Política

Presidente CSE acusado de fraude y corrupción garantizará “acompañamiento electoral” en municipales

Erigen a Roberto Rivas como contraparte OEA

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OEA avala estratagema oficial que condujo a elecciones sin competencia; FAD: acuerdo por tres años ofrece “enfoque técnico a problema político” 



El “borrón y cuenta nueva” sobre el deterioro democrático de Nicaragua, que un sector de la oposición nacional rechazaba como resultado de la “mesa de conversación e intercambio” entre el gobierno de Daniel Ortega y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), quedó patentado este 28 de febrero en la firma de un Memorando de Entendimiento y dos acuerdos sobre el “acompañamiento electoral” que el organismo brindará en las próximas elecciones municipales de noviembre, omitiendo los reclamos sobre las elecciones nacionales de 2016.

El cuestionado magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, acusado de corrupción y fraude, fue erigido, además, como contraparte oficial de la OEA, al firmar con Almagro uno de los tres documentos. Los otros dos son firmados por el secretario general junto con el canciller de la República, Denis Moncada Colindres, el mismo que como embajador de Nicaragua ante el organismo exigió en junio de 2016 su “renuncia irrevocable”, en protesta contra sus duras críticas sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, aliado de Ortega.

“Los acuerdos suscritos han sido tomados por la Secretaría General de la OEA y representantes oficiales del gobierno o el sistema electoral. (Pero) nadie ha representado al pueblo nicaragüense. Ni organizaciones de la sociedad civil, ni partidos y fuerzas políticas, ni gremios e iglesias, ni movimientos sociales, medios de comunicación o periodistas”, reclamó el Frente Amplio por la Democracia (FAD).

Los opositores sostienen que “el pueblo nicaragüense ha estado ausente de la construcción de este acuerdo” y reiteran que este “difícilmente favorecerá la reconstrucción democrática de Nicaragua”, alertada por diferentes sectores del país, con quienes incluso el secretario general se reunió el primero de diciembre el año pasado, en Nicaragua.

En cambio, el grupo Ciudadanos por la Libertad celebró el Memorando de Entendimiento y los acuerdos firmados entre el gobierno de Daniel Ortega y la Secretaría General de la Organización de los Estados Unidos. El grupo considera que los acuerdos responden a su demanda de observación electoral.

La directora ejecutiva Kitty Monterrey calificó los documentos como “el segundo paso en la dirección correcta”. Sin embargo, dijo que la decisión de participar o no en las elecciones municipales dependerá de una consulta que harán con todas sus estructuras a nivel nacional.

OEA observará municipales, pero calla sobre quejas 2016

El Memorando de Entendimiento establece que la OEA desplegará una misión de “acompañamiento” antes, durante y después del proceso electoral municipal nicaragüense, previsto para el cinco de noviembre.

El acuerdo indica que “por el término ´acompañamiento´ se entiende ´observación electoral´, conforme lo previsto en el ordenamiento jurídico de la OEA, incluyendo a la Carta Democrática Interamericana”.

El acuerdo sobre el procedimiento de la misión establece que el CSE garantizará a la OEA todas las “facilidades” para su labor y el “pleno ejercicio de sus funciones”, durante todo el proceso, incluyendo su “libre desplazamiento”, “acceso a todas las áreas de los organismos que confirman el sistema electoral” y suministro de información; y como garante en representación de Nicaragua, firma Roberto Rivas.

“Los nicaragüenses estamos sometidos a un régimen autoritario y dinástico, que se ha establecido mediante sucesivos y masivos fraudes electorales, violando nuestros derechos humanos.  El régimen de Ortega ha liquidado el derecho a elegir y ser electos, que la Constitución asegura a los nicaragüenses”, reaccionó el FAD.

El documento también indica que durante los próximos tres años el organismo brindará apoyo técnico para el fortalecimiento en materia de registro, cedulación y depuración del padrón electoral, respondiendo al objetivo de “establecer un marco regulatorio entre las partes para impulsar y acompañar esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional político-electoral de la República de Nicaragua”.

Sin embargo, el nuevo documento persistió en omitir las violaciones sistemáticas del gobierno de Ortega a los principios democráticos de la Constitución Política de Nicaragua y la Carta Democrática, y tampoco hay una sola referencia a las cuestionadas elecciones nacionales de 2016, en las que Ortega fue proclamado presidente por un tercer período consecutivo, ahora en compañía de su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

“Tienen el mismo enfoque técnico para un problema que es eminentemente político”, advierte Granera. Según la dirigente política, “la OEA llegará sola a esta conclusión cuando descubra que Ortega no está dispuesto a arriesgar el control que ha logrado a través de los fraudes”.

