Muertos por un celular

El día que lo mataron José Gregorio Urbina se levantó en la madrugada. Angustiado, abrazó a su esposa y a sus hijas y rompió a llorar sin razón alguna. Era su despedida. 14 horas más tarde se desangraba en el pasillo del bus de la ruta 102. Dos balazos. Uno atravesado entre el pulmón y el corazón. Otro en la pierna.

Un hombre quiso robarle el celular y él forcejeó. El ladrón no iba solo. Otro le ayudaba a garantizar que se consumara el delito. Los asaltantes y los pasajeros, en cuanto pudieron, bajaron despavoridos del bus que había detenido su serpenteo por la capital. Urbina quedó en el suelo. Solo. Malherido. Murió de camino al hospital. Era el 21 de febrero del 2015.

54 días después, la misma historia. A dos cuadras de su casa en Ciudad Sandino, Elian García, de 14 años, recibía un tiro en la cabeza. Dos hombres quisieron arrebatarle su teléfono, y sin dudarlo, abrieron fuego contra él. Elian sobrevivió.

A los siete meses, Carlos González, de 55 años, es asaltado justo en la puerta de su casa en el barrio Memorial Sandino. Dos hombres en una moto querían quitarle su nuevo celular. Uno de ellos le apuntó con un arma ilegal calibre 32, lo persiguió dentro de la vivienda y le disparó. González cayó de bruces en la sala de su casa. Justo a los pies de su esposa. Frente a sus hijos y nietos.

¿La capital más segura?

¿Es Managua una ciudad segura? Las estadísticas oficiales sobre violencia en la capital son engañosas y desfasadas, asegura el investigador en temas de seguridad, Roberto Orozco. Según él, desde el 2013, estas no son ni públicas, ni detalladas. Las últimas cifras conocidas fueron dadas por la primera comisionada Aminta Granera en septiembre del 2015, como parte de su informe general presentado por motivo del 36 aniversario de la Policía Nacional.

En Managua, dijo Granera, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, ocurrió “un homicidio cada cuatro días” y los robos con intimidación “se redujeron”. Nada más.

“Lo que vas a tener ahí son solamente resultados positivos”, subraya Orozco, quien insiste en que los índices bajan porque las víctimas denuncian cada vez menos los delitos. “La respuesta que da la población a las encuestas cuando se les pregunta ‘¿por qué no lo denuncia?’ es: no sirve de nada”.

“Mamá, voy a llegar a las grandes ligas”

*Elian García, pese a los pronósticos, se ha recuperado del balazo que recibió en la cabeza. Su familia es optimista. Él aún no habla, pero ha empezado a comunicarse con las manos. A sumar con los dedos. A cambiar canales en el televisor.

Elian García se asusta cada vez que un desconocido entra a su cuarto. La respiración se le agita y desesperado se aferra a la bolsa plástica en la que guarda dinero que le han regalado.

Elian –quien hasta hace unos meses era un muy buen pelotero–, tiene 15 años y no puede hablar, caminar o cazar jonrones en un campo de béisbol. No desde que lo asaltaron.

El 15 de abril del 2015 salió con un amigo a comprar un batido cerca de su casa en Ciudad Sandino. Se oyeron disparos y el niño con el que se había ido regresó corriendo y gritando: ¡Mataron a mi amigo!

“Me metí a su cuarto, miré todos sus cuadernos, y decía: ‘no es posible que llegue a ver a mi hijo muerto, mi único niño varón’. Tanto anhelo que él soñaba, porque él cursaba tercer año ya, y desde los seis años jugaba béisbol y él siempre decía ‘mamá, yo voy a llegar a las grandes ligas’”, recuerda entre lágrimas Suyen Aguirre.

Todo sucedió en el vecindario donde creció, donde jugó, y fue provocado por el mismo hombre que en uno de los partidos de Elian, se acercó a él y le pasó la pelota. Reynaldo Canales, alias “Reycito”, no actuó solo, pero ahora sólo él espera la lectura de su sentencia. La persona que andaba con él nunca fue detenida.

“La jueza ya lo dictó culpable, él dijo ante Dios que no había sido (…) Pertenece, dicen, a la pandilla ‘Los Terrícolas’, que ha hecho bastante daño”, cuenta la mamá de Elian.

No era el primer incidente violento que ocurría en ese sitio. Allí, poco antes, habían golpeado a un joven hasta partirle los huesos de un brazo. Tampoco ha sido el último.

