Política

“Estrategia de sanciones” es señal inequívoca de la presión contra Ortega

“Esto significa que no hay forma de que Ortega se zafe de la presión norteamericana mientras (actúe) como un dictador”, valora ex vicecanciller

La iniciativa bipartidista del senador republicano Jim Risch y del demócrata Robert Menéndez, que pretende la implementación de “una estrategia de sanciones” en contra del régimen orteguista para que se ejecuten reformas profundas que conduzcan a elecciones libres y justas en Nicaragua, es una “señal inequívoca” de que en Estados Unidos existe una política definida y compartida para exigirle a Daniel Ortega un compromiso real y serio para solucionar la crisis nacional, según analistas y políticos nicaragüenses.

“Existe una política compartida por las dos organizaciones políticas. Han tomado nota y se han dado cuenta que el tiempo va pasando y que el Gobierno, en lugar de flexibilizar su posición, la endurece”, explicó Mauricio Díaz, exembajador alterno de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Díaz expresó a CONFIDENCIAL que la solicitud bipartidista se traduce también en un incremento de las presiones del senado estadounidense que se ha fortalecido, probablemente, a partir de las reacciones y discursos del mismo Ortega y de sus voceros, quienes intentan descalificar cualquier presencia de organizaciones políticas internacionales, como la OEA, para encontrar en conjunto una salida a la crisis.

Para el ex vicecanciller en los años ochenta y diputado en tres períodos legislativos en la Asamblea Nacional, Víctor Hugo Tinoco, la solicitud de los senadores al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, y al secretario del Tesoro, Steven Terner Mnuchin, significa que el tema está vigente y es preocupante para el senado norteamericano, específicamente en la comisión de relaciones exteriores.

Senadores solicitan una “estrategia” de más sanciones contra el régimen

“El que estén actuando en conjunto es clave porque garantiza que están procediendo unidos en este asunto. Esto significa que no hay forma que Ortega se zafe de la presión norteamericana mientras se mantenga actuando como un dictador. Si tenía alguna esperanza de que al ganar un demócrata iba a cambiar la demanda de elecciones justas, ahora se da cuenta que está equivocado”, externó Tinoco.

El exvicecanciller indicó que la carta de los dos senadores podría servir de base para que la administración del presidente Donald Trump aplique sanciones adicionales al régimen orteguista.

Menéndez y Risch consideraron en su carta que si Estados Unidos aplica las medidas necesarias (sanciones), estas “deberían alentar al régimen de Ortega a buscar reformas electorales de manera oportuna que incluyan: el nombramiento de nuevos magistrados independientes para el CSE, la restauración de un umbral del 50% + para las elecciones presidenciales, el establecimiento de un segunda ronda de votación si no se alcanza el umbral electoral y el establecimiento de un calendario electoral detallado y el despliegue de observadores electorales internacionales y nacionales creíbles”.

“Estrategia de sanciones”

Los senadores Menéndez y Risch expresaron en su carta su “profunda preocupación por el desprecio flagrante del régimen de Ortega por los derechos humanos y el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas en Nicaragua”, asimismo solicitaron “que se tomen medidas específicas de inmediato para revertir este curso peligroso”.

“Una estrategia de sanciones que incentive el progreso oportuno en estos asuntos alentará a todos las partes a centrarse en una transición significativa a la democracia en Nicaragua”, afirmaron en su carta ambos senadores.

A juicio de Tinoco, la “estrategia de sanciones” solicitada por ambos senadores apunta a medidas que produzcan resultados a más corto plazo. El ex vicecanciller no quiso referirse al escenario que podría presentársele a la dictadura orteguista, sin embargo, no descartó ninguna acción a tomar de parte del gobierno norteamericano.

Díaz manifestó que la “estrategia de sanciones” le preocupa porque “pareciera que van dispuestos a escalar por más presiones”. Agregó que hasta el momento Estados Unidos no ha hecho uso de otros instrumentos que tiene a la mano para castigar a la dictadura orteguista, por ejemplo, el tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (CAFTA), que de suspenderlo sería un duro golpe para la economía nacional.

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“O que tomen medidas más sensibles con las remesas. Entonces me preocupa porque significa, leyendo entre líneas, que vienen una mezcla de sanciones individuales que van a tocar a instituciones del Estado y que afectarían el funcionamiento del Gobierno, y al pueblo nicaragüense. Quien pagaría el costo sería el pueblo, y peor aún el pueblo más pobre, el que más necesita”, consideró Díaz.

Para el abogado y exdiputado Eliseo Núñez, la carta de los senadores representa “cierto nivel de hartazgo” con Ortega. No quieren permitirle otro espacio para que siga en el mismo juego político.

“Ellos hablan de sanciones estratégicas y esas van más allá de sanciones individuales, es una amenaza seria. Este mismo senador Bob fue quien amenazó a Ortega la primera vez con sanciones a sus hijos y la vicepresidenta, y al final se ha cumplido. Estos senadores en particular tienen un gran peso en la política exterior de Estados Unidos”, expresó Núñez.

El exdiputado indicó que las sanciones podrían abarcar los acuerdos comerciales que Estados Unidos tiene con Nicaragua. “Quieren que Ortega negocie sin condicionamiento, ya el condicionamiento de reducir el daño económico, si te fijás bien, no aparece”, finalizó.

Las últimas sanciones

Menéndez y Risch aplaudieron los pasos tomados hasta la fecha por la administración del presidente Donald Trump para abordar la brutalidad del régimen de Ortega, de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 y la Orden Ejecutiva 13851.

La sanción estadounidense contra el hijo mayor de la pareja presidencial, Rafael Ortega Murillo, el pasado mes de diciembre, demuestra que Estados Unidos mantiene firme su política de “presiones por goteo” contra el régimen orteguista.

Ortega Murillo fue sancionado junto a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic), la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar, por “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”.

Para Estados Unidos, el primogénito de los Ortega utilizó DNP, un negocio que adquirió con dinero público y luego transfirió a la familia, para enriquecerse “a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses”.

Rafael Ortega Murillo es el décimo sexto funcionario orteguista sancionado por Estados Unidos. El pasado 7 de noviembre se unieron a la lista deshonrosa el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía, el magistrado Lumberto Campbell; presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), y Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

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