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“Estado concatenado para enjuiciar y culpabilizar a manifestantes”

Edwin Carcache, líder del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, es acusado por la Policía de liderar una banda terrorista. Tomada de Crónica TN8 | Confidencial

Hansell Vázquez y Rodrigo Espinoza fueron capturados el once de julio en Nindirí. Paramilitares encapuchados los interceptaron y, esa misma noche, los trasladaron a las celdas de El Chipote. Sus casos demuestran la modalidad con la que han sido retenidos los casi 400 reos políticos del gobierno de Daniel Ortega: Secuestro y detención ilegal. 

La anterior afirmación la formuló Sandra Ramos, quien es parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Ramos ha trabajado de cerca con el Comité ProLibertad de los presos políticos y conoce detalles de los casos de las personas a quienes el régimen de Daniel Ortega les endilga delitos de terrorismo, asesinato, crimen organizado, entre otros. 

“En todos estos casos nunca hubo una orden de captura. Todo el Estado está concatenado para enjuiciar y culpabilizar a estos jóvenes que están detenidos”, denunció Ramos. “¿Cómo recurrir de amparo a la Corte Suprema de Justicia si los muchachos no han tenido siquiera el derecho de presunción de la inocencia; no les permiten abogados, y les han cargado un montón de testigos que son funcionarios del gobierno”.

Liliam Ruiz y Brenda Gutiérrrez, madre de Hansel Vázquez y Rodrigo Espinoza respectivamente, aseguraron en el programa Esta Semana que aparte de los delitos de terrorismo,  sus hijos les achacan la quema de la oficialista Radio Ya. 

“No hay ninguna prueba que nuestros hijos estaban en los hechos de ese incendio. Tenemos videos donde salen los mismos colaboradores (de Radio Ya) diciendo el pueblo enardecido quemó la radio”, dijo Gutiérrez. La mujer agregó que en la emisora oficialista se escondieron los paramilitares que atacaban la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y por eso la población le pegó fuego a la fachada del edificio. “Dicen que todo el edificio fue quemado y es mentira”, agregó. 

Según las madres, Hansel Vázquez y Rodrigo Espinoza se destacaron por transportar víveres a las universidades tomadas y las trincheras. 

“Desde que nuestros hijos fueron secuestrados, anduvimos tocando puertas. Hablando, explicando las violaciones de los derechos de los jóvenes. Ellos están en la Modelo. La mayoría de los presos varones están en la Galería 16. Y hay un grupo limitado que está en máxima seguridad, donde está Medardo Mairena y las supuestas cabecillas”, dijo Liliam Ruiz. 

Las mujeres aseguran que cuenta con asistencia legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), pero que no han podido contratar otros abogados porque las autoridades no permiten el ingreso a los juristas para hablar con sus clientes. 

“En el sistema penitenciario no dejan entrar a los defensores, ni como familiares podemos participar en las audiencias de juicios. Solo nos permiten verlos dos o tres minutos y solo podemos darle un abrazo mientras estamos rodeados de policías. Desde allí violan nuestro derecho”, aseguró Liliam Ruiz. 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) contabiliza 381 detenidos en total, de los cuales 229 ya son procesados judicialmente. A 152 detenidos no les han levantado cargos, y están presos violando las 48 horas que establece la ley. Según Sandra Ramos, la mayoría de estos presos son jóvenes seguido de ex militares en retiro, con quienes el régimen se ha ensañado. 

Las madres condenaron que entre estos casi 400 presos no haya paramilitares y policiales indicados por “cometer la masacre”. 

“Hay rumores de entre mas cabecillas presos tenga, el Gobierno hará una amnistía. Pero las vidas de nuestros hijos, quienes iniciaron esta lucha no es negociable. Tampoco lo quienes perdieron sus vidas. El primer error del Gobierno es decir que no tiene presos políticos. ¿Dónde están los otros que cometieron esta masacre contra el pueblo? Que no solo sume sus muertos”, reclamó Liliam Ruiz. 

Sandra Ramos lamentó que el Gobierno no haya estado anuente a colaborar con organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Naciones Unidas (CIDH) para esclarecer todos los crímenes. 

“En cambio vemos una tendencia de querer castigar con cárcel, y condenar judicialmente para dar escarmiento a la población para que no siga saliendo a protestar por sus derechos”, dijo Ramos.