Opinión

Guerra y paz

Sería una tontería pensar, como pretende Ortega, que el fin del conflicto se debió a los acuerdos



En la edición de La Prensa del 23 de marzo, Humberto Ortega, quien dirigió la guerra sandinista de los ochenta, escribió un artículo de opinión con referencia a los acuerdos de Sapoá, con los cuales se puso fin, hace treinta años, al conflicto bélico entre los sandinistas y la Contra. Sin embargo, sería una tontería pensar, como pretende Ortega, que el fin del conflicto se debió a los acuerdos. Es al inverso, el conflicto, en su fase de declive, debido al desgaste inmenso de recursos físicos y humanos, condujo a los acuerdos en los términos que fueron suscritos.

Naturaleza y tendencia de la guerra

Un diálogo de paz no es como un jurado de conciencia en el que los argumentos y pruebas resultan decisivos. En toda negociación, en cambio, y más aún en la negociación durante un conflicto bélico, lo decisivo es la tendencia de cambio de la correlación de fuerzas, luego de enfrentamientos concluyentes. El contenido de la paz, al fin de cuentas, lo decide el curso de la guerra.

Lo central, entonces, para un historiador, no es señalar el fin del conflicto, sino, la causa de la guerra, la alineación social, económica, militar en torno al conflicto, y la tendencia objetiva de cambio de las posiciones originales a medida que se desarrolla la suerte del conflicto. Es decir, lo esencial es el origen de la crisis y los efectos de la guerra en la sociedad.

La población, que experimentaba las consecuencias destructivas de esa guerra sin sentido, y que deseaba la paz, no estaba a favor de ninguna de las fuerzas en conflicto. Era una guerra, por ambos bandos, al margen de la nación. El sandinismo defendía su poder burocrático, y la Contra fue sólo un instrumento de los intereses geopolíticos norteamericanos.

Para una fuerza progresista, en cambio, la conducción acertada de una guerra con reivindicaciones programáticas consiste en mejorar los factores objetivos que soportan una solución favorable para la población. La de los ochenta, no fue ni una guerra social ni una guerra patriótica, sino, marginal, antinacional, estúpida.

Tesis histórica sobre la década perdida de los ochenta

El sandinismo se entrampó a sí mismo, y arrastró al país hacia el barranco. La única forma que eso fuese posible era porque el poder sandinista era absoluto y, además, subjetivamente torpe.

Por voluntarismo exacerbado, propio del subjetivismo extremo de la experiencia guerrillera, el sandinismo creó un modelo político de poder burocrático insostenible, sin apoyo social, que no podía, ni quería revertir voluntariamente (ese encumbramiento obsceno sobre la sociedad), sin una guerra de desgaste total que justificara un acuerdo impuesto por la fuerza beligerante. En este caso, por Estados Unidos. Es decir, cualquier avance democrático sólo era posible a medida que el sandinismo fuese derrotado.

Los acuerdos de Contadora y de Esquipulas no le permitían a la burocracia militar emprender cambios democráticos unilaterales, porque al sandinismo, que se involucró como peón insignificante en la guerra fría de la época, le faltaba la aprobación norteamericana para garantizar militarmente, con la sobrevivencia del EPS, su propia sobrevivencia.

Este afán de sobrevivir militarmente al desastre provocado inútilmente, conducía a la dirección sandinista a su derrota política, con la lógica desvergonzada de la piñata en una actitud indiferente al colapso del país. O sea, para los sandinistas lo que estaba en juego no era, siquiera, el poder político (ya que carecía de un efectivo programa de transformación social), sino, el poder militar.

A este voluntarioso e irracional proceso regresivo violento, con 33 mil jóvenes muertos por ambos bandos, Humberto Ortega le llama, con cierto cinismo histórico: ¡la forja de nuestro particular proceso democrático! Para la nación fue, en cambio, una década perdida, objetivamente desastrosa.

Acuerdos de Sapoá

Ortega, en calidad de presunto historiador, escribe como si los acuerdos de Sapoá fuesen el objetivo de la guerra, porque desea crear la sensación que el conflicto fue exitoso y que sirvió para algo.

Ortega escribe en dicho artículo:

El Acuerdo de Sapoá fue un proceso prolongado, complejo, difícil.

No es cierto. Políticamente, el proceso prolongado, complejo, difícil, fue el desacuerdo. Fue la derrota creciente experimentada por el sandinismo como poder burocrático al margen de la sociedad. Sapoá es casi el hito final del cronograma complejo de la caída del sandinismo como gobierno excluyente, que fue haciendo concesiones formales en Contadora y en Esquipulas a causa del agravarse de la guerra. El hito final, de la derrota sandinista, será la expresión de la voluntad ciudadana en las elecciones de febrero de 1990.

En la guerra, además de objetivos estrictamente militares, hay objetivos económicos, sociales, políticos, y cada uno, según las circunstancias, puede ser decisivo para definir el desenlace militar. El sandinismo, políticamente enceguecido, desde su experiencia guerrillera subjetiva nunca vio más allá del reducido escenario militar.

En los acuerdos de Sapoá, el elemento central para el sandinismo fue la sobrevivencia del EPS como ejército nacional, con la esperanza mísera que fuese el garante de la vida y hacienda de los jerarcas sandinistas.

De modo que, al reducir sus expectativas a ese fin extremadamente sectario, no se percatan aún de su derrota militar como gobernantes, y como conductores políticos. Ni del peso de la tragedia que produjo en la sociedad su proyecto burocrático militarista.

Fundamentos del poder sandinista

Ortega, en una entrevista del año pasado afirma que:

De perder las elecciones no estaban en riesgo las bases fundamentales del poder sandinista, en particular, nuestras Fuerzas Armadas y Policial.