Drogas, fácil acceso a armas y corrupción policial

En Managua, la peligrosidad de los delitos y sus desenlaces mortales han incrementado empujados por el consumo y tráfico de drogas, y debido a la fácil adquisición legal e ilegal de todo tipo de armas de fuego, asegura Mónica Zalaquett, directora del Centro de Prevención de la Violencia, Ceprev.

“Hay muchas armas hechizas, pero también hay mucho tráfico de armas (…) Los mismos jóvenes nos dicen: ‘ahora no nos cuesta tanto conseguir un arma’”, afirma Zalaquett.

Si antes lo hacían en una semana, ahora lo logran en dos o tres días.

En la capital —pese a la existencia de la Ley 510 o Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados — hay un comercio de armas ilegal, “que es un comercio subterráneo”. Uno al que, explica el experto en temas de seguridad, Roberto Orozco, “están teniendo (acceso) las pandillas, los expendedores locales de armas, productores y la delincuencia común en general”, dice.

Un comercio nutrido por “las propias instituciones de seguridad de manera indirecta, porque la misma arma que se recupera en los operativos policiales es la misma arma que después vuelve al circuito ilegal de armas, ¿por qué? Porque hay uno o dos agentes corruptos que están haciendo el negocio, esto no es un asunto de carácter institucional, pero sí es un carácter de corrupción individual”, asevera Orozco.

El detalle, recalca el experto, es que “ya no solamente te están asaltando, ahora te están disparando, te están matando cuando hay resistencia. Todo hace indicar que los delincuentes están más dispuestos a matar por robar”.

Esto se debe, considera Orozco, a que “hay una complejidad del delito”. “Estamos hablando que sin llegar a ser crimen organizado los delincuentes comunes están planificando el delito o están apoyándose en grupos delincuenciales”.

Confidencial solicitó a la Policía Nacional información actualizada sobre la violencia en la capital. Hasta el cierre de nuestra edición, no se había recibido respuesta de la oficina de Relaciones Públicas de esta institución.

Muerte a sangre fría en casa

*”Así por así le vino a quitar la vida”, dice Miriam Robleto antes de romper en llanto. Su esposo fue baleado frente a ella en la sala de su casa en el barrio Memorial Sandino. Todo por robarle un celular.

A Carlos González, de 55 años, le gustaba huir del calor sentándose en la puerta de su casa en el barrio Memorial Sandino, en la capital. Su presión y su corazón se lo agradecían. O al menos eso creía. Todos los días, en su celular nuevo, escuchaba alabanzas cristianas o veía juegos con sus nietas revoloteándole alrededor.

La noche del 6 de noviembre de 2015 estaba solo. El culto en la iglesia de enfrente había terminado y la calle estaba vacía cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se detuvieron frente a él.

¡Prá!, se escuchó el primer disparo. ¡Prá!, el segundo. Miriam Robleto, su esposa desde hace 35 años, estaba en la sala cuando lo vio correr hacia ella.

No iba solo.

“Cuando quiero cerrar la puerta, aventar la puerta, el hombre viene con la pistola, ya él me lo había baleado afuera. Mi esposo cae a la orilla de mis canillas, yo estoy parada y le digo: ‘noooo, no me lo matés, hijo entregále el celular, no me lo matés’”, recuerda a dos meses de la tragedia. “Así por así le vino a quitar la vida”, lamenta Miriam.

Robleto es una mujer menuda y morena. Tiene un rostro duro, pero se le quiebra al hablar de lo sucedido. En medio del caos y los gritos, cuenta, su yerno trató de defenderlo esa noche. Con una raja de leña le pegó al ladrón en el casco que llevaba puesto, a cambio recibió un tiro en la frente. El hombre quiso dispararle también a dos de los hijos de la pareja. Una esquivó la bala. Al otro no pudo matarlo porque la pistola se le trabó.

El tipo huyó de la casa. Afuera le esperaba la moto en la que había llegado y su conductor. Este último no ha sido capturado por la Policía. Al hombre que mató a su esposo, Robleto lo ha encarado durante las audiencias del caso. Ella cree que sólo alguien “drogado” puede causar tanto daño. Repartir balas. Enlutar así a una familia.

“Acto psicópata”

Para el psiquiatra psicoanalista Petronio Delgado, “robar, asaltar, es un acto psicopático hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué sucede en la mente de esta gente? Pues tienen una formación derivada del irrespeto solemne a todas las reglas habidas y por haber y las que se promulguen. De hecho, se describen como sin tener culpa alguna, sin tener remordimiento alguno. Piensan que lo que están haciendo es lo correcto, es lo sano, lo justo y necesario, no tienen conciencia del daño que dan”, explica.

