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Cosep actúa como vocero oficioso y dice que publicarán un nuevo decreto

Gobierno calla ante decreto que anula estudios ambientales

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“Lo que se está haciendo es un nuevo proceso que busca unificar y facilitar los procesos administrativos”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Cosep



La presidencia de la república y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), guardan silencio sobre el decreto presidencial 15-2017 que eliminó los requisitos de los estudios de impacto ambiental para la ejecución de proyectos, que intervienen en los recursos naturales.

Según el decreto oficial, se trata de un proceso de ¨Actualización del Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales”. Pero el Gobierno no ha brindado ninguna explicación ante el reclamo de organizaciones ambientalistas.

La única versión oficiosa la brindó el presidente  del Cosep, José Adán Aguerri, hablando como vocero de la empresa privada y de su contraparte gubernamental, quien explicó que en la discusión de esta actualización han estado presentes todos los representantes de las cámaras empresariales y las instituciones gubernamentales como Marena, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Instituto Nacional Forestal (Inafor).

Según Aguerri, “lo que se está haciendo es un nuevo proceso que busca unificar y facilitar los procesos administrativos”. Y alegó, ante la ausencia de una versión oficial, que no van a dejar de hacerse estudios de impacto ambiental, sino que se está haciendo una nueva normativa que busca unificar y facilitar los procesos administrativos a las empresas.

Pero cuando los periodistas le consultaron a Aguerri sobre el reclamo de las organizaciones ambientales, que han sido explicadas de este proceso de discusión y negociación, dijo que esa pregunta no la podía contestar él, sino la  presidencia.

“Nosotros participamos como sector privado en la discusión. El gobierno por su lado tiene su vinculación con las otras organizaciones. Eso hay que preguntarlo al gobierno. No tengo idea a quiénes invitan y quiénes no, eso hay que preguntarle al gobierno”, argumentó Aguerri.

CONFIDENCIAL se comunicó con la oficina de Presidencia, Vicepresidencia y Marena, sin embargo, en cada una de las instituciones, no se brindó una respuesta sobre el tema.

Preocupación en organizaciones ambientalistas

Las organizaciones medioambientales han expresado su preocupación, pues consideran que con esta nueva normativa –que según el vocero de la empresa privada se publicará la próxima semana– todos los procesos se van a manejar con discrecionalidad.

Víctor Campos, director del Centro Humboldt, afirmó que están analizando el decreto y que luego, las organizaciones que pertenecen al Grupo Cocibolca, publicarán un pronunciamiento sobre el tema. Aseguró que no se puede decir que el gobierno eliminó los estudios de impacto ambiental, sin embargo, básicamente dieron la potestad a Marena para decidir sobre los procedimientos para la realización de estas evaluaciones.

“Lo correcto es que le dio discrecionalidad, estaba normado y ahora le dio discrecionalidad de hacerlo como mejor le parezca. Marena debe presentar los mecanismos y procedimientos que se van a utilizar”, manifestó Campos.

La aprobación de la ordenanza ocurre en un contexto en el que las distintas organizaciones ambientales y grupos de la sociedad civil, han cuestionado las recientes concesiones que se han otorgado a empresas mineras en el país.

En teoría, para aprobar o actualizar el Sistema de Evaluación Ambiental, también se debe consultar a diversos sectores del país como las organizaciones ambientales o civiles. Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, aseguró que el Gobierno no ha realizado ningún tipo de consulta y esto definitivamente intriga a las instituciones ambientalistas.

“No conocemos qué hay detrás de este decreto. Ni la afectación que van a tener los recursos naturales. De lo que sí tenemos certeza es que Marena es una institución debilitada, con poco financiamiento y capacidad. Si este proceso lo están haciendo para disminuir los requerimientos ambientales, entonces sí está mal. Pero si es para aumentarlos, ordenarlos y mejorarlos, pues diría que iremos por buen camino”, reflexionó Ruiz.

Jaime Incer Barquero, científico y exministro del Marena, consideró que con la aprobación de este decreto, el gobierno va en contra de los esfuerzos que se están realizando a nivel internacional en temas de conservación del medioambiente.

El científico criticó que el Marena no tiene ni voz ni voto en el Gobierno. Además aseguró que una institución que acepta y tolera cosas absurdas como la invasión de colonos a las reservas protegidas, no puede encargarse de algo tan delicado, como es la conservación y protección de los recursos naturales.

“Esto va en consonancia con la negativa de firmar el Acuerdo de París. Nicaragua está en mal predicado, porque siendo un país vulnerable al cambio climático, se le está despojando de los recursos que podemos proteger”, finalizó Incer Barquero.