Política

Eurodiputado sobre sanciones: “No vamos a aflojar, no es tiempo de suavizar”

Persiste demanda de “liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos”, afirma legislador José Ignacio Salafranca

El Parlamento Europeo fue constituido este martes dos de julio en Bruselas, luego de las elecciones del pasado 26 de mayo. Pese a que se trata de una nueva legislatura, la crisis sociopolítica de Nicaragua y la posibilidad de imponer sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen sobre la mesa de los eurodiputados.

El legislador europeo de origen español, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, dijo a CONFIDENCIAL que mantienen la situación de Nicaragua dentro de su radar y sus prioridades. Y, en especial, piden “liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como anulación de los procesos judiciales”.

“Estamos en un momento difícil de nuestro calendario después de las elecciones europeas. Vamos a elegir nuevo presidente, a conformar nuestros órganos y principales cargos de la Unión Europea, pero seguimos muy atentos a la situación de Nicaragua. Estamos en permanente contacto con la sociedad civil y nuestros interlocutores, por lo tanto no vamos a aflojar ni un milímetro en nuestro compromiso y seguimiento sobre Nicaragua”, dijo Salafranca.

Este eurodiputado participó la semana pasada en un panel sobre la prevención de crímenes de lesa humanidad, celebrado en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Medellín, Colombia.

Sanciones y Acuerdo de Asociación

Salafranca se refirió en particular a Nicaragua puesto que conoce de primera mano la situación tras su visita a Managua en enero pasado. En ese viaje de trabajo, los eurodiputados asistieron a las penitenciarias de la dictadura, y constataron el deterioro de las condiciones de los presos políticos.

El eurodiputado insistió que el Parlamento Europeo continúa a la espera de que se restablezca el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, la liberación de los presos políticos, y el cese del hostigamiento policial y paramilitar.

“Como le dijimos al presidente Ortega, y como lo dijimos en la última resolución aprobada en el Parlamento europeo, en caso de no producirse avances, no solo hemos pedido que la Unión Europea adopte sanciones contra los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos, sino que al mismo tiempo se suspenda a Nicaragua en el acuerdo de asociación con América Central”, afirmó Salafranca.

La reciente imposición de sanciones por parte de Estados Unidos y Canadá, sumado la falta del cumplimiento del Gobierno de los acuerdos suscritos con la oposición, le han metido presión al Parlamento Europeo para aplicar sanciones internacionales.

En una carta enviada a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, y a los ministros de Relaciones Exteriores de los 28 Estados miembros, Human Rights Watch recomendó que deberían aumentar la presión contra el gobierno Ortega para que ponga fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional. Según el organismo, la Unión Europea debería imponer sanciones individuales contra altos funcionarios nicaragüenses implicados en graves violaciones de derechos humanos y condicionar cualquier apoyo a la Policía Nacional.

Parte de los incumplimientos del régimen a la luz de la mesa de diálogo ha sido la liberación de total de los presos políticos. La Alianza Cívica denuncian que en las prisiones quedan recluidos más de 80 reos de conciencia, pese a que el gobierno ha expresado que ya los ha liberado a todos.

“Estamos siguiendo con mucha atención con estos acontecimientos. Pero el planteamiento que le hicimos al presidente Ortega fue clarísimo: liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, anulación de los procedimientos judiciales faltos de los más mínimos procedimientos democráticos… y buscar una hoja de ruta para que el pueblo de Nicaragua pueda tomar la palabra”, advirtió Salafranca.

Aunque Salafranca no dio fechas o un plazo aproximado para la imposición de sanciones europeas, fuentes diplomáticas aseguraron a CONFIDENCIAL en Medellín que el Parlamento Europeo podría esperar al plazo de 75 días dado por los cancilleres de la OEA a Ortega para mostrar voluntad política de resolver la crisis.

“No vamos a aflojar, no es tiempo de suavizar sino de estar atento en cómo evoluciona esta situación. Hay un Ejecutivo que tiene que tomar la decisión de lo que nosotros hemos solicitado y en ese sentido Comisión Europea”, dijo por su parte Salafranca.

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