Economía

Gobierno sacrificó a las alcaldías para lograr ‘ahorro’

Hacienda inventó una nueva sigla para justificar el colapso económico provocado por el régimen: el IFGE (Intento Fallido de Golpe de Estado)

Durante el primer semestre de 2019, el Ejecutivo logró un ‘aumento de disponibilidades’ de 5237.8 millones de córdobas, gracias básicamente, a un recorte en los gastos, en especial, aquellos destinados a financiar la construcción, rehabilitación o renovación de obras de infraestructura en los municipios del país.

Esa fue la reacción principal ante el hecho que los ingresos previstos en el Presupuesto 2019, fueran 11 000 millones de córdobas menor que los originalmente previstos para 2018 (y un poco más de 3560 millones del monto finalmente ejecutado ese año), y de que el déficit pasara de 6352 a 10 263 millones.

Si bien 5237.8 millones de córdobas suenan a fortuna, no lo son tanto desde el punto de vista de la administración de un país, siendo que “son menos de 200 millones de dólares”, como señaló un antiguo funcionario de una dependencia adscrita al Ministerio de Hacienda.

“Este superávit de carácter temporal es consecuencia de mejora en los resultados de la recaudación tributaria, medidas de contención en la programación del gasto y fondos rotativos desembolsados pero pendientes de rendición a junio 2019”, reconoce el Informe de Ejecución Presupuestaria del primer semestre de 2019, preparado por la Dirección General de Presupuesto, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El problema es que ese superávit se alcanzó golpeando la actividad empresarial a todos los niveles, al aumentar la recaudación en 981 millones de córdobas, gracias a la reforma tributaria vigente a partir de marzo 2019, y a las “medidas de contención en la programación del gasto”, lo que significó una profunda reducción de la entrega de recursos a distintas entidades del gobierno, especialmente a las alcaldías municipales.

El documento especifica que esperaban destinar 6416 millones de córdobas en concepto de transferencia municipales, monto del que ya se debería haber entregado cerca del 50%, o sea poco más de 3200 millones.

En vez de eso, las transferencias municipales suman solo 1136 millones, lo que es poco más de un tercio del monto a entregar en el primer semestre, y apenas 17.7% de lo previsto para el año entero. El monto sin entregar supera los 5279 millones.

El problema, como lo explican los expertos, es que retirar dinero de la economía –y más cuando se hace en esas cantidades- contribuye a ralentizar la actividad, lo que a la larga significa que disminuirán las recaudaciones, al haber menos construcción, por ejemplo, lo que afecta el empleo, el comercio de alimentos, materiales, el transporte, etc.

Uno de ellos es el economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades), quien señala que si bien la finalidad principal de la reforma tributaria es “recaudar más”, no cree que esa “decisión de corto plazo” tenga el efecto deseado, en especial, cuando concluya el efecto inflacionario inicial generado por la reforma misma.

Cuando los precios se asienten, la administración Ortega se encontrará con el hecho que como la economía no crece –y de hecho, sigue cayendo– la reforma tributaria no generará los rendimientos esperados, reiteró el estudioso.

Solo se ha ejecutado 36.4% del PIP

Además de cerrar grifo a los municipios, la administración también apretó el cinturón a los empleados estatales. Por una parte, porque la masa salarial solo creció 3.4% con respecto al primer semestre de 2018, y por otra, porque siguen sin darles el reajuste salarial.

“En el caso de las remuneraciones o servicios personales, el monto ejecutado es de C$12,559.6 millones, y presenta un desempeño… superior 3.4% a lo observado en igual período 2018, originado por nuevos empleos en los ministerios de Salud y Educación, así como por aumento del gasto en la Corte Suprema de Justicia y Policía Nacional”, señala el informe.

El documento admite que se está aplicando un “control” sobre las plazas vacantes, y que el ajuste salarial del 5.0% “no se ha aplicado”.

