Política

Estados Unidos toca al “círculo de hierro” de Ortega

Castigan a Rosario Murillo, la representante del “50% del poder” del régimen, y a “Chema”, el enlace de El Carmen con la Policía y los paramilitares

Estados Unidos se infiltró en el círculo íntimo de la pareja presidencial. Con la sanción a Néstor Moncada Lau (“Chema”), secretario privado de Ortega, enlace con la Policía, los grupos paramilitares y actividades de inteligencia, le demostraron al presidente Daniel Ortega que conocen lo qué se cuece en la cocina política del búnker de El Carmen. La única forma de saber el papel que juega Moncada en los engranajes del régimen, según disidentes sandinistas, es una “fuga interna” en el círculo de los Ortega Murillo.

Moncada fue sancionado junto a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, por “corrupción desenfrenada, desmantelamiento de las instituciones democráticas, abuso de derechos y explotación de las personas y recursos públicos para beneficio privado”, según una nota del Departamento del Tesoro.

Para la exguerrillera sandinista, Dora María Téllez, la sanción a Moncada fue un mensaje “directo y poderoso” a Ortega. “Le dijeron: tenemos información comprometedora y estamos dispuesta a usarla”.

“Estados Unidos sacó a la luz un personaje oscuro, del que no se sabe mucho; es más, la última foto de Moncada es de cuando tenía cuarenta años, hoy tiene 64. Eso da una idea de la oscuridad en la que se mueve ese personaje”, comentó la disidente sandinista.

Fuga en El Carmen

Óscar René Vargas, analista político, aseguró que la única forma en que Estados Unidos conociera sobre el actuar de Moncada “es una filtración interna”, lo que indica una fisura en el círculo interno de la pareja presidencial.

“Es un golpe fuerte al círculo represivo, en el que se sabía que estaba metido Gustavo Porras, Fidel Moreno y otras personas, pero no se sabía sobre la actuación de este hombre (Moncada)”, dijo Vargas, quien añadió que “eso lo filtró alguien de ellos mismos, porque Moncada ha tenido un perfil muy bajo”.

La filtración ha llenado de “inseguridad” al también llamado “círculo de hierro” del orteguismo, según Téllez, ya que los estadounidenses revelaron que tienen un informante adentro, que puede ser “cualquiera”.

Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau.

Hombre leal a Ortega y Murillo

Moncada es el custodio de la Secretaría General  del FSLN. Abogado y experimentado exoficial de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, con fuertes vínculos de lealtad hacia Ortega y Murillo.

Con el retorno de Ortega al poder en 2007, el exoficial asumió un rol prominente como enlace del presidente con la exjefa de la Policía, Aminta Granera. Todas las órdenes de Ortega a Granera y a la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, serían canalizadas a través de Moncada, quien adquirió una incidencia decisiva en el rediseño político de la Policía, la selección de los oficiales profesionales que pasarían a retiro y la promoción de cuadros alineados por su lealtad a Ortega.

Su ámbito de acción como operador, se extiende al Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas.

No tiene un cargo oficial ni aparece en el organigrama del Gobierno, pero nadie discute su ascendencia sobre el poder como guardián de los asuntos privados de la familia presidencial.

“Duro golpe”

Las sanciones para Murillo y Moncada, según Vargas y Téllez, fueron un “duro golpe” para Ortega, ya que le tocaron a dos miembros importantes de su círculo de hierro, que es completado por sus hijos y otros allegados como Fidel Moreno, Gustavo Porras, Francisco “Chico” López, el canciller Denis Moncada, y Bayardo Arce.

“Las dos sanciones le duelen (a Ortega), la de Murillo porque es la liquidación política de ella, y al otro (Moncada) lo desnudan y hasta le sacan la cuestión de una niña (presuntamente nacida de una relación de Ortega con una menor de edad)”, resaltó Vargas.

Para Téllez, las nuevas sanciones tocan la “médula” del círculo íntimo de Ortega, ya que las anteriores —Roberto Rivas, Fidel Moreno, “Chico” López y “Paco” Díaz— fueron “más institucionales”.

Mensaje al régimen

Además de las sanciones, el presidente Donald Trump firmó una “Orden Ejecutiva” en la que calificó la crisis en Nicaragua como una “extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, por lo que declaró una “emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”. Luego, el Senado aprobó por unanimidad una legislación conocida como la “Magnitsky Nica”, diseñada para castigar al Gobierno de Ortega. En ambos casos, el mensaje fue claro: el régimen debe poner fin a la represión contra la ciudadanía y volver a la salida negociada de la crisis, según dijeron expertos a CONFIDENCIAL.

La aprobación de la legislación se daba por descontada, pero las sanciones fueron una sorpresa para propios y extraños.

