Política

“Habrá más sanciones si Daniel Ortega no cesa la represión”

Melvin Sotelo, delegado de la UNAB ante la Unión Europea, asegura que sanciones son mensaje claro para que el régimen de Ortega desmonte la represión

La brutal represión del régimen de Daniel Ortega contra los manifestantes opositores, la falta de democracia, pero además la negligencia con la que han reaccionado ante la pandemia mundial de coronavirus al exponer a toda la población nicaragüense, han impulsado que el pleno de la Unión Europea (UE) haya decidido sancionar a seis altos funcionarios de la dictadura en Nicaragua, lo que podría ser el inicio de más sanciones individuales y colectivas, afirma Melvin Sotelo, delegado de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en la UE.

“A pesar de que Daniel Ortega haya venido ofreciendo (cambios en Nicaragua) no hace nada en hechos concretos y por eso hay un hartazgo. Todos los países europeos se han dado cuenta realmente que no quiere una solución pacífica, democrática, ni negociada”, explica.

Este lunes la UE sancionó al director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, así como los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que controla la cárcel El Chipote; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional. La lista de castigados la completan el colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, y la exministra de Salud, Sonia Castro.

Los seis funcionarios sancionados por la Unión Europea ya habían sido sancionados por Estados Unidos; además Díaz, Castro y Moncada Lau también fueron sancionados por Canadá.

Para Sotelo, la decisión de los países europeos, aunque tardó en llegar, es un mensaje claro para el régimen Ortega “que si no hace caso” en enrumbar al país vendrán nuevas sanciones.

“Las sanciones aplicadas le están diciendo a Ortega: ¡Basta ya de represión y desmontá el aparato represivo!”, indica el representante de la UNAB en Bruselas. Por ello, estas primeras sanciones fueron aprobadas por el Consejo Europeo, integrado por los cancilleres de todos los países de la UE, contra funcionarios visibles de la represión del régimen contra la población nicaragüense.

Podrán llegar más sanciones

“Estas medidas están dirigidas a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense”, según una declaración de Josep Borrell, alto representante de  Política Exterior y Seguridad de la UE.

Al respecto, Sotelo cree que las próximas sanciones de la UE podrían ser para otros operadores políticos y represivos del régimen de Ortega en otros poderes del Estado.

Aunque admite que hay sectores de la izquierda que han tenido simpatía histórica con el sandinismo que representó alguna vez Ortega, la condena contra la represión “es aplastante”.

También manifestó que no habrá nuevos desembolsos de instituciones europeas para Nicaragua, particularmente por el tema del coronavirus, si no que habrá “una reorientación de fondos pero con una mayor vigilancia” sobre esos desembolsos y sobre el uso de ese dinero.

Sanciones a funcionarios orteguistas podrían escalar

Las sanciones de la UE y el Reino Unido a seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo también son otro “duro golpe” para la cúpula gobernante y  representan “un mensaje directo” para otros funcionarios orteguistas de que también “pueden ser sancionados”, ya que una vez iniciado el proceso de sanciones individuales es más fácil sancionar a más gente, estiman exdiplomáticos nicaragüenses.

El exrepresentante de Nicaragua en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Julio Icaza Gallard, explica que lo importante es que “una vez que se ha iniciado un proceso de sanciones individuales la lista queda abierta”, por lo que representa un mensaje a otros funcionarios del régimen “de que el día de mañana pueden igualmente ser sancionados y de que no habrá retroceso hasta que se logre una solución democrática”, a la crisis sociopolítica del país.

Una opinión similar expresa el excanciller Francisco Aguirre Sacasa: “Ya los europeos pasaron el Rubicón, al aplicarle sanciones a seis funcionarios. Después de ese salto es mucho más fácil sancionar a otros más”, advierte.

Asimismo el exembajador de Nicaragua en la Organización de Estado Americanos (OEA), José Luis Velásquez, considera que “este gesto de la UE significa que hay más sanciones en camino” si el régimen no cesa la represión y organiza un proceso de transición democrática.

