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“Grave” expulsión de la CIDH ante escalada represiva

Relatora de la CIDH para Nicaragua desmiente y contradice argumentos de la Cancillería de la dictadura

A falta de argumentos técnicos, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo recurrió a una pifia política para expulsar del país al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asociados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El canciller Denis Moncada basó sus argumentos en una serie de declaraciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en las que condenaba la deriva política de la dictadura Ortega-Murillo. De acuerdo a la lógica oficial, estas declaraciones con intenciones “golpistas” desacreditaban la labor de la CIDH y el GIEI en Nicaragua, pese a que ambas instancias son absolutamente independientes de la secretaria general de la OEA.

Incluso la Cancillería orteguista, en una demostración rampante de desconocimiento de la jerarquía de estos organismos, acusó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de estar confabulado en el afán golpista con Almagro.

Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua, recibió en su natal Chile con sorpresa la decisión del régimen de El Carmen. “Decir que todos estos órganos de protección son parte de la labor injerencista del Secretario General no merece ningún análisis”, desestimó la relatora.

En cambio, Urrejola mostró gran preocupación por esta expulsión ante un contexto de agravamiento de la represión y el cierre de espacios democráticos en Nicaragua. “Lo que quedaba de disidencia pública organizada eran estas asociaciones civiles y la prensa, y hemos visto la represión hacia ellos. Ha habido un aumento de represión que cercena cualquier espacio de disidencia”, alertó la relatora en entrevista con Confidencial. Desmintió cada uno de los argumentos esgrimidos por la cancillería de la dictadura Ortega-Murillo.

 

¿Qué le parece la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de expulsar a los mecanismos de la CIDH, el GIEI y el Meseni?

La carta oficial y la reunión, en la que estuvo tanto el GIEI como el Meseni, el lenguaje que usó el gobierno fue de suspensión temporal mientras se den las condiciones para que podamos volver. Sería bueno saber cuáles son las condiciones. Nos parece muy lamentable puesto que el Estado de Nicaragua es parte del Sistema Interamericano de derechos humanos, y como tal está obligado  cumplir las convenciones y tratados que ha ratificado; por lo tanto está sujeto al monitoreo de la Comisión. Una de las recomendaciones que le hicimos al Estado en nuestro informe el 17 de mayo fue crear el Meseni y el GIEI. Nicaragua de manera soberana acogió esas recomendaciones. En ese contexto el Meseni se instaló para hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos, para hacer monitoreo de las medidas cautelares y las demás recomendaciones que el informe establecía.

Para nosotros el Meseni es un mecanismo permanente. Esta situación a nuestro juicio pone en duda el cumplimiento del Estado de Nicaragua con respecto al cumplimiento del mandato que, libre y soberanamente, se ha comprometido a seguir.

Lo del GIEI es una situación un poco más distinta. También era una recomendación de nuestro informe, y la instalación del GIEI fue en razón de un acuerdo que firmó la Secretaría General de la OEA, la CIDH junto con el Estado de Nicaragua. El GIEI ya estaba terminando su mandato. Este jueves (20 de diciembre) presentaba su informe. Entonces la verdad nos parece inexplicable que el Estado no haya esperado un día para que el GIEI haya podido terminar su labor. Era muy importante que el GIEI pudiera presentar su informe en Managua a los nicaragüenses, a las víctimas, familiares… y al propio Estado. Esperemos que, como ellos hablan de suspensión temporal, podamos volver prontamente.

 

Es decir que ninguno de los dos mecanismos pudo terminar su labor… Miembros del GIEI dijeron que el régimen les “sugirió” que no presentaran el informe en territorio nicaragüense. ¿Qué opina?

Vamos a evaluar porque el hecho que el GIEI no pueda presentar su reporte en  Nicaragua, es una pena para los nicaragüenses. A nosotros nos parecía importante, simbólico, porque el GIEI se constituyó en Managua. Pero sin perjuicio, el informe ya está y lo hará público desde otro lugar.

 

El régimen envía a la OEA un documento dirigido a Luis Almagro y acusa al GIEI de violar los acuerdos que tenían.

Leí el documento y dicen que el GIEI no cumplió los acuerdos, y por otro lado a la CIDH la trata de sesgada. En varias ocasiones el GIEI mandó algunas comunicaciones al Estado para poder reunirse. Entiendo que no recibieron respuesta. Por otro lado, ellos habían pedido una reunión con el canciller para poder conversar con el informe. Esa reunión no se dio y, en cambio, fue la reunión de este miércoles con el Meseni en Cancillería.

 

El argumento que deja entrever este documento presentado por la Cancillería es político. Acusan a Almagro de ser injerencista, y emitir comentarios contra Nicaragua… por lo tanto, dice el gobierno de Daniel Ortega, los mecanismos de la CIDH quedan automáticamente descalificados por injerencismo. ¿Cómo ven ese argumento?

Lo primero que me llama la atención es que hacen una acusación de las declaraciones que, en diversas ocasiones, ha hecho el Secretario General de la OEA. A partir de eso dan a entender que de alguna manera la CIDH, el Meseni, el GIEI, e, incluso, el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas son parte de esta injerencia de Almagro. Es necesario reiterarle al Estado de Nicaragua, como a todos los nicaragüenses, cuál es el estatus que tiene la CIDH: Es un ente autónomo, independiente; es verdad que está en la carta de la OEA pero nuestra labor y carácter fundamental es la autonomía. Nosotros no recibimos ningún tipo de instrucción ni de parte del Secretario General de la OEA ni tampoco de los Estados miembros.

