Opinión

Farkhunda. Berta. Dilma

Las mujeres siguen siendo las que pagan por el odio, los prejuicios y la corrupción en sociedades donde prevalece la impunidad



Farkhunda

A sus 27 años Farkhunda Malikzada quería estudiar el Islam. Era una joven profundamente religiosa y sus planes eran estudiar Teología en la Universidad de Kabul. La muchacha —proveniente de una familia afgana educada— visitaba los miércoles el santuario Shah-Do Shamshira, encerrada completamente en un burka. Como relata la periodista Alissa J. Rubin en una desgarradora crónica publicada por The New York Times, Farkhunda, molesta con el adivino del santuario por vender talismanes a las mujeres (para quedar embarazadas, para conseguir marido), acusó un día al hombre, Mohammad Omran, y al guardia del santuario, Zainuddin, de estafarlas. “Están abusando de las mujeres. Les están cobrando por algo que no es parte del islam, que no es religioso”, les espetó, según el relato de Rubin. Los hombres la echaron del santuario. El 19 de marzo de 2015 fue el último día de su vida. Ese día Farkhunda tomó varios amuletos y los quemó. Zainuddin mezcló los restos chamuscados con viajas páginas de un Corán quemado y acusó a Farkhunda de haber prendido fuego al libro sagrado. Gritó a la gente que caminaba cerca del santuario: “Una mujer quemó el Corán. No sé si está enferma o mal de la cabeza, pero ¿qué clase de musulmanes son ustedes? Vayan y defiendan el Corán”. En ese momento se desató una escena terrorífica: la multitud, enardecida, linchó a Farkhunda hasta matarla y quemar sus restos. Su linchamiento —cometido por hombres— se puede ver crudamente en un video del Times. El mismo diario relata que las investigaciones posteriores demostraron que Farkhunda no había quemado el Corán y que el adivino Omran, además de los talismanes, vendía en el santuario viagra y condones y mantenía relaciones sexuales en los baños. Ninguno de los culpables del linchamiento de Farkhunda han sido condenados. Ni los policías que estaban en el lugar el día de la tragedia y no intervinieron.

Berta

La activista indígena Berta Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa de La Esperanza, en Honduras, a pesar de tener medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Gustavo Castro, director de la organización ambiental mexicana Otros Mundos y principal testigo del crimen, contó a la revista The Intercept que dos hombres armados —a los que él llama “sicarios” — entraron a la casa de Cáceres para asesinar a la activista. Uno de ellos disparó a Castro, que esa noche se había quedado a dormir en casa de Cáceres. “Todo fue muy rápido, 30 segundos quizás, en donde simultáneamente la asesinan a ella y a mí me disparan. A ella la tenían bien localizada y estaban esperando a que estuviera sola, entonces yo creo que les sorprendió ver a otra persona ahí, y no sabían qué hacer, así que simplemente me dispararon y salieron corriendo”, narró. Cáceres se había opuesto a la construcción de la represa Agua Zarca, cuya concesión fue entregada a la empresa Desarrollos Energéticos SA, DESA, que contaba con el apoyo de la empresa china Sinohydro. La represa se construiría en la región de Río Blanco y afectaría a la población indígena lenca, que sufriría la expulsión o expropiación de sus territorios. La lucha de la activista contra la construcción de la represa —que hizo que Sinohydro y el Banco Mundial abandonaran el proyecto— le valió a Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, el principal que se entrega a defensores del ambiente en el mundo. Con ello, aumentó el prestigio internacional de Cáceres, pero no cesaron las amenazas en su contra. Hasta terminar con su vida. El crimen contra Cáceres se mantiene en la impunidad. El gobierno de Honduras —carcomido por la corrupción— anunció la captura de los supuestos autores intelectuales y materiales —Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas, Edilson Atilio Duarte Meza, capitán en retiro, Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez Orellana, ejecutivo de Agua Zarca—, pero está por verse si el Estado hace justicia en el caso de Berta o si este crimen se suma a la larga lista de impunidad que deshonra a Honduras.

