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Fiscalía fabrica pruebas contra Medardo Mairena y campesinos

"Hay diferencias entre los testigos. Uno dice que había seis policías el día del suceso, otro diez y otro veinte", expresó defensor Julio Montenegro

La Fiscalía acusó a los campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, Luis Pineda Icabalceta y Silvio Saúl Pineda de recibir financiamiento del organismo Hagamos Democracia, dirigido por Luciano García Mejía, para “alterar el orden en los tranques con armas industriales y artesanales”, según los testigos y pruebas presentadas durante un juicio plagado de contradicciones. El abogado defensor Julio Montenegro alerta que la nueva imputación forma parte de una estrategia para tratar de “fortalecer el caso” y empujar un fallo de culpabilidad.

Lenín Castellón, representante de la Fiscalía, presentó una modificación y ampliación de información, en la que supuestamente Mairena y compañía se reunieron en varias ocasiones con García para recibir el dinero. De acuerdo a la nueva acusación, que todavía no está en mano de la parte defensora ni del juez, las pruebas provienen de declaraciones testificales de detectives que “dieron seguimiento a los ciudadanos”.

“Nosotros exigimos el escrito para poder tener una base. No lo presentaron y mientras no se haga no podemos aceptar esta nueva acusación. Quieren vincular a Medardo y compañía con el señor García, porque saben que el juicio de ellos está cojo y no tiene la fortaleza para formular una sentencia contundente de culpabilidad”, explicó Montenegro.

García también es señalado de supuestamente financiar a los estudiantes atrincherados de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli). El director de Hagamos Democracia ha negado rotundamente los delitos por los que se le acusa y ha argumentado que se trata de una persecución de parte del régimen de Daniel Ortega, que le ha obligado a exiliarse en Costa Rica.

Mairena y Mena fueron capturados el viernes 13 de julio en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. Son acusados de terrorismo, crimen organizado y también por el asesinato de cuatro oficiales de la Policía de Morrito, Río San Juan, que murieron a balazos durante un enfrentamiento el 12 de julio.

Después de haber sido reprogramado en tres ocasiones, finalmente este martes se reanudó el proceso judicial y declararon seis testigos. El miércoles, tras una jornada maratónica, un total de 11 personas de 70 que pretende presentar la Fiscalía, brindaron su testimonio.

Julio Montenegro, abogado defensor, denunció anomalías en el proceso judicial. Foto tomada de El 19 Digital.
Julio Montenegro, abogado defensor, denunció anomalías en el proceso judicial. También insistió en el irrespeto a los derechos humanos de sus defendidos. Foto tomada de El 19 Digital.

Anomalías en juicio

Durante la realización del juicio, una de las testigos que se identificó como trabajadora del INSS, afirmó que el pasado mes de julio, mientras celebraban “pacíficamente” que el presidente Daniel Ortega había derogado el decreto al Seguro Social, un grupo de “terroristas” llegaron a atacarlos y ellos (simpatizantes sandinistas) tuvieron que defenderse de la agresión.

Montenegro entrevistó al segundo testigo de la Fiscalía, que era un oficial de la Policía. Este dijo que “estábamos tranquilos, celebrando, y llegaron esos grupos terroristas y nos atacaron con piedras, pero nosotros no nos defendimos”. El oficial aseguró que no lanzaron ninguna piedra y que se retiraron a resguardarse en las casas aledañas, pese a que la trabajadora del INSS dijo lo contrario.

“Después viene un oficial de Tránsito y en cierta forma omite referirse a la situación de lo que se había dado, pero ante la insistencia del suscrito sobre el mismo tema, este terminó aceptando de que sí hubo una confrontación. Hay diferencias entre los tres testigos. Uno dice que había seis policías el día del suceso, otro dice que diez y otro veinte. Esto nos da una idea de si estos testigos en realidad estuvieron en el lugar o no”, manifestó el abogado defensor.