Gobierno “nuevamente” en largas

El abogado y exdiputado liberal, José Pallais, agrega que el Memorando de Entendimiento habla ahora de la elaboración de un plan de acciones, tal como antes el avance del diálogo establecido a mediados de octubre mencionó el memorando de entendimiento sin que a la fecha se conozcan los planes concretos de la OEA en el país.

“Tuvimos un informe sobre el estado de la democracia y el sistema electoral que se ocultó para prometer un diálogo con un acuerdo conjunto en tres meses; a los tres meses tuvimos el acuerdo conjunto que anunció el memorando de entendimiento en mes y medio, y ahora tenemos el memorando de entendimiento que habla del diseño de un plan de acciones”, comparó.

Violeta Granera, coordinadora nacional del FAD, coincidió en que “estos documentos no traen ninguna novedad”.

Según el Memorando, la Secretaría General “atendiendo el ordenamiento jurídico constitucional sobre la separación y coordinación armoniosa entre los Poderes del Estado de Nicaragua, brindará apoyo técnico para la búsqueda de mecanismos y normativas que continúen fortaleciendo jurídicamente la aplicación de la norma constitucional sobre transfuguismo político, garantizando la voluntad y los derechos del elector así como los derechos del elegido”, una treta política en la que el gobierno de Ortega se basó para destituir a 28 diputados opositores a finales de julio de 2016.

La vigencia del Memorando es de tres años. Sin embargo, aún no se citan las acciones concretas, a excepción  del acompañamiento, pues queda de tarea para la Secretaría General la entrega de una “propuesta de proyecto para la ejecución”, de esos mecanismos y normativas.

Fuentes diplomáticas advirtieron la existencia de “preocupaciones” sobre cuál será el costo de la misión de observación de la OEA y su programa de trabajo de tres años, y sobre todo “quién proveerá los recursos para financiar un acuerdo que no ofrece garantías de facilitar  una verdadera reforma política del sistema electoral”.

La propuesta debería incluir: componentes acordados, objetivos, identificación de áreas y responsables de su ejecución en ambas partes, descripción de actividades y plan de trabajo con fases, planificación, cronograma de implementación, e incluso presupuesto y recursos humanos y materiales que requieran cada actividad.

Para esta propuesta pendiente no se establece una fecha ni se indica si su contenido será revelado por el Gobierno, que a la fecha sigue sin publicar el informe de la situación de la democracia y el sistema político nacional que la OEA le entregó a mediados de octubre.

CSE promete observación de OEA sin obstáculos

Los dos acuerdos publicados junto al Memorando de Entendimiento, detallan las condiciones del “acompañamiento electoral” que el gobierno se compromete a garantizar a la OEA. Sin embargo, el FAD considera que “la conformación de una misión de acompañamiento de la OEA, no cambia estas condiciones”.

Según el acuerdo, “la Misión podrá emitir informes públicos y periódicos como resultado del acompañamiento in situ de este proceso electoral”.

Además, “las partes acuerdan que durante la etapa post-comicial, la Misión se compromete a llevar a cabo una visita al país, para presentar a las autoridades correspondientes un reporte y las recomendaciones correspondientes, como parte del seguimiento a las actividades de acompañamiento de la Misión al proceso electoral”.

No obstante, el Frente Amplio por la Democracia recordó que Nicaragua padece de “un sistema electoral controlado, desde su cúpula hasta las Juntas Receptoras de Votos” y que el acompañamiento “no es garantía alguna para que los nicaragüenses ejerzamos nuestro derecho a elegir”.

“Tampoco lo es, si la oposición está vetada de participar porque le han confiscado, negado, rechazado o escamoteado la obtención de las condiciones legales para ello. No hay, hasta ahora, ningún cambio en las condiciones del sistema electoral, que nos garanticen a los nicaragüenses que podremos, libremente, sin presiones, ni amenazas, ejercer nuestro derecho a elegir y ser electos”, agrega el FAD.

La presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Ana Margarita Vijil, reclamó que “el memorándum parece escrito para un país donde las instituciones funcionan (…) Se olvidan del contexto nicaragüense.  Se olvidan de sus propias recomendaciones en el informe de observación del 2011. Se olvida de las razones que produjeron en primer lugar el informe de la OEA del año pasado”.

Según Vijil, el memorando entre el gobierno y la OEA “restó mucho de ser lo que los nicaragüenses necesitamos para recuperar nuestro derecho a tener elecciones libres, justas y transparentes”.

El FAD, por su parte, reiteró que su demanda consiste en “contar con un sistema electoral independiente, creíble y confiable; con cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral; con garantías para la participación de los nicaragüenses a través de las fuerzas políticas de su preferencia; con plena, completa y gratuita cedulación universal; con respeto al derecho de organización y movilización; con voto en el exterior y con  observación nacional e internacional”.