Nación

Intención de la dictadura era matar a manifestantes, destaca informe final

GIEI: Régimen orteguista cometió crímenes de “lesa humanidad”

Entierro estudiante UNAN

Expertos internacionales sugieren investigar al presidente Daniel Ortega, a la ministra de salud y a directores y otros jefes de la Policía Nacional



El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió “crímenes de lesa humanidad” durante la represión a las protestas cívicas, señala el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que a la par recomienda investigar al presidente Daniel Ortega y a directores, subdirectores y jefes departamentales de la Policía Nacional, además de otros funcionarios, por su responsabilidad en los hechos de violencia.

Para evitar que el GIEI presentara ese informe en Nicaragua, el régimen de Ortega y Rosario Murillo, expulsó el miércoles pasado a los cuatro miembros del Grupo, que se estableció en el país a través de un acuerdo firmado por el Gobierno nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente, asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”, indica el documento, que fue presentado este viernes en Washington, Estados Unidos.

Los expertos explican que “esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados, en virtud del principio de competencia universal, y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia”.

Pablo Parenti, miembro del GIEI, manifestó a CONFIDENCIAL que los crímenes de lesa humanidad es la categoría más grave de delito en el ámbito internacional, además que habilita a cualquier país del mundo a juzgar a los responsables de esos delitos.

Explicó que en las condiciones actuales no podría actuar la CPI, pero podría darse que el Consejo de Seguridad de la ONU remita el caso a la Corte, lo que está establecido en los estatutos de las Naciones Unidas. “Cuando el Consejo de Seguridad decide que una situación vaya a la Corte Penal Internacional, no importa si el país firmó o no el estatuto”.

Disparaban a matar

Paramilitares Nicaragua
Paramilitares bajo órdenes de Ortega en Masaya. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

El GIEI analizó, por mandato, los hechos de violencia que se registraron entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasado.  La brutal represión y el acoso a los opositores ocurridos después de esa fecha, no están incluidos en el texto del Grupo, conformado por cuatro expertos de Italia, Guatemala, Argentina y Perú.

En el período de análisis, el GIEI registró al menos 109 ciudadanos asesinados, más de 1400 heridos y más de 690 detenidos por participar en las protestas. Hasta la fecha hay 325 muertos confirmados, más de tres mil heridos, decenas de desaparecidos, más de 600 presos políticos y alrededor de 60 000 exiliados por la persecución política.

“De las 109 muertes analizadas por el GIEI, 95 de ellas se produjeron por disparos de armas de fuego, todos con impactos en cráneo, cuello y tórax”, destaca el informe, que agrega que, de los 1400 heridos, al menos 599 fueron por armas de fuego, lo que “da una dimensión del uso de armas de fuego en el contexto”.

Esta conclusión del GIEI reafirma una investigación de CONFIDENCIAL, que reveló que el patrón de disparos contra los manifestantes: heridas letales en cabezas, cuellos y tórax. Las tomografías de 19 víctimas, en poder de este medio de comunicación, demuestran que los disparos fueron precisos en las frentes, parietales, temporales y occipitales.

El italiano Amérigo Incalcaterra, miembro del GIEI, dijo a CONFIDENCIAL que las cifras demuestran los excesos y la “desproporcionalidad” en el uso de la fuerza. Además, destacó que los 599 heridos con armas de fuego, son ciudadanos que pudieron morir, por lo que la cifra de asesinados sería más escandalosa.

Política de represión gubernamental

“El ejercicio de violencia por parte del Estado no consistió en acto aislados, sino que fue llevado a cabo de manera organizada y en distintos momentos y lugares del país. La reiteración de conductas y la reacción de las autoridades de Gobierno frente a ellas, refleja que no se trató de eventos que se expliquen por la decisión individual de uno o más agentes policiales, o bien por la actuación de grupos civiles que por su cuenta decidieron ejecutar acciones violentas de represión de las protestas, sino que se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”, resalta el informe del GIEI.

Añade que “el GIEI pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armadas paraestatales”.

Daniel Ortega y Francisco Díaz
Daniel Ortega saluda a su consuegro y ahora primer comisionado de la Policía Nacional, Francisco Díaz. Tomado de El 19 Digital | Confidencial

Basados en esto, los expertos recomiendan que se “investigue la responsabilidad en los hechos del presidente de la nación, Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como directores generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), los subdirectores generales Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional”.

Además, se tiene que investigar también a las “autoridades de las distintas delegaciones departamentales y regionales” de la Policía Nacional, las “autoridades de la Policía de Managua, comisionados Sergio Gutiérrez, Fernando Borge y Juan Valle Valle, del departamento de vigilancia y patrullaje, y el jefe de la DOEP, Justo Pastor Urbina, y los jefes de las unidades especializadas que integran el DOEP (Dirección de Operaciones Especiales)”, según el documento.

Parenti comentó que es posible que un Gobierno enfrente un descontrol de la Policía, que comete abusos por decisión propia. “A un presidente le puede pasar, pero un presidente que nunca reconoce (las violaciones) y (en cambio) premia a los jefes (policiales)”.

En agosto pasado, Ortega nombró de manera oficial como director de la Policía Nacional a Díaz, quien es consuegro de la pareja presidencial. Igualmente, ratificó como subdirector al comisionado Avellán, quien es señalado por los masayas de liderar los ataques armados contra los ciudadanos y que dejaron más de 30 muertos en Masaya.

Investigar y juzgar a funcionarios de salud

criminalización
Personal médico del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (Heodra), en León. Carlos Herrera | Confidencial

“El GIEI recopiló numerosa y variada información que da cuenta de la existencia de severas irregularidades y denegación del servicio de atención médica estatal a las personas heridas durante los hechos de violencia”, desvela el informe.

Agrega que “numerosos profesionales que atendieron a los heridos y prestaron servicio en los puestos de emergencia fueron despedidos de sus puestos de trabajo y hasta incluso tuvieron que irse del país por temor a sufrir represalias. El despido y desplazamientos de los médicos también se dio con aquellos que, sin formar parte de estos puestos de emergencia, cumplieron el juramento hipocrático de su profesión y atendieron igualmente a los heridos”.

Los expertos afirman que “todas estas situaciones, que implican un drástico apartamiento de los deberes médicos, deberán ser investigadas y juzgadas cuando existan las condiciones. En este sentido, el GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad de la ministra de Salud, Sonia Castro, y la dirección de cada hospital público, qué rol tuvo la estructura sindical de FetSalud en los hechos, y qué medidas se tomaron—o no— para garantizar a salud pública en casos de suma gravedad”.