Es decir, que la esencia del poder sandinista –para Ortega- era el ejército y la policía. Con lo cual, desde esta perspectiva obtusamente militarista, es la sociedad la que está en función de estos órganos represivos, no viceversa.

Es un concepto organizativo marginal, mercenario, no político o nacional.

A Ortega, en su escrito, no se le ocurre, siquiera, indagar los efectos de la guerra en la economía, en el orden jurídico, en los derechos ciudadanos, formales y reales, sobre la base de las condiciones de existencia de la población. Ortega no se pregunta, siquiera, ¿por qué la Contra cuenta con una genuina base social campesina? ¿O cuál es el objetivo político de la guerra? Su único interés es la sobrevivencia del EPS.

La esencia de la revolución para Ortega

Escribe Ortega en su artículo:

El Plan Reagan-Wright, exige la disolución de nuestro Ejército, y nuevas elecciones presidenciales: el fin de la revolución.

O sea, Ortega sintetiza la revolución como la existencia del ejército sandinista, unida a la falta de elecciones libres. Es una visión neciamente burocrática, miserable, del fenómeno histórico de una revolución. Que debiera contener una iniciativa social, no burocrática, sobre cambios políticos, económicos, sociales, para el desarrollo sostenible del país.

Propuesta de cese al fuego

Escribe Ortega:

Daniel Ortega entrega a Wright la propuesta de 11 puntos para alcanzar la concertación del “Cese del fuego total” con la Contra

La propuesta daba una señal a los Estados Unidos que los sandinistas estaban cediendo en 1987, a causa de la presión. Así lo interpretó el Departamento de Estado:

“Nuestra estrategia dual, de presión y diplomacia, ha conseguido que los sandinistas inicien la negociación con los rebeldes”.

¿Derrota de Reagan?

Ortega escribe en su artículo dos o tres postulados falsos simultáneamente:

Los acuerdos de Sapoá obligan a EE.UU. a reconocer la existencia legítima del EPS, con lo que Ronald Reagan sella su derrota, al fracasar su intento de sustituir al EPS por la Contra.

¡Qué tontería! La estrategia de Estados Unidos es política, más que militar. La Contra, a la que no le permiten levantar ninguna reivindicación campesina, es simplemente un elemento de presión, no un objetivo de poder. Más bien, para los norteamericanos es un elemento descartable políticamente, que abandonarán efectivamente a su suerte. Los Estados Unidos no pretenden sustituir al EPS por la Contra, sino, derribar políticamente al gobierno sandinista, que crea ruido caótico en su zona de influencia.

Por los acuerdos de Sapoá los norteamericanos obtienen concesiones políticas, que producen la suspensión del apoyo a la lucha del FMLN, que debilitan el proyecto burocrático sandinista, y que crean condiciones para su derrota, lo que permitirá desligar al EPS del partido sandinista, y someterlo al poder civil que resulte de elecciones libres.

Si se desea determinar cuál es la parte derrotada militarmente, basta con ver la dinámica política que se desprende inmediatamente de los acuerdos de Sapoá.

Cambios cualitativos en la historia

Insiste Ortega en enredar los hechos:

El gobierno sandinista asegura las primeras elecciones libres de Nicaragua, que permiten el triunfo de doña Violeta Barrios, y hace posible que el EPS suspenda el servicio militar, y que la Contra se desarme totalmente.

La historia no ocurre de forma lineal, ni con cambios cuantitativos que expresarían, incluso en la derrota, una única voluntad superior, que Ortega se atribuye a sí mismo.

La solución de la contradicción produce cambios cualitativos, cambios en la correlación de fuerzas, realineamientos sociales, cambios electorales, cambios de agentes en el poder, y cambios de programas de gobierno. El sandinismo es derrotado electoralmente por la población, en contra de los propios pronósticos sandinistas, que desechan despectivamente la voluntad ciudadana.

El nuevo gobierno es quien suspende el SMP y obtiene el desarme militar de la Contra, una vez que ha caído el gobierno sandinista.

Con su caída, el sandinismo burocratizado, fuera del poder, sin definición política, se fragmenta en busca de identidad en la nueva realidad. Y sin perspectiva política, moralmente en bancarrota coge en sus bolsillos lo que puede en la anarquía de la piñata.

El EPS, ostensiblemente reducido, intenta adecuarse por su cuenta al nuevo marco constitucional, y entra a un periodo de hibernación como ejército nacional (en buena medida, gracias a la apremiante destitución de Humberto Ortega como jefe del ejército, en febrero de 1995). Del proyecto sandinista no queda nada, sólo destrucción, muerte, polarización, una pesadísima deuda interna y externa, impunidad, y atraso considerable para el país.

La lucha por derechos políticos y sociales es la única alternativa ante la opresión

Ortega concluye con un despropósito mayúsculo en la actualidad dictatorial:

¡Jamás perderemos la paz ni la ruta compleja de forja de nuestro particular proceso democrático!

La paz se pierde con la opresión absolutista.

Lo que no deberíamos permitir jamás, es que la ambición desmedida de quien pretende construir nuevamente un poder absolutista nos enrute, otra vez, a una guerra desastrosa estúpida.

Ahora que Daniel Ortega ha revertido neciamente los acuerdos de Esquipulas II, el proceso de democratización pasa por la lucha social para desmontar nuevamente las estructuras de la opresión, a fin de imponer los intereses de la nación sobre la discrecionalidad y la corrupción del orteguismo, dictatorialmente en el poder. Dictadura que conduce a la incertidumbre de una nueva guerra destructiva inútil, que ya se perfila con crisis, con medidas de austeridad para la población, y con evidentes amenazas económicas para la sociedad.