Política

Contemplan posibilidad de que socios de Ortega comiencen a sacar su dinero del país

Estados Unidos emite “aviso” contra aliados de Ortega

Daniel Ortega y Francisco Díaz

Advierten a su propio sistema financiero para que no haga tratos con corruptos ni con violadores de derechos humanos



La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés, un organismo estadounidense de vigilancia financiera similar a la nicaragüense Unidad de Análisis Financiero, UAF), emitió un ‘aviso’ por medio del cual informa a las instituciones financieras de ese país, que existe un “riesgo creciente” de que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar en su sistema financiero, o transitar por él.

La publicación de ese ‘aviso’, pretende que las instituciones financieras de ese país estén en alerta ante la posibilidad de que allegados al régimen de Daniel Ortega quieran adelantarse a posibles sanciones, y corran a colocar sus recursos en ese país, o lo usen para trasladarlo a otras latitudes.

La decisión forma parte de un conjunto de sanciones financieras que inició en diciembre de 2017 en contra del entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, ampliada en julio pasado para cubrir a Chico López, Francisco Díaz, y Fidel Moreno.

“FinCEN prevé que figuras políticas extranjeras de alto rango, vinculadas con el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega podrían reaccionar al percibir la posibilidad de mayor conflicto social, posibles sanciones u otros factores, movilizando activos de las cuentas que tienen en Nicaragua u otros sitios”, señala la advertencia.

Si bien esas operaciones no son necesariamente delictivas, la Red prevé que esos activos “podrían ser resultado de maniobras de corrupción y podrían ser enviados a cuentas en Estados Unidos o incorporarse a mecanismos de lavado de dinero empleando el sistema financiero estadounidense”.

Por ello, se solicita a las instituciones financieras que presenten Partes de Actividades Sospechosas (Suspicious Activity Reports, SAR, o Reporte de Operaciones Sospechosas, según la Ley nicaragüense), cuando se detecte la posibilidad de que haya recursos provenientes del Tesoro de la República, o que sean producto directo de la corrupción de “figuras políticas extranjeras de alto rango vinculadas con el régimen de Ortega”.

Advertencias oficiales

“Durante años, el presidente Daniel Ortega y su gobierno han celebrado elecciones fraudulentas, reprimido a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, y robado dinero de las arcas públicas”, manifestó Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

“La violencia que ha perpetrado el régimen de Ortega contra el pueblo nicaragüense es absolutamente repudiable y la comunidad financiera internacional debe estar alerta para impedir que el sistema sea explotado por agentes de este régimen corrupto”, añadió.

Por su parte, Kenneth A. Blanco, director de FinCEN, señaló que “el régimen de Ortega… es represivo y corrupto, y ha enriquecido de manera ilícita a sus miembros y colaboradores, robando y quitando a los ciudadanos nicaragüenses los recursos y el dinero que les pertenece”, citando también los abusos del régimen en materia de derechos humanos, en respuesta a las protestas ciudadanas.

Blanco expresó que “ante las características opresivas y el comportamiento corrupto del régimen de Ortega, y el consecuente conflicto social en Nicaragua, personas y empresas vinculadas con ese régimen podrían intentar sacar de Nicaragua activos vinculados con la corrupción”.

“Las instituciones financieras de Estados Unidos constituyen una importante línea de defensa contra los fondos corruptos y originados en la violencia que puedan circular en nuestro sistema”, por lo que advirtió al sector financiero de ese país, para que estén “muy atentos”.

Si bien el ‘Aviso’ no abarca las transacciones realizadas por ciudadanos nicaragüenses comunes, ni pretende afectar las relaciones financieras entre Estados Unidos y Nicaragua, sí incluye “a quienes facilitan las acciones de altos funcionarios políticos extranjeros implicados en corrupción”.