Un asalto, según Delgado, “significa una violación tremenda a los espacios vitales que todos los seres humanos necesitamos”. Recalca que toda víctima de una situación traumática debe recibir ayuda psicológica de parte del Estado. “Es necesario un proceso de reajuste, de adaptación”, dice Delgado, “y sólo gente experta puede ofertarla, puede llenar esos vacíos, es necesario siempre poner a alguien al lado de esa familia, porque la vida le cambió”, concluye.

A dos meses de la muerte de su esposo, quien se desplomó frente a ella, Miriam Robleto, no ha recibido ayuda de profesionales, ni particulares, ni del Estado. “Nada, eso hubiera sido bueno porque estas niñas no pueden oír cosa de triquitraca cerca porque dicen ‘un balazo, un ladrón viene, o una moto, un ladrón, van a matar a mi tata, porque le decían tata o papá, a mi papito lo van a matar, un ladrón’. Ellas están psicosiadas, en el caso mío lo mismo, yo todo nervio, casualmente andaba arreglando ahorita y explota una chimbomba y pego el brinco, sólo me acordé de lo que sucedió”, comenta.

El calvario de una familia

*José Gregorio Urbina, dejó a dos niñas.La mayor, de seis años, acaba de promocionarse de preescolar y dice que su papá “está en el cielo” y al ver noticias de juicios le pregunta a su tía “¿ellos fueron los que mataron a mi papá?”.

Desde el día en el que a José Gregorio le dispararon, la vida para su familia ha sido un calvario. Una pesadilla.

"Me sentenció en pleno juicio diciéndome: 'me las vas a pagar maldita' En voz alta lo dijo. El juez y la fiscal escucharon, y yo le dije a la fiscal: ‘oiga me está sentenciando’, y la fiscal lo que le dijo a él fue: ‘ideay, qué te pasa’. Eso fue todo", denuncia a Confidencial, Marjurie Aburto, viuda de José Gregorio Urbina. El hombre que supuestamente la amenazó es el mismo al que, hace casi un año, la Policía presentó como el sujeto que luego de forcejear con Urbina por un celular, le clavó un par de tiros y huyó con su cómplice.

Según Aburto, él la “sentenció” en el último día del juicio oral y público, en el que, según reza el acta, se determinó que hubo "un mal procedimiento" y "una pésima investigación policial" y por ende cabe la "duda razonable". Así, bajo estos argumentos, el juez Edgar Altamirano, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicios de Managua, dejó en libertad a los dos acusados.

Por consejo de su fiscal no buscaron un abogado y el caso empezó a desmoronarse en cuanto llegó al sistema judicial. Cambios en los jueces y en los defensores públicos, falta de notificaciones, una fiscal que, pese a que era su trabajo, mandó a las víctimas a localizar a los testigos, testigos que fueron buscados por la familia de los acusados, operadores de justicia que no se presentaron a testificar…

De acuerdo al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, “de las denuncias que se reciben en la Policía solamente un tercio o menos entran a los tribunales de administración de justicia”. De estas se resuelven un poco más de la mitad.

“Cuando el trabajo de la Policía es efectivo pero no lo es el de la administración de justicia allí lo que prevalece en el ciudadano o la ciudadana es la inseguridad y el temor”, asegura Elvira Cuadra, directora del Ieepp.

"Todos los testigos nos dijeron que cuál era la seguridad que los juzgados, la Fiscalía y la Policía les había brindado porque el papá (del principal acusado) andaba con todas las direcciones, nombres exactos y anduvo de casa en casa, pidiendo, llorando, de que retiraran denuncia y que no se presentaran en los juzgados, que su hijo era inocente", reclama Maricela Urbina, hermana de José Gregorio.

Según ella, "la mayoría de los testigos no se presentaron (al juicio) por el temor. Todavía tres días antes del juicio fuimos a buscar a la mamá de uno de los testigos y ella nos dijo que su hijo no se podía presentar, porque el domingo habían visto a un hombre en una moto con una pistola metida en su cintura, cubierta con su camisa, entonces ella dijo que tenía miedo de que alguien se apareciera en su casa y los rafagueara en su hogar".

En el país no existe una ley de protección a testigos. Tampoco mecanismos para garantizar su seguridad. Lo más cercano a ello, es el Convenio Centroamericano para la protección de víctimas, testigos, peritos y demás sujetos que intervienen en el proceso penal, suscrito en el 2009 en la ciudad de Guatemala y al que se adhiere Nicaragua.

