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GIEI: “Reparación a las víctimas de la represión”

El primer paso es que el Estado reconozca pública y administrativamente la condición de víctimas a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos

El dolor golpea a las víctimas de la represión de Daniel Ortega y sus familiares. Ninguno de ellos ha podido superar el horror desatado por la violencia del Estado y la ejecución de crímenes de lesa humanidad señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que advierte en su informe que las heridas no podrán ser sanadas sino se imparte justicia, se castiga a los culpables y se repara a las víctimas.

“Nos ha llegado un trauma sobre el que no quiero saber nada. No quiero ver las noticias. Ver tantos muertos me impacta mucho. Cuando veía a las madres, pensaba que no podría aguantar tanto dolor, sin saber que lo iba a vivir yo misma. Cuando uno está cerca de este dolor, duele. Y duele. Nunca me imaginé que lo iba a vivir. Sé que algún día Dios nos va a mandar alguna justicia”, dice una de las madres que dio su testimonio al GIEI.

Este grupo expone en su amplio informe sobre los hechos ocurridos entre el 18 de abril –cuando comenzaron las protestas– y el 30 de mayo un programa de reparación del que se debe hacer responsable el Estado. Este programa debe cubrir al núcleo familiar de las personas que sufrieron ejecuciones extrajudiciales, asesinato, desaparición, así como a los sobrevivientes y el núcleo familiar de las personas que fueron víctimas de detención arbitraria, secuestro, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes “que derivan en situaciones de discapacidades mentales o físicas permanentes o totales; violencia sexual, desplazamiento forzado, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; violación del debido proceso, despidos arbitrarios de instituciones públicas, expulsiones arbitrarias de centros de estudio, perdida de infraestructura familiar productiva y viviendas, así como a los niños que nacieran producto de una violación sexual.

El denominado Plan Integral de Reparaciones (PIR) recomendado por el GIEI tiene la finalidad de “reparar la violación de los derechos humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas de los hechos de violencia generados a raíz de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril del 2018 y se caracteriza por ser complementario con los demás mecanismos que buscan la verdad, la justicia penal y las garantías de no repetición”, establece el informe del grupo de expertos.

Reconocimiento público

Uno de los primeros pasos de este plan, según el GIEI, es que el Estado reconozca pública y administrativamente la condición de víctimas “a quienes sufrieron la violación de sus derechos humanos durante los hechos de violencia generados a raíz de las protestas sociales, de modo de dignificarles frente a la sociedad y contribuir al restablecimiento de la confianza cívica y la solidaridad social”. Ortega y su mujer, Rosario Murillo, por el contrario se han burlado de las víctimas al tildarlas de “golpistas” y “vandálicos” y no reconocer el sufrimiento de quienes sufrieron la violencia desatada desde el búnker de El Carmen, sede de Gobierno y cuarteles de mando de la pareja que dirige la dictadura.

Para el GIEI es fundamental, además, que haya reparación de los daños económicos y sociales “a las personas, las familias y las comunidades víctimas de las violaciones de derechos humanos”. Para cumplir con sus objetivos, los expertos recomiendan implementar lo que llaman “medidas de reparación simbólica” y “medidas de reparación material y modelos de distribución individuales y colectivos”.

La recomendación de los expertos es que se pongan en marcha siete programas específicos que incluyen lo que han llamado como “reparación simbólicas” que permita la reconciliación nacional tras la brutal ruptura hecha por el Estado tras el inicio de la represión contra las manifestaciones. Uno de los “gestos” que recomienda el GIEI tiene que ver con que “los máximos representantes del Estado nicaragüense, en una señal de alto significado, reconozcan la veracidad, asuman y respalden el contenido del presente informe incorporando sus recomendaciones en una política pública nacional. Para ello, se recomienda la realización de una ceremonia pública especial con un mensaje a la Nación, que debería estar traducida en manera simultánea en lenguas indígenas y difundido en todos los medios de comunicación del país (escrita, radial, televisiva). El lugar de realización de dicha ceremonia pública debería ser emblemático y guardar relación con el período de los hechos de violencia generados a raíz de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril del 2018. Una invitación especial para asistir a dicha ceremonia debería ser cursada a las personas y organizaciones representativas de las víctimas, así como a todos los poderes del Estado. Esta alocución especial deberá ser la ocasión para reconocer oficialmente los hechos y sus consecuencias y redignificar a las personas que fueron estigmatizadas y victimizadas en aras de restaurar los lazos de confianza ciudadana”. Ortega, sin embargo, expulsó al GIEI y al Mecanismo de Seguimiento Para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y no reconoció el informe, que señaló de sesgado.

