo paguemos todos los nicas con nuestros impuestos”.

Finalmente, Báez dijo que “si estos cambios no se acompañan de la participación activa de la sociedad, solo se postergaría la corta agonía de un sistema en crisis terminal. ¡Participación activa y consenso de verdad!”, reclamó.

Lo que dice el FMI sobre la reforma fiscal

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La idea de elaborar una reforma fiscal tiene como objetivo “crear una reserva, por si ocurriese una ralentización del crecimiento económico, como consecuencia de la materialización de algunos de los riesgos que apuntábamos en el Artículo IV del año pasado”, dijo el jefe de misión del Fondo, Fernando Delgado.

El experto recordó que “habíamos cuantificado una determinada cantidad el año pasado, pero no es un número mágico. Puede ser menos, puede ser más. Los escenarios cambian, y las valoraciones son siempre en función de hipótesis que no se pueden anticipar con absoluta certeza”.

Adelantó que “las autoridades están considerando determinadas medidas, con una doble finalidad: constituir estas reservas y conseguir los recursos fiscales necesarios para poder seguir financiando un programa muy ambicioso de inversión pública, que es uno de los motores de crecimiento y de transformación estructural de la economía nicaragüense”.

Acerca de la reforma del INSS, dijo que esta “tiene que ser sólida. Es un tema que requiere soluciones que vayan a la raíz, a la estructura del problema. No es simplemente dar dinero para sobrevivir con las mismas condiciones en que estamos”.

Explicó que “hay una conciencia de atacar este problema de una forma seria e inmediata, de parte de las autoridades, para lo cual les hemos dado nuestra opinión sobre cuáles podrían ser algunas de las medidas que se podrían considerar”.

Aunque en el ‘menú’ de opciones que el FMI planteó a las autoridades, hay numerosas medidas, Delgado insistió en el aumento de la edad de jubilación, recordado que “hace 15 o 20 años, uno cotizaba más o menos el mismo número de años que después recibía una pensión, pero eso se ha quedado desequilibrado: ahora, uno cotiza durante el mismo número de años, pero recibe una pensión por mucho más tiempo”.

“No es una cuestión de justicia social, ni que la gente no tenga derecho a jubilarse a los 60 años. Es una cuestión de finanzas; si uno va a cobrar durante 30 años, pero solo cotiza 15 porque años, una de dos: o cobra la mitad de lo que cobraba, o lo tiene que cobrar solo por un tiempo igual. ¡Es una cuestión de números!”, exclamó.

El experto refirió que “hay un tercer tema en el que ha habido progresos: la tributación de la fiscalidad internacional; los precios de transferencia en su relación con sus casas matrices”. Si bien ya se aprobó una ley que regulaba ese tema, “queda por crear el reglamento y capacitar a la DGI para que pueda aplicar este impuesto de la forma debida, y todo eso lleva tiempo. Será una buena fuente para obtener más recursos”, aseguró.