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Orteguismo no da la cara para explicar su autoamnistía

El Gobierno de Nicaragua se ausentó -una vez más- de las sesiones convocadas por la CIDH para abordar la crisis de derechos humanos en el país

Los beneficiarios de la Ley de Amnistía de Nicaragua denunciaron, durante el 174 período de sesiones de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH), que actualmente “viven una muerte civil” y explicaron que dicha norma ha generado más impunidad en el país, a la vez que representa una injusticia debido a que “se les perdonan hechos ilícitos que no cometieron”.

No obstante los representantes del Estado de Nicaragua se ausentaron una vez más, por lo que los representantes de la Comisión lamentaron el desplantes y advirtieron que el desinterés del Estado de Nicaragua hacia todo lo relacionado con la CIDH “viene desde mucho antes” de abril de 2018.

“Es lamentable que el Gobierno de Nicaragua no participe, me parece muy mal este hecho, pero espero que en el futuro cercano este proceso sea revertido por el bien de las personas en Nicaragua”, expresó La Comisionada Margarette May Macaulay, en su primera intervención como representante de la CIDH.

En la audiencia Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, señaló que la Ley de Amnistía “está encaminada a generar impunidad para los actores estatales y sus allegados, al impedir procesos de personas potencialmente responsables” de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Mientras tanto, la catedrática de Derecho Penal, Asunción Moreno, inició su intervención dejando claro que la Ley de Amnistía es inconstitucional desde que llegó al parlamento, pues ni siquiera cumplió con el debido proceso que establece que todo proyecto de ley debe estar con 48 horas de antelación en las manos de los diputados, antes de ser discutido en plenario.

Moreno precisó: “Para los beneficiarios de esta ley la amnistía representa injusticia porque se les perdonan hechos ilícitos que no cometieron. Viven una muerte civil ante la imposibilidad de ejercer su derecho al trabajo, a disfrutar con su familia, a continuar sus estudios, a gozar de su libertad  e integridad las cuales constantemente están siendo amenazadas”.

Por su parte, el preso político excarcelado Yubrank Suazo, pidió en nombre de los centenares de los excarcelados políticos, que se “utilicen los mecanismo necesarios para que se acaben todos esos atropellos a los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses”.

La relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, señaló que la falta de independencia judicial ha sido un patrón permanente denunciado en Nicaragua y que las víctimas no han logrado justicia.

En junio de 2019 Urrejola, afirmó que le “preocupa mucho que una ley de estas características tenga como objetivo consagrar la impunidad”, debido a que es “ambigua” y “es muy poco clara sobre a qué delitos políticos y delitos comunes se refiere”.

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