Economía

Delegados de Alianza Cívica cuestionan financiamiento BCIE a Policía represiva de Ortega

“Han desvirtuado la misión del Banco”

BCIE financia a la Policía durante la matanza y estado de sitio de facto: 6.2 millones de dólares en 2018 y 2.1 millones en 2019



El 19 de abril de 2018, mientras iniciaba la represión y se producían los primeros tres muertos, las autoridades de la Policía Nacional estaban enfrascadas en la licitación de cinco proyectos para construir delegaciones en Somotillo, El Sauce, Malpaisillo, Palacagüina, Condega, Wiwilí, Jalapa, San Juan del Río Coco, Santo Tomás, San Pedro de Lóvago, Teustepe, El Tuma – La Dalia y Río Blanco, por 2.35 millones de dólares, otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El despliegue de la represión policial, en coordinación con grupos paramilitares, que dejó más de 300 muertos en cuatro meses, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no fue impedimento para que el BCIE mantuviera esos préstamos vigentes, y siguiera ofreciendo a proyectos relacionados con el “fortalecimiento operativo” de la Policía hasta 8.3 millones de dólares para 2018 y 2019.

El aviso de licitación de 20 microbuses y cuatro lanchas con motor fuera de borda, conocido la semana pasada en los medios de comunicación, disparó las alarmas ciudadanas, al considerar que tales préstamos son incompatibles con la misión y los reglamentos del Banco.

Una petición en la plataforma www.change.org señala que el proyecto para dotar de medios de transporte a la Policía del régimen “no pareciera estar contemplado en las áreas generales de trabajo del Banco, a saber: desarrollo humano e infraestructura; infraestructura productiva; energía; desarrollo rural, intermediación financiera y servicios para la competitividad”.

De paso, se considera que la Policía debería quedar inhibida de recibir fondos del Banco, toda vez que sus documentos estándar de licitaciones exigen que los beneficiarios de esos recursos no hayan cometido prácticas corruptivas ni prácticas coercitivas, “habiéndose demostrado la práctica coercitiva, corrupta y violenta de la Policía Nacional en contra de la población”.

Después de la matanza perpetrada entre abril y julio 2018, Nicaragua vive bajo un estado de excepción de facto, según la CIDH, apuntalado en el despliegue masivo de la Policía Nacional que realiza capturas arbitrarias y anulado el derecho constitucional de libre movilización.

BCIE desnaturaliza su misión

El abogado José Pallais y el economista Juan Sebastián Chamorro, representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ante la Mesa de Negociación, coincidieron en que el Banco desnaturaliza su razón de ser, al dar dinero a la Policía Nacional, después que esta se alineara con el régimen para agredir a los ciudadanos.

“No es correcto endeudar al país, endeudar a los ciudadanos; que nuestros hijos y nietos vayan a pagar deudas onerosas, por una institución que se ha desviado de su objetivo y se ha dedicado a reprimir. ¡El pueblo va a pagar los costos de la represión que está sufriendo!”, exclamó Pallais.

A su juicio “se están violando los objetivos y fines del BCIE, que es promover el desarrollo de los países que lo conforman, no financiar a una institución que está señalada de gravísimas, masivas y reiteradas violaciones de los derechos humanos, con un jefe que tiene sanciones internacionales”.

“Hay una violación a los reglamentos y objetivos de ese Banco. Se ha actuado en contra de su función natural, que está siendo desvirtuada, con un tipo de cooperación, de financiamiento, que no apoya al verdadero desarrollo de los países de Centroamérica”, añadió.

Agentes policiales bajaron con violencia s dos ciudadanos de un taxi, para llevárselos detenidos. Foto: Confidencial / Carlos Herrera.

Chamorro por su parte, no concibe “que una institución diseñada para promover el desarrollo económico, la reducción de la pobreza, la integración centroamericana, se preste a financiar el apertrechamiento, el financiamiento de una organización que está sindicada como criminal, y que ha cometido crímenes en contra de la ciudadanía”.

“Los documentos estándar del Banco mencionan algunas prácticas que están prohibidas a los beneficiarios de sus fondos, incluyendo prácticas coercitivas, de tal manera que… al ser la Policía una entidad coercitiva, no debería ser beneficiada con estos fondos”, argumentó.

El economista también mencionó que el director de la Policía Nacional está sancionado, por lo que considera “un error financiar a una organización que ha reprimido, y continúa reprimiendo a la población nicaragüense”.

BCIE: Nicaragua está al día

El BCIE emitió un comunicado oficial indicando que la institución regional mantiene “19 proyectos activos y ocho proyectos más en espera de su primer desembolso, que generan 140 000 empleos directos e indirectos. Los resultados de auditoría al 2018, reflejan que Nicaragua ha cumplido con todas las normas y procedimientos establecidos por el Banco en la ejecución de sus proyectos y que se encuentra al día con sus compromisos de deuda”.

Ese banco regional aprobó 1753.6 millones de dólares a Nicaragua entre 2014 y 2018, convirtiéndose así en un socio clave para el Gobierno de Daniel Ortega en un momento en que más lo necesitaba: cuando comenzaron a disminuir los recursos de la cooperación venezolana.