Para José Luis Velásquez, exembajador de Nicaragua ante la OEA, las medidas reflejan que en el Ejecutivo y Legislativo de Estados Unidos hay un consenso “pleno y profundo” de que se necesitan sanciones para frenar la radicalización de la represión orteguista, que esta semana se ha enfocado en el acoso a los periodistas y medios de comunicación independientes.

Además, las sanciones contra Murillo le indican a Ortega que deberá renegociar los términos de su salida, según Alejandro Bendaña, historiador y exembajador ante la ONU. “El mensaje claro a Ortega es que lo que podíamos haber convenido en materia de negociación ya no va”, comentó.

Vargas estimó que Estados Unidos ha indicado a Ortega que lo único que queda por negociar es su salida del poder. “Es el mensaje de la rendición”, acotó.

Perdió una oportunidad

En una entrevista en el programa Esta Noche, Bendaña aseguró que desde la perspectiva estadounidense “no hubo” una respuesta satisfactoria a sus demandas, por lo que decidieron sancionar al círculo cercano de Ortega.

Recordó que en junio, uno de los meses neurálgicos de la crisis, Ortega recibió a Caleb McCarry, un delegado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, a quien el mandatario nicaragüense le habría comunicado su disposición a adelantar las elecciones. Sin embargo, Ortega incumplió su promesa, y en vez de facilitar un proceso de negociación política incrementó la represión. “Ahora Estados Unidos dice que eso que estaba ahí ya no va, ahora vamos con otro tipo de aterrizajes”, mencionó Bendaña

Para el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, Ortega ha sido mal asesorado y perdió una “gran” oportunidad con la visita de McCarry, al “no aceptar una salida que hubiera sido buena para él y su familia”.

“Nunca se debe descartar la posibilidad de una salida negociada. Un comunicado de prensa de la oficina de Bob Menéndez (senador demócrata) destaca que siguen interesados en lograr una salida negociada. La duda es si en El Carmen están abiertos a esa posibilidad, porque el actuar de Daniel en los últimos meses ha sido errático”, explicó.

Añadió que “desde 2016 (Ortega) no parece ser bien asesorado, o no comprender cuál es su posición. Él decretó ‘ir con todo’ en contra de la gente en las marchas, y ahora lo que estoy viendo es que Estados Unidos va con todo en su contra”.

McCarry fue enviado por el senador republicano de Tennessee, Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, que el 26 de septiembre aprobó la fusión de la Nica Act y la Ley para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua, que pasó a conocerse como “Ley Magnitsky Nica”.

Esta legislación pasará ahora al Congreso, donde se espera que sea aprobada sin problemas, ya que la iniciativa Nica Act fue ratificada en 2017. La nueva ley incluye sanciones individuales contra los allegados del régimen, y establece el condicionamiento para que lus representantes norteamericans no apoyen préstamos al Gobierno de Nicaragua en el BID, Banco Mundial, y FMI. El documento será enviado  a la Casa Blanca para que Trump la firme y entre en vigencia.

Silencio del orteguismo

Ortega inauguró el 29 de noviembre el paso a desnivel Las Piedrecitas, en Managua, y utilizó su breve discurso para ensalzar la obra y explicar lo importante que es trabajar. Ni una sola frase o palabra en alusión a las sanciones estadounidenses.

Para Vargas, el silencio de Ortega es “atípico” porque en las sanciones anteriores o las amenazas con la Magnitsky, el presidente siempre culpó al imperialismo. “Ahora no ha dicho una sola palabra, esto me indica que ya comenzó la negociación o va a negociar su salida”, dijo.

Consideró que las posibles negociaciones se llevarán “debajo de la mesa” o en “secreto” para evitar una desbandada de los simpatizantes. “(Ortega) Va a proteger los intereses personales y familiares o de alguno de sus allegados, por eso las pláticas no serán en público”.

Para Téllez, el silencio demuestra que el régimen está “calculando muy bien” el siguiente paso a dar. “No pueden culpar a los estadounidenses porque tendrá que negociar con ellos; tampoco puede culpar a los ‘traidores’ nicaragüenses, en caso que pretenda reactivar el Diálogo Nacional”.

La única respuesta del orteguismo ha sido un pronunciamiento rechazando la Orden Ejecutiva de Trump. Según el Gobierno se trata de un acto “injerencista e intervencionista”.

La reacción del régimen es uno de los temores de exdiplomáticos. “El asunto es hasta donde este señor (Ortega) entiende o lee los mensajes de manera racional, porque un presidente civil, civilista y civilizado con toda seguridad lo interpretaría como una oportunidad para salir de esta crisis, pero la reacción del Gobierno es de rechazo”, explicó el exdiplomático nicaragüense Mauricio Díaz.

Bendaña no descartó un incremento en las represalias contra los opositores, que en su nota el Gobierno califica de “traidores”, porque “cada vez tienen menos que perder”, lo que genera una situación peligrosa, ya que “apelar al razonamiento de las figuras que tenemos mal gobernando este país, nos ha fallado una y otra vez”.