Hasta junio pasado, las remuneraciones en el Estado representaron dos tercios del total de los 28 366 millones de córdobas usados en gasto corriente, monto superior 0.6% si se le compara con el desempeño del mismo periodo de 2018, pero “menor a la tasa promedio de crecimiento interanual del presupuesto actualizado de 4.2% y del presupuesto inicial aprobado de 3.6%”.

De todas las partidas presupuestarias, la que más sufrió fue la que detalla el gasto de capital (básicamente, las inversiones que hace el Estado para crear, conservar o mejorar la infraestructura productiva), dotada con 19 897 millones de córdobas para el año completo.

“El monto ejecutado enero/junio 2019 es de 7327.5 millones, equivalente a 36.8% del presupuesto anual, lo cual es un poco menor al desempeño alcanzado en igual período 2018 (39.9%), y con tasa de crecimiento negativa de 26.1% con relación a lo observado enero/junio 2018”, detalla Hacienda.

Las razones que esgrimen para explicar esa subejecución son las “limitaciones financieras en el período en mención”, por lo que “los desembolsos de la transferencia de capital municipal se han desfasado, a los efectos de coadyuvar a resguardar la estabilidad de las finanzas públicas y proteger el gasto social básico a la población”.

Ese lenguaje vagamente técnico no deja vislumbrar el hecho que las alcaldías solo han recibido 665 de los 5358.5 millones de córdobas, equivalente a 12.4% del total de todo el año.

En contraste, la Empresa Portuaria Nacional ha recibido el 54.3% de sus recursos; el Ministerio de Defensa, el 68.5%; y hasta el Consejo Supremo Electoral puede felicitarse por haber recibido ya el 69.8% del dinero presupuestado.

Una mirada más detallada permite comprobar que solo se ha ejecutado el 36.4% delos 17 157.1 millones de córdobas destinados al Programa de Inversiones Públicas (PIP), que tiene proyectos de “construcción, ampliación y/o rehabilitación de infraestructura, incluyendo estudios y diseños, y la adquisición de maquinaria y equipos que es complementaria para el funcionamiento de dichos proyectos”, tal como lo define el Informe.

Finalmente, los 6245.4 millones del PIP que sí fueron ejecutados, representan una reducción de 29.6% con respecto al primer semestre de 2018, “lo que se origina por menor ejecución con recursos de fuente interna, principalmente en los desembolsos de la Transferencia Municipal y al Ministerio de Transporte e Infraestructura”, asevera el texto.

Este corte de recursos ocurre para “readecuar la programación trimestral de estos gastos a los ingresos ordinarios percibidos en el período, de modo de mantener el equilibrio presupuestario entre ingreso y gastos”.


Por culpa del IFGE (Intento de “Golpe”)

En su afán por no reconocer sus errores, la Administración de Daniel Ortega se empeña en culpar de la debacle económica, a la ciudadanía que reclama libertad, al punto de crear el acrónimo IFGE, para referirse al supuesto ‘Intento Fallido de Golpe de Estado’, que repite la versión oficial.

En el citado Informe de Ejecución Presupuestaria, se asegura que el menor comportamiento de la recaudación “es resultado de las acciones de violencia y desestabilización en el marco del Intento Fallido de Golpe de Estado (IFGE) iniciado en abril de 2018, lo que afectó los niveles de la actividad económica, empleo y consumo, y por ende la recaudación”.

Al intentar explicar el -6.3% observado en la recaudación de las rentas del trabajo, se asegura que eso es “consecuencia de la reducción de los asalariados en el sector privado, dados los efectos negativos en distintos sectores económicos por el IFGE”.

Otro tanto ocurre al tratar de entender que el monto recaudado a junio por rentas de las actividades económicas, sea menor en 594.5 millones de córdobas (5.4%), que los montos acumulados por ese concepto al mismo mes de 2018, “como consecuencia del bajo nivel de actividad económica observada en el año 2018, afectado por las acciones del IFGE”.

Finalmente, se menciona que la Dirección General de Ingresos pudo implementar “mejoras en la administración tributaria que, por sus rendimientos, impidieron que el efecto negativo en la recaudación producto del IFGE se profundizara”.

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