Dilma

El día que la destituyeron Dilma Rousseff salió a saludar a miles de sus seguidores por la puerta principal del Palacio de Planalto, en Brasilia. “Tengo el orgullo de ser la primera mujer electa presidenta de Brasil y lucharé con todos los instrumentos legales para ejercer mi mandado hasta el fin”, dijo. Horas antes, y tras una maratónica sesión, el Senado brasileño había decido —por 55 votos frente a 22— que Rousseff debía dejar su cargo para enfrentar un juicio político. La acusaban de haber utilizado fondos de bancos públicos para cubrir brechas fiscales y favorecer de esta manera su imagen durante la campaña en la que buscaba su reelección. Rousseff ha dicho que no hizo nada que no hubieran hecho otros gobiernos, a la vez que aseguró que no la han acusado de enriquecimiento ilícito ni de tener cuentas en el extranjero, como sí ha ocurrido con senadores, congresistas y políticos brasileños, los primeros en señalarla por corrupción y perseguirla hasta lograr su destitución. “Lo que más duele es la traición y la injusticia”, dijo la Presidenta el día que la echaron del poder. La mujer que antes no había ocupado un cargo público, que había sido torturada y encarcelada, que había luchado contra un cáncer que se le detectó en 2009 y que había trabajado para que el Partido de los Trabajadores —de izquierda, progresista, con un discurso social— llegara al poder en Brasil, ahora sufría la persecución de sus aliados. El partido fue secuestrado por la ambición, la corrupción, sus líderes se embriagaron de poder y vieron en ese poder el camino para enriquecerse. Hicieron del Estado un botín. Y cuando el escándalo estalló, vieron en una mujer el escudo para zafarse de la indignación generada por un gigantesco asalto a las arcas públicas. Dilma cometió un error por el que tenía que responder, pero su error no justificaba su destitución. Como Farkhunda, ha sido un linchamiento, pero político. Una pandilla de machos corruptos asaltaron el poder en Brasil. Y echaron a la Presidenta. La humillaron. Y a ellos nadie les pasa la cuenta. Todo lo contrario: se les premia con la Presidencia. Es el caso de Michel Temer, él mismo señalado por corrupción (aunque hasta ahora la justicia no ha presentado cargos en su contra), pero nombrado Presidente en sustitución de Rousseff.

Farkhunda. Berta. Dilma. Las mujeres siguen siendo las víctimas, las que tienen que pagar por el odio, por los prejuicios, por la corrupción cometida en sociedades donde todavía prevalece la impunidad. Su valentía es castigada. Su coraje brutalmente aplastado. ¡Cómo se les ocurre a estas mujeres elevar la voz! ¡Cómo se les ocurre retar a los hombres! ¿Estudiar, hacer activismo, dirigir la Presidencia? ¡Qué locura! En sociedades con instituciones mayoritariamente controladas por hombres, son esos hombres con poder los que deciden qué es lo correcto, aunque ellos mismos protejan, permitan y formen parte de la corrupción: ya sea porque violan preceptos religiosos vendiendo clandestinamente viagra y condones. O porque entregan concesiones onerosas para la construcción de gigantes proyectos de infraestructura que afectan a pueblos indígenas que no son consultados. O porque se reparten jugosos dividendos con dinero público. En el caso de Brasil, Humberto Meza, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Campinas, lo resumió de la mejor manera en una entrevista que me concedió hace unas semanas: “querramos o no Brasil es un Estado machista y el ataque a una mujer ha sido mucho más fuerte que cualquier ataque que se le puede hacer a un hombre. Cuando estuve en Brasil miraba mensajes como “vaca”, “puta”, contra la Presidenta. Inclusive adhesivos de carros totalmente bochornosos para la imagen de una mujer. Aquí hay un factor de género. Dilma es la primera mujer presidenta de Brasil y perder el poder de esta manera, con un golpe moral como este, tendrá un impacto para futuras mujeres que se involucren en política”.