El chófer de la ruta 102, en cuyo pasillo Urbina se desangró, era considerado un testigo clave. Bajo supuestas amenazas de muerte se presentó al juicio. Identificó a los dos imputados como los mismos que cometieron el homicidio el 21 de febrero del 2015 y además mencionó que después del incidente perdió su trabajo, porque la familia del principal acusado constantemente lo llegaba a buscar. “Me decían que su hijo no había sido”, declaró Manuel Reyes, ante el juez.

José Gregorio Urbina era mecánico. Un muchacho al que, según su mamá, no le gustaba ir a fiestas. "Él no tomaba, él no fumaba, su vicio era comer, beber, vestir a sus hijas, ir a comprarles comida", cuenta María Agustina Rosales.

Él era el sostén de la familia. Ahora Rosales se pega al fogón para preparar arroz con leche, nacatamales, atol o enchiladas, que desde la madrugada sale a vender a los barrios. Su nuera, que en modalidad sabatina cursaba el tercer año de secundaria, ha dejado de estudiar. Su última clase fue el sábado que mataron a su esposo. Encima, han tenido que invertir tiempo y dinero para rastrear a cada uno de los testigos.

Marjurie Aburto no puede contener el llanto. “¿Cómo nosotros nos vamos a sentir? Con el alma en el aire (...), con un dolor insoportable que usted no se imagina, y nosotros le pedimos ayuda a la primera dama, que nos apoye en este caso que nosotros estamos sufriendo, que no se imagina el dolor que nosotros tenemos y que esto está quedando impune”, reclama.

Justicia de “doblo rasero”

Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, considera que en Nicaragua hay una justicia de “doble rasero” y que las víctimas que no tienen poder político, ni económico son discriminadas por el sistema.

“La protección se diluye y esa actitud esmerada que debe ser por parejo con todos, independientemente quién sea el acusado, independientemente quién sea la víctima, si hay un delito se procede en la aplicación de la ley (…) es como andar rogando el derecho, esto no es de súplica, esto es de derecho y los derechos se exigen y el Estado, los agentes del Estado están obligados a cumplirlos, no están haciendo favores”, asevera Carrión.

La familia de José Gregorio Urbina admite sentir miedo. A ellos, dicen, ninguna institución gubernamental les ha ofrecido protección. Su miedo se disparó desde el 2 de diciembre que se ordenó la libertad de los únicos detenidos por el caso.

“Nosotros, es cierto, no hacemos nada con que ellos estén presos, porque mi hermano no va a regresar, no nos van a devolver a mi hermano, pero sí nos vamos a sentir seguros de que ellos no le andan haciendo daño a la sociedad (…) Lo que no queremos es que este dolor que sentimos y lo que estamos pasando lo pasen otras familias, porque seguridad en este país no tenemos”, lamenta Maricela Urbina, hermana de José Gregorio.

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[destacado titulo="Los barrios más inseguros"]

Obtener una radiografía de Managua y determinar cuáles son los puntos más peligrosos, es casi imposible afirma la directora del Ceprev, Mónica Zalaquett. La violencia se muda, y la pacificación de los barrios dependerá de varios elementos, principalmente de la presencia policial, subraya.

A eso se le agrega la falta de información con la que los investigadores cuentan. "No podemos valorar exactamente ahora cuáles son los barrios de Managua con mayores problemas delictivos porque no estamos teniendo acceso a la información estadística de la tasa de denuncias", señala Roberto Orozco, experto en temas de seguridad.

En el 2013, los distritos con más denuncias en Managua eran el Distrito I y el Distrito VI, asegura Skarlleth Martínez, investigadora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp. Ella basa su clasificación en las últimas estadísticas policiales a las que tuvieron acceso.

En una breve encuesta realizada por Confidencial, cuatro de los seis entrevistados habían sido asaltados en Managua. Algunos de ellos más de una vez.

“A mí me han asaltado tres veces, no está la Policía a la hora que lo asaltan a uno, que dicen que el país más seguro, cuando asaltan a alguien más importante hasta cuatro patrullas están ahí pero cuando asaltan a otras personas no hay gasolina (…) la última vez estuve en el hospital, en el Manolo Morales como un mes, me tuvieron que drenar la sangre en las costillas porque me golpearon”, dijo Freddy Melara Bravo, taxista desde hace 20 años.
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[destacado titulo="¿Qué hay después del asalto?"]