“La Estrategia de País Nicaragua 2018-2022 orienta intervenciones hacia sectores que estimulen el crecimiento económico con generación de empleo, y en el combate a la pobreza y la desigualdad, todo en armonía con el medio ambiente”, dijo el presidente ejecutivo del Banco, Dante Mossi, en respuesta a una petición de información remitida por Confidencial.

De esos 1753.6 millones de dólares aprobados, el país efectivamente recibió 800 millones en el quinquenio fijado, incluyendo 318.5 millones en 2018, lo que representó el 63.2% de los recursos que apuntalaron las reservas del régimen en ese año, sin que el Banco pareciera darse por enterado de la represión que llevó a la muerte a -por lo menos- 325 ciudadanos.

Aunque la posición de la entidad regional despierta incredulidad e indignación entre la comunidad Azul y Blanco de Nicaragua, Róger Arteaga, que fue funcionario del BCIE por 20 años, explica que el Banco actúe de esa manera porque  “pertenece a los países de la región”.

La estructura del Banco determina que el 51% de los votos está en poder de los cinco socios fundadores, (los cinco países centroamericanos), mientras los socios regionales no fundadores (Panamá, República Dominicana y Belice), y los seis extrarregionales, (Taiwán, México, España, Colombia y Argentina más Cuba, que por ahora solo es un observador), manejan el 41% restante.

Circunvalación

Así, basta con que los representantes de las tres naciones del triángulo norte de Centroamérica se alíen con Ortega, para que ya cuenten con más del 40% del poder de decisión, teniendo que conseguir solo otro 10% entre el resto de naciones que cuentan con el 49% de los votos. Sin embargo, el próximo cambio de gobierno en El Salvador, con la presidencia de Nayib Bukele, podría alterar el balance que hasta ahora ha favorecido a Ortega.

“El BCIE es un órgano colegiado e integrado por los representantes de los países socios, quienes aprueban todas las operaciones de crédito, las que reflejan los acuerdos entre sus Estados miembro, con el compromiso de apoyar a sus ciudadanos, mientras se respeten y se cumplan todos los criterios técnicos, legales, evaluación de riesgo y seguimiento, aplicados en todas sus operaciones”, se defendió la institución en el comunicado citado antes.

A pesar de los señalamientos a la Policía y a su director general, que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, debería ser investigados por crímenes de lesa humanidad, el Banco continúa adelante con el proyecto “Ampliación de la Cobertura Rural de la Policía Nacional para Fortalecer la Seguridad Ciudadana”, enmarcado en el Programa de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.

Esa estrategia “tiene como objetivo contribuir a mejorar el desarrollo humano sostenible de la sociedad centroamericana a través de intervenciones que fomenten la seguridad ciudadana. Es un préstamo al Gobierno de la República de Nicaragua por un monto total de 16.33 millones de dólares, que fue aprobado el 28 de junio de 2011”, explicó la entidad.

Financiando a la Policía durante la matanza

Entre 2018 y 2019, el BCIE aprobó 8.3 millones de dólares en proyectos para la Policía Nacional. La mayor parte (6.2 millones), en 2018, mientras los 2.1 millones restantes, para 2019.

Según un detalle del plan de inversiones aportado por el BCIE, un poco más de cinco millones de dólares se emplearán en la reparación, construcción y equipamiento de delegaciones policiales en Granada, Chinandega, Chontales, León, Managua, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Boaco y Matagalpa.

Otro 1.1 millones de dólares, están destinados a adquirir 23 escáneres dactilares, 23 cámaras fotográficas, muebles, equipos informáticos, 13 motos, una camioneta, cuatro lanchas, 17 microbuses pequeños y tres grandes, 14 radares de velocidad, 20 impresoras PVC, mesas, sillas, escritorios, archivadores, pizarras acrílicas, literas y colchones, abanicos y televisores.

También se incluyen 126 600 dólares para estudios de suelo y diseño de construcción de delegaciones policiales en Managua, con lo que se completan los 6.2 millones de 2018.

De los 2.1 millones de dólares programados para 2019, 570 800 dólares se dispusieron para construir un edificio de telemática para la PN, y para adquirir lo que será su nodo central, además de otros 1.47 millones de dólares para mobiliario de oficina, para dos camionetas, tres lanchas y cuatro motos más; así como centenares de equipos de computación, impresoras, escáneres, literas, colchones, y más abanicos, más televisores y más aires acondicionados.

También mapas cartográficos, maletines para investigadores policiales, cámaras fotográficas, bastones lumínicos, pitos, clavas con portaclavas, esposas con portaesposas, cintas métricas, cintas de seguridad, lámparas de mano, cantimploras, capotes y portaradios,

Finalmente, se presupuestaron otros 90 000 dólares para “elaboración de planes de seguridad ciudadana en delegaciones municipales y delegación policial regional”, una tarea que por ley le corresponde hacer Policía con su presupuesto regular.