Opinion

¿Hacia dónde lleva Ortega a Nicaragua?

Las seis apuestas del régimen como estrategia de salida, y el desafío de la oposición

Las tácticas recientes del Gobierno de Nicaragua de proteger con la Policía a cuerpos violentos para intimidar a los líderes de la oposición, y acuerparlos con silencio e impunidad, así como cerrar el país al mundo, forman parte del típico accionar del manual de las dictaduras: crear condiciones reales para mantenerse en el poder por la vía electoral, pero desde la cancha del dictador.

Para Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cancha de ellos está en el terreno de la provocación violenta, la represión, el aislamiento, y la escasez económica como principales fuentes de presión. Estos métodos son parte de una estrategia electoral que consiste en ganar con el mínimo de votos, el máximo de abstención y fragmentación opositora.

La apuesta de Ortega para ganar se basa en su creencia de que tiene una ventaja en este momento siempre y cuando actúe en seis frentes: la represión política y económica, el acomodamiento económico del sector privado, la división y censura de la oposición, una comunidad internacional poco activa, y la protección a su círculo de poder.

La continuidad de la represión

La estrategia de Daniel Ortega, históricamente, ha consistido en mantener un equilibrio en sus instrumentos de presión, dejando la violencia y represión como última instancia. Su enfoque de dividir, extorsionar, y comprar políticos y votos con oferta clientelista ya se desgastó, y la única fuente de presión que le queda es el aparato represivo. Sin embargo, este está instrumentalizado en función de atraer al resto del país a su cancha. Después del anuncio del término del diálogo, le otorgó a la Policía un doble rol, amedrentar a la población con su presencia armada en la calle, ejecutar ataques violentos en zonas apartadas de la capital, y proteger a las turbas pro-Ortega mientras estas hacen uso de la violencia. El ataque físico contra el dirigente del Cosep en León es uno de muchos casos que ilustran esta nueva práctica. Por otro lado, al Ejército le asigna el rol de último recurso en la represión, en caso que la resistencia social se llegase a desbordar. La declaración de lealtad del jefe del Ejército consiste en una forma de asegurar y justificar el control militar sobre cualquier amenaza política, bajo la narrativa del “golpe” de Estado.

La presión económica al sector privado

Acompañado a la política del miedo, hay una presión económica, un castigo contra los empresarios, para hacerles cumplir con la carga tributaria y la reforma a la Seguridad Social. Los microempresarios son investigados, auscultados e interrogados acerca de todas sus fuentes de ingreso. En su desesperación de obtener más ingresos, el Gobierno trata de actuar como el gran señor feudal obligando a los súbditos a pagar tributos. Pero, además, está usando a la Policía para intimidar empresas asociadas a gremios críticos del Gobierno, como a miembros de AmCham y Cosep. La intimidación no solo es física con patrullas, sino también vocal, tal y como lo demuestra el rumor que el Gobierno ha difundido a través de los medios oficialistas, acusando a Banpro en lavado de dinero en El Salvador.

La administración de la pobreza y la escasez

Ortega conoce que el desgaste económico tiene límites y que este puede funcionar a su favor si controla la escasez bajo sus términos. También sabe que por inercia una economía pocas veces llega al colapso total porque los empresarios, así como sus trabajadores se las arreglan para generar ingresos de una u otra forma. Entre el péndulo del colapso y la recuperación económica Ortega tiene un cálculo de la escasez y la actividad económica mínima para el 2020, asumiendo que, ante la posibilidad de hambre, pero con un mínimo ritmo económico (un crecimiento calculado de 1% para el 2020), su Gobierno administrará la pobreza de manera que se luzca como el gran equilibrador del desastre causado por el llamado golpe fallido. Su planteamiento electoral será que su Gobierno hizo lo posible por rescatar al país de una crisis causada por la élite económica golpista.

El debilitamiento de la oposición

Para contrarrestar una legítima competencia electoral, Ortega y Murillo han definido el objetivo de debilitar al máximo al movimiento opositor atacándolo desde desde tres frentes. Primero, intimidando a grupos líderes. Segundo, aislándolos políticamente y cerrando opciones de diálogo y negociación cómo método para deslegitimarlos. Tercero, fomentando divisiones.

La intimidación del régimen contra los líderes de la oposición ha sido extensa, colocando policías en sus viviendas y sitios de reunión, dejando que mafias hagan pintas en sus viviendas con amenazas, previniendo que se organicen protestas en la calle, negando permisos o movilizando a la Policía con anterioridad. En segundo lugar, el Gobierno ha buscado aislar la causa política, haciendo uso de la negativa al diálogo, ignorando el reclamo de la protesta, y continuando la acusación de golpistas contra los líderes. Además, ha buscado hacer a un lado la agenda opositora, y apropiarse de los temas con sus propias propuestas cosméticas. Por ejemplo, en justicia formar la “Comisión de la Verdad”, en reforma electoral anunciar sus propias reformas, excluyendo a la oposición.

Finalmente, el Gobierno fomenta las divisiones internas de manera mediática, sosteniendo que la oposición se está autodestruyendo. Al mismo tiempo, mantiene una relación activa con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con el objetivo de dar la imagen de que el Legislativo funciona con pesos y contrapesos. Ante el público, tiene certeza que dejar que se formen todos los partidos, mientras sabe que la opinión pública no cree en lo justo del proceso electoral (más del 60% de los nicaragüenses no cree que una elección sería justa o libre), es una fórmula perfecta para la división y su victoria.