Elian García ha empezado a sumar con los dedos y a comunicarse con las manos. Aún está delgado pero sobrevivió a los pronósticos. Durante los meses siguientes a su asalto lo desahuciaron más de una vez. Estaba desnutrido. Se le formó una escara en la columna. Su pulso comenzó a pasar casi desapercibido y a media noche su familia corría a buscar un médico sin que él pudiera decirles dónde o cuánto le dolía. Después de meses “de agonía” y de no tener dinero para comprar al menos una botella de solución salina, la familia de este “peloterito”, como se le conoce cariñosamente, a partir de la publicación de un reportaje en un medio televisivo, comenzó a recibir ayuda. El Gobierno de Nicaragua asumió los costos de su atención médica y de su rehabilitación.

La familia de José Gregorio Urbina, no tuvo tanta suerte. O mejor dicho ninguna. Han acudido a organismos de derechos humanos y presentaron una formal queja ante el Ministerio Público por la actuación de las fiscales que les fueron asignadas. Hoy se aferran a la apelación del caso.

Y, mientras se escribe este reportaje, en el Juzgado Décimo Tercer Distrito Penal de Juicios de Managua, se desarrolla el juicio contra al único acusado por el homicidio de Carlos González, de 55 años. "Es un montaje de la Policía", ha dicho el imputado.
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[destacado titulo="¿Qué dice la ley?"]
La Ley 641, o Código Penal de Nicaragua, del artículo 138 al 225, explica las particularidades de estos delitos y establece las siguientes penas a quienes incurran en ellos:
Homicidio: 10 a 15 años de prisión.
Asesinato: 20 a 30 años de prisión.
Robo con fuerza en las cosas: Dos a cinco años de prisión y de 120 a 300 días de multa.
Robo con violencia o intimidación en las personas: tres a seis años de prisión.
Robo agravado: Tres a seis años.
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[destacado titulo="¿Qué opina la población?"]
Confidencial realizó en la capital una breve encuesta para conocer la percepción de seguridad que tiene la población. Estas fueron las respuestas de los entrevistados a la pregunta ¿Te sentís seguro en Managua? Cuatro de los seis consultados habían sido asaltados en una o varias ocasiones:

“Realmente seguro, seguro que digamos no, porque hay sectores donde la delincuencia está siempre en su apogeo y (…) lo más triste es de que ya no te asaltan y te roban sino que también te hacen daño, si vos e resistís, golpe seguro o hasta te pueden herir, disparar”, Norwin Guevara.

“Principalmente en las paradas de buses son las cosas más peligrosas, a veces tengo bastante tiempo esperando un bus y veo todo tipo de cosas, que te saquean las mochilas, las carteras y cosas así”, Gandir López.

“Aquí hay que andar ojo al Cristo (…) a uno lo pueden asaltar y está un policía y no creo que meta la mano o algo, una vez estaba allá en la parada de la estación cinco estaba un policía y más bien le tenía miedo al ladrón que andaba”, Cristiana Olivera.

“ (Los ladrones) se vuelven violentos cuando no le hayan nada o se resiste a dejarse asaltar entonces lo matan a uno, pero si uno mata al ladrón va preso, pero si el ladrón lo mata a uno, el ladrón no va preso porque no lo agarran”, Freddy Melara Bravo.

“Según he visto en las noticias a pesar de que tal vez la seguridad está un poco mejor creo que la violencia se ha incrementado, gente macheteada, balaceada independientemente de que uno entregue o no las cosas”, Abimael Moreira

“Gracias a Dios no he sido asaltada ¿te sentís segura en Managua? Sí andando aquí en Managua si, en lugares cerca que no conozco, ya otros sectores no me atrevo la verdad”, Casandra Parajón.

“Donde quiera que andamos ahí tiene que andar uno escondido de la gente de los ladrones, porque corre peligro uno ¿usted ha sido asaltada alguna vez? Sí, aquí en el Armando Guido, yo salí del banco con mi dinero y cuando había caminado como dos cuadras, cuando sentí fue el aventón, me golpearon y todo”, Estebana Díaz.
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[destacado titulo="Acusados alegan inocencia"]
La familia del principal imputado en caso de José Gregorio Urbina acudió al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh. “Ellos señalaban irregularidades, quejas, en defensa de los acusados”, asegura Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh.

En el acta del juicio oral y público además presentaron firmas de los pobladores de su barrio que hacían constar que a la hora del asalto, él estaba ahí y no en el lugar de los hechos.
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