Reporte ciudadano

Federación Internacional de Derechos Humanos condena represión orteguista

Exigen el cese inmediato de la persecución a los organismos de defensa de derechos humanos por parte del régimen Ortega-Murillo

Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de 134 países que integran la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condenaron  la brutal represión y la violación de los derechos humanos de la población nicaragüense por parte del régimen Ortega-Murillo.

Reunidas en su Congreso número 40 en Taipéi, Taiwán, aprobaron por unanimidad la resolución sobre Nicaragua que “exige al Estado nicaragüense el cese inmediato de la persecución a los organismos de defensa de derechos humanos”.

Además piden la devolución de la personería jurídica y los bienes al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), así como a las otras ocho organizaciones no gubernamentales que fueron desaparecidas por la dictadura.

Los organismos de derechos humanos solicitan a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “mantener la vigilancia sobre el régimen Ortega Murillo y monitorear la persistente represión que han desatado en Nicaragua”.

En la resolución, presentada por el Cenidh y aprobada por todos los organismos, demandan a la comunidad internacional “mantener y acelerar la presión sobre el régimen de Nicaragua y tomar las medidas necesarias que permitan parar las graves y persistentes violaciones a los derechos humanos, y juzgar y sancionar a sus responsables, aplicando incluso sanciones individuales contra ellos como lo han venido haciendo algunos Estados”.

Seguimiento a las violaciones

La FIDH señala que desde abril del 2018, cuando iniciaron las protestas contra la dictadura, “se agravó la crisis de derechos humanos que ha dejado como resultado al menos 322 asesinatos que permanecen en la impunidad, más de 70 mil exiliados, cientos de heridos, presos políticos, torturas y secuestros, así como la persistente violación de las libertades públicas y el establecimiento de un estado de terror caracterizado por el uso excesivo de las fuerzas policiales y parapoliciales”.

“Como parte de su política autoritaria, el régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, expulsaron del país a misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) que daban seguimiento “in loco” a la severa crisis sociopolítica y de derechos humanos del país; así como al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que constató y responsabilizó al Estado por la ejecución de crímenes calificados de lesa humanidad”, explican.

La resolución indica que “el patrón de violencia gubernamental incluye la persecución, acoso, hostigamiento y estigmatización de las y los defensores de derechos humanos que han visto restringido su
derecho a defender derechos”.

“Uno de los blancos de las agresiones ha sido la organización afiliada a la FIDH, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a quien arbitrariamente le fue despojada su personería jurídica, sus bienes fueron usurpados y sus integrantes perseguidos”, agrega la resolución.

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