El régimen le apuesta a su base electoral dura, la cual es menor del 20%, pero con un nivel de abstención superior al 40%, asumiendo que no habrá una coalición nacional opositora y que esta se dividirá en dos o tres bloques. De esa forma, su cálculo es que con la abstención a un lado (gracias a la política del miedo, fraude y corrupción clientelista), el 20% pasa a 33% y ese 66% dividido entre al menos cuatro partidos, le da una victoria por mayoría simple, ya que los otros partidos se disputarán ese caudal electoral entre ellos.

Mantener a una comunidad internacional desinteresada

El régimen está consciente del aislamiento internacional en que se encuentra y del golpe que esto representa. El único apoyo internacional que recibe proviene de Cuba, Venezuela, Irán y Corea del Norte.

Sin embargo, su diplomacia apunta a un trabajo defensivo, busca desmentir en foros internacionales la información sobre violaciones a derechos humanos, desestima los esfuerzos de la OEA, y se apoya en redes mediáticas internacionales (como RT News) para defender su causa. Su apuesta es sencilla, para Ortega las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos son cosa frecuente y pasan de menos con el tiempo, y el mundo se enfoca en amenazas que percibe más tangibles, como son ataques militares, terrorismo, o guerras comerciales.

Su estimación del costo económico de las sanciones es de resiliencia ante la presión contra el círculo de poder porque es algo temporal. Calcula que la presión de OEA, que puede culminar con la suspensión del país en esta organización, tiene poca repercusión para el régimen. De ahí que para el régimen, la comunidad internacional juega un peso menor que el que se piensa.

Proteger al círculo de poder

Finalmente, el régimen enfoca sus esfuerzos en fortalecer su círculo de poder mediante la protección a su élite gerencial, siguiendo la táctica típica transaccional del régimen. El argumento básico para ganar la lealtad de estos es que, por un lado, ellos son los mejores posicionados en una eventual victoria del régimen, quienes se beneficiarían de los mejores puestos. Por otro lado, estar amparados dentro del círculo de poder que los protege de una eventual situación de vulnerabilidad en el caso de estar fuera del grupo y de una eventual derrota.

El terror de los allegados a Ortega a las sanciones, a los juicios contra ellos, es real. Pero como dice Bueno de Mesquita, en su libro, “El Manual del Dictador”: “Si la corrupción empodera, la corrupción absoluta te empodera absolutamente”. Bajo ese mantra el círculo de poder sigue siendo leal al régimen, y al contar con que el Gobierno seguirá usando la represión, aislando al país, castigando la economía y manteniendo débil a la oposición, ellos creen en la apuesta de protección del dictador.

Este es, en resumen, la hoja de ruta del régimen.

Su calendario tiene un medidor de 26 meses de trabajo. La estrategia está en la aplicación de sus medidas con tiempos diferentes a cada uno de sus métodos.

¿La suerte esta echada? ¿Tiene una ruta la oposición?

Esta salida del régimen, sin embargo, no es estática. Hay muchas interrogantes, cambios que pueden ocurrir en la dirección opuesta. ¿Es tan débil la comunidad internacional? ¿Está realmente fragmentada y dividida la oposición? ¿La descomposición económica no afectará al régimen? ¿No se esperan más disidentes?

La realidad le está dando golpes más fuertes que de los que ha esperado, en parte, por la obstinación de creer que el monopolio del poder es estático. En primer lugar, a pesar del nivel de represión, la gente sigue opuesta al régimen y la protesta se mantiene.

La opinión pública no es favorable al régimen, tampoco a sus medidas, y dos tercios favorecen las sanciones. De hecho, el intento fragmentador no ha tenido éxito, el cálculo político del régimen está basado en una perspectiva sesgada, que quiere creer en grandes divisiones.

Al contrario, la oposición está unificada, mantiene filas cerradas en cuanto a la agenda de cambio, y quienes conforman su movimiento político y su estrategia electoral apuntan a ir como un grupo unificado a derrotar al régimen.

El sector privado no se ha replegado, y sigue convencido que la crisis económica se resuelve con la solución a la crisis política, por lo que apuestan más a elecciones adelantadas apoyando a la oposición unificada.

Tampoco queda claro que el régimen podrá mantener completa la lealtad de su círculo de poder, de por sí, muchos magistrados de los poderes Judicial y Electoral quieren huir, y el Gobierno lo sabe, por lo que aumenta el control policial sobre ellos. Mandos medios siguen buscando excusas de salud para salirse del régimen.

El peso de la comunidad internacional es mayor que el que Ortega calcula. Las sanciones han socavado la percepción de invencibilidad del círculo político, y más bien, se muestran asustados. La suspensión de Nicaragua frente a la OEA tendrá un fuerte impacto sobre la opinión pública nicaragüense, dándole más legitimidad a su reclamo de cambio político.

Finalmente, el deterioro económico es cada vez más responsabilidad del Gobierno. La gente mira el acoso tributario, la escasez de comida, el aumento en el desempleo y solo escuchan la canción trillada del “golpe”. Pero eso no les da de comer. Más bien, ya para enero del otro año habrá más de 100 000 personas desempleadas que no tendrán de qué comer. A quien harán responsable es a la misma entidad que está apuntando con rifles al desempleado.

Los tiempos de Daniel Ortega y Rosario Murillo son mucho más limitados que su cálculo de 26 meses. Aunque el presupuesto del Estado solo se mantendrá mientras ellos chupen todas las reservas del país, muy difícilmente ocurrirá sin ningún costo político. El desenlace, aunque imperfecto, no está del lado del régimen. Sin embargo, la principal interrogante es saber qué es lo que detiene a Ortega de aceptar una reforma política que garantice su salida negociada, en vez de postergar una derrota mayor.

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