El fiscal enfatizó mucho en la presentación de un vídeo en el que “se comprueba de forma contundente” la participación de Mairena y Mena, además de la líder campesina Francisca Ramírez, en eventos relacionados con destrucción de instituciones del Estado. Antes de presentar las imágenes, Castellón insistió en que esta prueba reafirmaría la versión que el Ministerio Público sostiene en la acusación.

“Sacan un vídeo donde aparece Medardo caminando y viene detrás de él un grupo de personas en una calle adoquinada y todos vienen en una marcha con banderas azul y blanco, pero inmediatamente se hizo un empalme con una imagen que de viaje se nota que es una imagen distinta de otra situación, donde no aparece Medardo, aparecen otras personas y aparecen banderas rojinegras y una tercera imagen que se empalma en la que aparece prácticamente una batalla campal de gente que está detrás de unas barricadas y desde el otro lado gente que anda identificada como miembro del partido oficial”, relató el abogado.

Según Montenegro, este vídeo de la Fiscalía es una “prueba absoluta que constituye un elemento para imputar a Medardo Mairena de que él dirigió, promovió, atacó y produjo daños en el INSS”. El abogado defensor dejó plasmado el daño que el Ministerio Público pretende hacer con un elemento que evidentemente está trucado.

“En materia de derechos humanos, persiste la situación del infiernillo, de las cadenas, del maltrato en la oscuridad. A los detenidos los tienen en celdas aparte y en celdas pequeñas de tres por cuatro, con costo cabe un colchón y permanecen a oscuras con calor. Como no hay ventana y no tienen nada, las condiciones que tienen no son adecuadas”, denunció Montenegro.

La Fiscalía presentó el miércoles a otros dos testigos: el dueño y el conductor de un camión. De acuerdo a Montenegro los dos ciudadanos “hablaron de todo menos de lo propuesto en el intercambio de información y pruebas”. Esto fue rechazado por los abogados defensores, quienes se abstuvieron a realizar preguntas para no validar esta irregularidad.

“Ambos ofrecieron una serie de situaciones que no estaban ofrecidas, y eso dentro del código procesal penal se conoce como deslealtad: sacar puntos a colación cuando esos puntos no están contenidos en el intercambio de información y pruebas”, refirió Montenegro.

Más juicios en Managua

El juicio contra cuatro ciudadanos acusados de matar e incinerar a un trabajador del Estado, comenzó este miércoles en el Complejo Judicial de Managua. Erick Antonio Carazo Talavera, Cristopher Marlon Méndez, Misael Espinoza y Ulises Rubén Toval Ríos son acusados de asesinar a Francisco Ramón Aráuz Pineda, y de provocar lesiones graves a José Antonio Fernández Robles, ambos identificados como colaboradores de la Alcaldía de Managua.

En esta causa también son acusados Juan Ramón Mena y Óscar Giovanni Jaime, quienes todavía no han sido capturados. El Ministerio Público acusa a Mena y a Espinoza como coautores del asesinato de Aráuz Pineda, y de las lesiones contra Fernández Robles.

A los demás los acusa de entorpecimiento de servicios públicos, tenencia, portación y uso ilegal de armas de fuego y profanación e incineración del cuerpo de Aráuz Pineda.

El hecho ocurrió el 16 de junio pasado, el mismo día que seis miembros de una familia, entre ellos dos menores de edad, murieron calcinados en su residencia en Managua por un incendio provocado en una de las jornadas más sangrientas de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el pasado 18 de abril.

La Coordinadora Universitaria informó que este miércoles fueron presentados en los juzgados de la capital Jonathan López, líder universitario de la UNAN-Managua, Pedro José Estrada Ortiz, José Ángel Ortiz Cuaresma, Kevin Roberto Solís, Andrés Eliseo Cruz y Franklin Artola García, también estudiantes de esta universidad pública.

El juicio en contra del líder del Movimiento 19 de Abril en Masaya, Yubrank Suazo, fue reprogramado para el 31 de enero del 2019, informó su abogada Yonarqui Martínez. “Nos reprogramaron por reestructuración de agenda”, agregó.

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