Nicaragua diálogo tregua
Vista general durante la segunda sesión del Dialogo Nacional. EFE | Jorge Torres | CONFIDENCIAL.

Empresarios demandan diálogo político

Después de más de 72 horas de las sanciones estadounidenses, tres entidades del sector privado (Cosep, AmCham y Funides) emitieron un comunicado en el que hacen referencia a “los recientes acontecimientos que incluyen sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial”.

A parte de eso, ni una palabra más en el resto del texto, aunque eso podría cambiar el doce de diciembre, cuando los empresarios efectúen con más de tres meses de atraso, su convención anual.

“El sector privado hará lo que viene haciendo desde que empezó la crisis: apoyar para que se restablezca un diálogo político que dé las bases a una salida pacífica y rápida de la crisis”, dijo Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).

Su colega Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), admitió que los miembros de esa Asociación están “muy preocupados, porque la afectación económica llevará a crisis social, y no vemos intención de diálogo en el Gobierno, lo que crea más incertidumbre”.

De todos modos, defendió la actuación del Cosep, porque “desde el inicio de la crisis, hemos dicho que debe haber elecciones adelantadas, dialogo inclusivo y que regrese la institucionalidad, y esa posición se mantiene”.

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, (Canatur), confió en que haya “sensatez en las mentes de las autoridades y que se den cuenta que no podemos vivir aislados”.

“Es fundamental garantizar los derechos de los pueblos, y que estos pasan necesariamente por garantizar la institucionalidad democrática y un Estado de Derecho que en nuestro país se ha perdido”, sentenció.

Jacoby advirtió que “si sigue disminuyendo el consumo, la banca seguirá restringiendo los préstamos, y un país sin préstamos no crece”.

Maltez apunta que si hay sanciones al amparo de la Nica Act, “las repercusiones serán muy severas. Se nos viene un desenlace económico muy dañino para Nicaragua, que puede ocasionar en un estallido social. Habría más incertidumbre porque otros países podrían tomar medidas similares, y aislarnos completamente”.

Sede del Banco Interamericano de Desarollo (BID), en Managua. Confidencial | Archivo | Xochilt Martínez

Nica Act impactará inversiones

El cierre o disminución de las principales fuentes de recursos externos del Estado, como consecuencia de una aplicación severa de la Nica Act, implicará que el Gobierno deba hacer “un severo ajuste en el gasto corriente… y recortar el monto de la planilla”, dijo Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades).

“El 80% de la inversión pública se financia con cooperación externa, principalmente de origen multilateral: BID, BCIE y Banco Mundial. Estos préstamos se concentran en la construcción de caminos y carreteras, generación eléctrica, agua potable, construcción y equipamiento de centros escolares, puestos de salud, hospitales, etc.”, resumió.

Para balancear las cuentas, el Gobierno tendría que recortar empleos y disminuir la compra de bienes y servicios de consumo final para que la burocracia estatal funcione. El problema es que las sanciones no afectan solo al Presupuesto, sino también a la inversión pública y privada.

“La Inversión Extranjera Directa desaparece totalmente. Al caer la inversión pública, la ejecución de proyectos privados podría situarse alrededor de un 30%, o sea que 70% se paraliza; hay un desplome de casi 75% en la construcción; y la inversión fija se desplomaría alrededor de un 80%”, detalló.

La calificación de ‘B-’ otorgada por Fitch Rating, hizo que Nicaragua quedara “a un peldaño de ser considerado en eminente riesgo de mora en el pago de sus obligaciones con el exterior. Entramos prácticamente a cuidados intensivos, casi a punto que la deuda que emite el país se denomine bonos basura en el mercado financiero internacional, lo que conlleva a tener que pagar elevadas tasas de interés para convencer a los compradores”, aclaró.

Fachada del Banco Central de Nicaragua. Archivo | Tomada de El 19 Digital

“Esto es consecuencia de un mayor riesgo político en el país”, porque “lo que ha exacerbado el ambiente económico y financiero del país es el riesgo político”, enfatizó.

Avendaño también observa que el Gobierno no ha podido encontrar comprador para su paquete de 286 millones de dólares en bonos, y duda que pueda colocarlos, sea en córdobas o en euros, especialmente después de las sanciones de Estados Unidos.

“Si no los puede colocar en córdobas con mantenimiento de valor, ¿quién podrá comprarlos en euros? La respuesta sería negativa. No habría”, vaticinó.

Sobre el sector privado, que emitió un comunicado hasta la tarde del viernes 30, Avendaño opina que “han estado muy pasivos”, y los supone poseídos por “un gran temor, porque los voceros del Departamento de Estado han manifestado que van a analizar la conducta de la empresa privada, y sus relaciones con los sancionados del sector público, lo que podría provocar un clima bastante adverso” entre los empresarios.

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