Economía

Cosep demanda que el cinturón se apriete parejo

Gobierno propone aumentar los aportes que se pagan al INSS

Reforma INSS

Trabajadores aportarían un 0.75% más, y el sector privado un 3.5%, según propuesta extraoficial del Gobierno. Además habría una reforma tributaria



El Gobierno de Daniel Ortega, el sector privado y los sindicatos ya comenzaron las negociaciones para la reforma que rescataría de la crisis al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y que pasaría por aumentar el porcentaje que aportan los trabajadores y las empresas, según una propuesta extraoficial del Gobierno, que circula entre economistas, analistas y medios de comunicación.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, confirmó el inicio de las negociaciones, y aunque justificó que no se referiría en detalle tema, sí sostuvo que el sector privado aspira a un acuerdo tripartido, en el que todas las partes asuman su cuota de responsabilidad para enfrentar el problema.

Desde hace un lustro, el INSS acarrea un déficit que el año pasado superó los 2,373 millones de córdobas, y que  antes de que termine esta misma década le impediría cumplir con sus obligaciones, según previsiones confirmadas por el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Durante el proceso no nos corresponde estar informando qué es lo que se está planteando, qué es lo que se avanza”, argumentó Aguerri. Sin embargo, reiteró que el Cosep ha sido “claro” en que “hay que resolver la sostenibilidad del Seguro Social y hay tres sectores que van a pagar los costos”, en alusión a las patronales, los trabajadores y también al Gobierno.

José Adán Aguerri, presidente del Cosep. Carlos Herrera | Confidencial.

El sector privado había sostenido hasta ahora que no estaba dispuesto a aceptar un aumento en el porcentaje que la patronal aporta al INSS. Actualmente, las empresas pagan al Seguro un 19.5% del salario de cada trabajador, mientras a estos se les deduce del propio ingreso un porcentaje del 6.25%. La propuesta extraoficial que el Banco Central de Nicaragua (BCN) habría presentado al sector privado implica aumentar el aporte patronal en un 3.5% (para un total del 22%) y el del empleado en un 0.75% (para un total de 7%).

“Estamos llegando con la disposición de que si todos compartimos costos, todos tenemos que buscar solución al problema”, alegó Aguerri, e insistió en que “cuando digo todos, es todos”, es decir, también el Gobierno. Según Aguerri, si no hubiera voluntad de alguna de las otras dos partes “tampoco hay voluntad de la nuestra”.

La deuda histórica del Estado y el incumplimiento de Ortega

El Estado acumula una “deuda histórica” con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, desde que en 1979 el primer Gobierno sandinista dejó de pagar la cuota del 0.25% de la nómina salarial de los afiliados activos. Los demás Gobiernos continuaron la práctica, y en 2013 esa deuda se calculó en más de 500 millones de dólares.

Aquel año, el Gobierno actual acordó que pagaría la deuda en cuotas anuales a un plazo de cincuenta años. Sin embargo, durante una revisión en mayo del año pasado, el Fondo Monetario Internacional reveló que el Estado no estaba cumpliendo su contribución de 0.25 por ciento, adicional al pago de su deuda histórica.

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Edificio central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en Managua. Confidencial | Carlos Herrera

“A pesar del acuerdo para resolver la deuda pendiente a fines de 2013, la contribución del 0.25 por ciento al INSS sigue sin incluirse en el presupuesto del Gobierno”, alertó el Fondo Monetario. Según cálculos independientes, el nuevo incumplimiento habría aumentado la deuda en unos 600 millones de córdobas, y no fue hasta octubre del año pasado que el Gobierno incluyó en el Presupuesto General de la República de 2018 una partida de 562.3 millones de córdobas en concepto de pago de la deuda histórica al Seguro Social.

“Si la posición de uno de los actores es decir que ‘a mí me mueve nada’, tampoco nosotros (en el sector privado) movemos nada”, sostuvo Aguerri. El presidente del Cosep añadió que “hay una prioridad superior, y esa prioridad superior nos tiene que hacer que busquemos la salida más adecuada, si hay esa voluntad de que todos ponemos, todos ponemos”, reiteró.

La posición del Cosep también incluye que el tema del INSS se aborde junto a la reforma tributaria, en una revisión integral que parta por valorar el impacto en el crecimiento económico y su sostenibilidad.

“No podés ir a una negociación viendo nada más el INSS sin ver (la reforma) tributaria, porque al final te podés poner de acuerdo en algo y luego (con la negociación) de la tributaria viene algo que no se había visto antes, entonces tenemos que ver integralmente los dos temas”, argumentó.

Otras salidas también tienen sus propias consecuencias

Manuel Ruiz, Adolfo Acevedo
El economista Adolfo Acevedo, y el especialista en temas de seguridad social, Manuel Ruiz, en el programa Esta Noche. Confidencial | Archivo

El economista Adolfo Acevedo asegura que “por supuesto, resulta difícil esperar que el Cosep, el único organismo con el cual el Gobierno discute a puerta cerrada estos asuntos, acepte unas propuestas que descansan en buena medida sobre el aumento del aporte patronal”.