Compensación económica

Otra de las “reparaciones” recomendadas por los expertos está relacionado al tema económico, es decir “compensar monetariamente los daños morales y materiales ocasionados a las víctimas”, lo que permitiría, según el informe del GIEI, “que tengan una proyección de vida hacia delante y un futuro en condiciones de dignidad y bienestar”. Además se debe invertir en programas que permitan a los afectados “recuperar la salud mental y física y se vean devueltas su autonomía y capacidades para reconstruir su proyecto de vida individual y colectiva”.

Una de las recomendaciones clave del GIEI está relacionado a la justicia, que es controlada por los dictadores Ortega y Murillo y que es un instrumento más de su maquinaria represiva. Los expertos de la CIDH que es imprescindible “reestablecer el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos ciudadanos, civiles y políticos a las víctimas, devolviéndoles su estatus pleno de ciudadano, sujeto de derecho”. Para ello recomiendan anular y limpiar los antecedentes policiales, judiciales y penales de los presos políticos, quienes fueron detenidos de forma arbitraria. Además, exige que el Estado inicie un proceso de regularización a las personas que están indocumentadas debido a que las autoridades controladas por Ortega los despojaron de sus documentos de identidad.

Un punto llamativo del informe es que el GIEI también recomienda la “regularización gratuita de la tenencia de tierras y propiedades, utilizando requisitos mínimos de sustento probatorio”, tras la arbitraria expropiación de vatos territorios a manos de las huestes del régimen. Según UPANIC, hasta el 18 de diciembre se mantenía la ocupación ilegal de 32 propiedades en 7 departamentos del país, para un total de 5396 manzanas invadidas.

Garantizar retornos de nicas

La última recomendación del grupo de expertos en el contexto del programa de reparación está relacionada a garantizar el retorno seguro de las “víctimas individuales y familiares de desplazamiento forzado interno e internacional. Más de 40 000 nicaragüenses han huido a Costa Rica desde que el Estado desató la “Operación limpieza”, las caravanas de la muerte lideradas por grupos paraestatales que sembraron el terror a nivel nacional y dejaron, además, decenas de muertos.

Es difícil pensar que la dictadura que lideran Daniel Ortega y Rosa Murillo pongan en implementación estas recomendaciones del GIEI. El grupo, sin embargo, recomienda que “para la puesta en marcha e implementación” del plan se debe crear “un órgano institucional de supervisión, coordinación y ejecución”, que debe asignar “plazos y responsabilidades”. Este nuevo órgano debería gozar de personalidad jurídica, autonomía y liquidez financiera. Además debería estar conformado por un “directivo nacional colegiado”, cuyos integrantes “deberán ser conocidos por su credibilidad, imparcialidad e integridad personal y profesional”.

Decenas de nicaragüenses que han tenido que huir a Costa Rica debido a la crisis sociopolítica en su país, protestan frente a la embajada de Nicaragua, en San José. EFE | Confidencial

También se deberá conformar un “consejo consultivo conformado por representantes de las organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, incluido las organizaciones de víctimas de los hechos de violencia generados a raíz de las protestas”. Los expertos recomiendan también que esta nueva organización tenga oficinas en Managua, pero también en las zonas afectadas por las violencia del Estado. “Dicho órgano tendrá a su cargo el Registro Único de Víctimas para la calificación y acreditación de las víctimas acreedoras de medidas de reparaciones, contará con una asesoría jurídica y será de carácter permanente”, establece el GIEI.

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