El Meseni es un mecanismo propio de la CIDH. El GIEI es un grupo de expertos independientes; su nombre lo indica. Efectivamente, el nombramiento del GIEI lo hizo el Secretario General a propuesta de la CIDH. Sin embargo, la naturaleza del GIEI es su independencia, tanto es así que nosotros como CIDH no hemos trabajado con el GIEI en su informe. Ese informe lo vamos a conocer públicamente cuando el GIEI lo dé a conocer al país y al mundo. Por lo tanto, ellos menos reciben instrucciones de Almagro. Luego, se hacen señalamientos al Alto Comisionado de Derechos Humanos, que es un órgano de Naciones Unidas y ni siquiera es de la OEA. Decir que todos estos órganos de protección son parte de la labor injerencista del Secretario General no merece ningún análisis.

 

El documento de Cancillería detalla una lista de acciones que el gobierno le brindó a la CIDH. ¿Hubo colaboración abierta con el Meseni y el GIEI?

Varias veces lo he señalado: Cuando realizamos nuestra visita del 17 al 21 de mayo en Managua, efectivamente recibimos colaboración de parte del Estado. Nos reunimos con las autoridades estatales que habíamos solicitado. Tuvimos acceso a información. Pudimos visitar las cárceles. Posteriormente volví a Managua y también pudimos ingresar a El Chipote. Al comienzo era una colaboración abierta, tengo que decirlo. Luego una colaboración con algunas condiciones y problemas. Pero para ser claros, el 16 de julio fue la última vez que el Meseni pudo entrar a un recinto carcelario. Fue a La Modelo. Nos reunimos con unos presos pero no nos dejaron entrevistar a todos los presos que queríamos. Solo se nos dejó ingresar a una parte de la cárcel. Con posterioridad a eso, visitó el país el relator de personas privadas de libertad, Joel Hernández, y no fue recibido por ninguna autoridad del gobierno. No pudo visitar las cárceles. La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, tampoco fue recibida por el Estado. Es decir, de haber una colaboración abierta al comienzo luego se fue restringiendo… y a partir del 16 de julio no vimos nada de colaboración. Es más, no nos contestaban las solicitudes de información.

La única comunicación que hemos tenido de parte del Estado ha sido respecto a las medidas cautelares. Son respuestas cortas. Pero otras, para serles francas, no son respondidas. El Estado persiste en no presentarse a las audiencias públicas que hace la CIDH en sus períodos de sesiones.

 

Ana María Tello, quien encabeza el Meseni, habla de más de 60 comunicaciones diplomáticas sin respuestas…

Efectivamente: Al principio hubo colaboración abierta, visitamos los lugares que quisimos, y luego, después de junio, empezaron a poner problemas, a poner condiciones para nuestra movilidad. A mediados de julio cero colaboración, y nosotros como una práctica continuamos enviando notas diplomáticas, solicitando visitas a recintos carcelarios, solicitando información especifica sobre denuncias y no recibimos respuesta alguna.

 

En el caso del GIEI, denuncian que ni siquiera pudieron acceder a un solo registro de la Fiscalía u otro. ¿Cómo valoran esa cerrazón?

El GIEI lo ha había comunicado y le hicimos ver al Estado nuestra preocupación en su momento sobre la falta de colaboración. El acuerdo que suscribió con la CIDH y la Secretaría General de la OEA señala que el rol del GIEI era coadyuvar en las investigaciones, y la obligación del Estado era facilitar la información. El GIEI jamás ha sustituido al Poder Judicial, al Ministerio Público, ese nunca fue su objetivo. Pero sí para poder coadyuvar en las investigaciones requería acceder a la información y nunca sucedió.

 

La CIDH emitió este miércoles un comunicado hablando del agravamiento de la represión en Nicaragua. ¿Cómo ven que ustedes informan eso y horas después expulsan a sus mecanismos?

En las últimas semanas hemos visto un agravamiento de la situación. El relator de la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, junto con el de Naciones Unidas publicaron un comunicado conjunto llamando la atención sobre el hostigamiento y las amenazas a la prensa y a los periodistas. A raíz de lo sucedido con organizaciones de la Sociedad Civil y de derechos humanos, como también como la situación que vivió el periódico Confidencial, la CIDH ve un agravamiento de la represión. También un cercamiento de los espacios democráticos. Se han ido arrinconando toda expresión de disidencia así como vimos en la primera etapa una represión a través de la policía y los paramilitares en las calles con el resultado de muertos que todos conocemos. Luego detenciones ilegales, juicios a puertas cerradas… lo que quedaba de disidencia pública organizada eran estas asociaciones civiles y la prensa, y hemos visto la represión hacia ellos. Ha habido un aumento de represión que cercena cualquier espacio de disidencia.

 

Con la expulsión de la ONU y los mecanismos de la CIDH de Nicaragua, la gente se siente un tanto desamparada. ¿Dónde van a acudir? ¿Qué mensaje podría darle a la población?

Puedo entender eso porque el equipo del Meseni, que era un equipo pequeño, ha hecho una labor invaluable. Si bien nosotros ya no teníamos mandato amplio para visitar las cárceles o salir de Managua, lo que era un problema, siempre dijimos vamos a permanecer en el país mientras podamos. Nos parecía importante recoger de primera mano los testimonios de las víctimas y sus familiares. El hecho que salga el Meseni no quiere decir que la CIDH no va a seguir monitoreando la situación. Vamos a seguir presentes con la misma atención que le hemos puesto… vamos a seguir recibiendo todas las denuncias que nos hagan los familiares, las víctimas, las organizaciones, los periodistas. No es la situación ideal. Lo ideal es estar en el país pero quiero decirle a la gente que el hecho que no esté el Meseni allí, no quiere decir que la CIDH no siga con su mandato. Ese mandato es clarísimo y lo vamos a seguir ejerciendo sea desde Washington, desde Chile, o desde donde estemos. Vamos a seguir muy pendientes de ustedes.

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