“Esto significa –añade– que existe una buena probabilidad de que el resultado de la negociación sea que se reduzca el aporte patronal propuesto, y que en compensación también se incorporen algunas medidas respecto a las cuales el FMI mostró mayor inclinación: en primer lugar, algún aumento en la edad de jubilación, y en segundo, una reducción apreciable en el monto de las futuras pensiones”.

Sin embargo, el especialista sostiene que “lo que hace que las reformas deban recaer con tanta fuerza sobre el aumento de las tasas de cotización y/o sobre la evolución futura de las pensiones, es que no se contempla, en lo absoluto, que el Presupuesto asuma el financiamiento de aquellas funciones que corresponden a la función de Protección Social del Estado, cuyo financiamiento ha sido hecho recaer sobre el INSS”.

Manuel Ruiz:  “El Seguro Social aún tiene salvación”

Permitir la quiebra del sistema de pensiones, administrado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), atentaría contra la paz social del país, a criterio de Manuel Israel Ruiz, experto en temas actuariales.

Ruiz opina que el problema social de eliminar la pensión reducida, (que es una de las decisiones que aceleró la debacle financiera del INSS) o cargar al Presupuesto General de la República los 55 millones de dólares anuales de su costo, “es un problema pequeño, con relación a que digan que no hay dinero”.

Lo dice porque, en ese caso, el Estado tendría que incluir esos 600 millones de dólares en el Presupuesto anual, para cubrir 30 millones de dólares mensuales que se pagan en concepto de pensión, más lo que se entrega a las empresas médicas previsionales, “así que veríamos cómo esos 144,000 pensionados de vejez salimos a la calle a pedir limosna, y esto es inaceptable en pleno Siglo 21”.

Desde hace varios años, los expertos saben que el Instituto terminaría de gastar un año antes o un año después del 2020, los más de 13,000 millones de córdobas en reservas que logró acumular a lo largo de las últimas décadas, por la sencilla razón de que cada año gasta mucho más de lo que recibe, al punto que el déficit superó los 2,200 millones de córdobas en 2017.

OcupaINSS
Adultos mayores son reprimidos por la Policía Nacional durante el #OcupaINSS Foto:Diana Ulloa

Tres acciones urgentes… y varias más

El experto detalla que la administración del Instituto necesita emprender tres acciones urgentes para resolver su déficit financiero, comenzando por lograr que el Estado le transfiera los recursos necesarios para pagar 51,000 pensiones reducidas de vejez y de viudez, que en 2017 sumaron 1,660 millones de córdobas.

También debería hacerse lo mismo con las dos mil pensiones especiales no contributivas que están a cargo exclusivo del Estado –pero las paga el INSS- con un monto anual de 37 millones de córdobas.

El tercero es lograr que los gastos administrativos del Instituto se limiten al 6.5%, tal como lo establece el acuerdo número 7 del Reglamento Financiero, en vez del 13% y más que se gasta en la actualidad, lo que implica un gasto extra de 1,500 millones de córdobas.

“En 1993, el seguro social tenía 1,200 trabajadores. En 2006 había 1,350 empleados. Al terminar 2017, se están superando los 4,000 trabajadores. El INSS requiere no más de 2,000 personas”, detalló. A su juicio, también hay que revisar los gastos de teléfono, de vehículos, de combustibles, etc., hasta lograr que el gasto administrativo se reduzca al 50%.

Si el Estado asume esos casi 3,200 millones que suman esos tres rubros, “se resolvería de manera inmediata el asunto del déficit financiero que tiene el seguro social… no hay ningún argumento, ni económico ni político, para no reformar el Presupuesto de la República a lo inmediato” valoró Ruiz.

Desde luego, también ayudaría mucho que el Estado pagara en 20 años (y no en 50) los 500 millones de dólares que adeuda al INSS, y que las inversiones dejen de hacerse de manera discrecional. “Vemos los edificios en los que se han invertido parte de los recursos del INSS, pero no conocemos la rentabilidad que están dando esas inversiones”, sintetizó.

No es con los empleadores

Hasta ahora, las autoridades se han concentrado en negociar con los representantes de los empleadores, pero no con los sindicatos, las organizaciones de jubilados, la academia, los expertos, o cualquier representante de los cotizantes que viven dentro o fuera del país, y tienen derechos adquiridos ante la seguridad social, ni nadie más que tenga algo útil que aportar, lo que Ruiz considera un error.

“Me parece que el Gobierno se está equivocando absolutamente al promover esas reformas en sus reuniones en la sede del Banco Central con los empleadores. Es una equivocación grave, gravísima, como la que pasó en 2013. Los empleadores deben estar claros que esas reuniones no resuelven el problema integral de la seguridad social”, advirtió.

“Más bien están promoviendo que una segunda reforma fracase, igual que la primera, (la que se hizo en 2013 para aplicarse en 2014) que fracasó el año pasado. Ni en Nicaragua, ni en ninguna parte del mundo donde hay problemas de seguridad social, se ha resuelto porque se reúnan los funcionarios públicos con una parte de la empresa privada”, argumentó.