Ortega intenta aprovecharse de la pandemia

Aunque las sanciones de la UE se aplicaron de manera “circunstancial” en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, el exembajador Velásquez, considera que es “altamente significativo” ya que el presidente, Daniel Ortega, ha intentado usar la pandemia para “victimizarse” y “suplicar que se le suspendieran las sanciones”.

La Unión Europea “no compró en ningún momento el planteamiento” de Ortega en sus últimos discursos y “al contrario de su pretensión remachó las sanciones” contra sus funcionarios más leales, señala Velásquez.

El trasfondo de las sanciones de la UE es el mismo de un año atrás, el Gobierno de Bruselas considera a Ortega como “un gobernante ilegítimo e inefectivo” para enfrentar la crisis sociopolítica y cree que “su permanencia en el poder solo alargará la agonía del pueblo nicaragüense. Es decir considera que no hay futuro con Ortega”, subraya el exembajador.

Por otro lado, las sanciones de la UE “cierran una brecha” por donde los miembros del régimen gobernante podrían haber burlado las sanciones impuestas en 2019 por los Estados Unidos y Canadá. Estas sanciones les “afectan más” porque a la cúpula gobernante “no les interesa ir a tomar el sol en Miami”, ironiza el excanciller Sacasa, sino que el circulo de poder tiene propiedades, inversiones y depósitos bancarios en la zona Schengen, los cuales quedarían congelados.

“Palo y zanahoria” para el régimen

Con estas sanciones, la UE está ofreciendo al régimen de Nicaragua “un palo y una zanahoria”, explica Sacasa. Por un lado, dejan abierta la posibilidad de apoyo financiero para ayudar a Nicaragua a combatir la covid-19, ya que el país “está prácticamente aislado” de los programas de los organismos multilaterales. Pero en el otro extremo, la UE amenaza con más sanciones a los funcionarios nicaragüenses.

Para que Nicaragua pueda acceder a fondos de la UE debería mostrar avances en materia de derechos humanos, gobernanza y corrupción, tal como ha demandado la comunidad internacional a raíz de la brutal represión estatal acaecida durante las protestas de 2018. Sin embargo, “una vez sancionado es muy difícil quitar sanciones”, afirma.

Las sanciones aprobadas por el Consejo Europeo “son la culminación de un complejo proceso de búsqueda de soluciones políticas a la crisis de Nicaragua y el inicio de otro, en el que sin abandonar los esfuerzos diplomáticos, se deciden medidas “restrictivas”, para prohibir la entrada en territorio de la Unión de determinadas personas y el congelamiento de sus bienes y como medio de presión para obtener avances en la búsqueda de una solución”, aclara el exembajador Icaza.

Crisis política sigue en la agenda

Adicionalmente, estas sanciones indican que la UE “no se ha olvidado de la situación” política de Nicaragua, a pesar de que “en estos momentos vive la peor crisis de su historia”, en términos humanitarios y económicos, como consecuencia de la pandemia de covid-19. Sin embargo, “está decidida a seguir adelante con más y mayores sanciones” hasta lograr un arreglo político que permita el regreso de las libertades, el respeto a los derechos humanos, la celebración de elecciones supervisadas internacionalmente y la aplicación de la justicia a los responsables de crímenes, concluye Icaza.

El Parlamento europeo aprobó, el 19 de diciembre de 2019, una resolución en la que acordó enviar a Nicaragua una delegación que, entre otros temas, evaluaría el futuro del Acuerdo de Asociación del que Nicaragua podría ser suspendida. Sin embargo, el régimen de Ortega le impidió el ingreso al país a finales de febrero de 2020.

Por otro lado, la resolución del Parlamento Europeo –aprobada en diciembre– demanda al régimen de Ortega que retome el diálogo político, el desmantelamiento de los paramilitares y la liberación de todos los presos políticos.

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