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Inauguran Centro de denuncias contra la libertad de expresión

El periodista Pedro Altamirano en protesta por una demanda que entablaron en su contra. Foto: Pedro Altamirano

Este domingo se inauguró en la sede de la Asociación de Periodistas de Nicaragua un Centro de Denuncias contra la Libertad de Expresión que busca recoger todos los casos que sean considerados un atentado contra la libertad y los periodistas.

El Centro funcionará como una sede donde las denuncias se recogerán, analizarán y documentarán para que puedan ser consultadas por los periodistas o la población en general, pero además servirá como prueba para que sean del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“No existe una institución que canalice o documente todas aquellas denuncias de periodistas de cierres de espacios, de medios y sobre todo el acoso contra los periodistas cuando quieren cubrir algunas actividades oficiales”, afirmó Gustavo Bermúdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua.

Para que esas denuncias puedan llegar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) también se involucraron en el proyecto y servirán como vehículo para que esas denuncias no se queden solo en el papel.

“Este es un Estado que demuestra, en su comportamiento, hostilidad hacia los derechos humanos y los hombres y mujeres de prensa vinculado a este derecho de informar, a ese derecho constitucional que le asiste de estar en la sintonía de que con su trabajo diario puedan poner en manifiesto uno de los temas más importantes y vitales para la sociedad que es mantenerlos informados”, aseguró el abogado Álvaro Leiva, Secretario General de la ANPDH.

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Leiva también recordó que esperan que este Centro pueda tener un efecto positivo en la situación que se encuentran muchos periodistas actualmente en el país, que han denunciado cierres de sus medios, persecución, espionaje y amenazas que se recrudecieron desde el año 2007.

“Esto va a dejar en evidencia también la criminalización de la que son víctimas muchos hombres y mujeres de presan simplemente por ejercer su labor periodística de forma objetiva o como medios independientes que tratan de señalar los abusos del Estado en esta materia”, añadió Leiva.

Bermúdez además aseguró a Confidencial que la primera denuncia que se documentará será la del monopolio mediático que existe en Nicaragua en manos del comandante Daniel Ortega y su familia, pues actualmente son dueños de los canales 4, 6, 8 y 13 y también dirigen el sistema informativo de Canal 2, según una investigación realizada por el periodista de Onda Local Julio López en octubre pasado.

Sin embargo, la apropiación de todos esos medios de comunicación se dio desde el 2007 que el comandante Ortega llegó al poder, pues antes de esa fecha solo tenía en sus manos el Canal 4, la Radio Ya y la Radio Sandino.

“Nadie ha puesto una denuncia sobre este monopolio que es una violación a la libertad de expresión”, dijo Bermúdez.

Esa queja que según el periodista será bien documentada, será la primera que presenten ante la Comisión de Derechos Humanos en las próximas semanas.

Sin embargo, esperan que también los periodistas y medios afectados durante esta década de Gobierno de Ortega y su familia, puedan también recurrir al nuevo Centro para que todas esas denuncias que no se resolvieron puedan ser escuchadas por una instancia internacional.

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Algunas denuncias

La queja más común entre periodistas es la falta de acceso a la información pública que existe actualmente en Nicaragua, pues aún si se utiliza la figura de la Ley de Acceso a la Información Pública, las instituciones gubernamentales se niegan a dar datos para crear piezas periodísticas que orienten a la ciudadanía.

El acceso a las fuentes oficiales ha sido, desde el 2007, únicamente para los medios de la familia presidencial que no cuestionan a las autoridades.

El Ejército de Nicaragua en boca del coronel Marvin Paniagua, jefe del Sexto Comando Militar Regional que en vista de las denuncias recogidas por medios de comunicación por la matanza de dos niños en La Cruz de Río Grande, señaló a los medios de tener una posición “muy sucia”, contra la institución militar.

No ha sido la primera vez que el Ejército realiza acciones contra los medios pues en el 2016, el director de Confidencial y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro también denunció que un miembro del Ejército y operadores políticos del Frente Sandinista estaban intimidando y acosando a dos trabajadores del semanario Confidencial.

Pero también el diputado y exreo Byron Jeréz, amenazó durante un programa de televisión al periodista Álvaro Navarro, quien preguntaba por las dudas que existen alrededor de la elección de algunos diputados del Apre, partido que en las elecciones municipales del 2012 participó inscribiendo a candidatos muertos.

Denuncia contra periodista en León

Actualmente en contra del periodista de Radio Darío Pedro Altamirano pesa una denuncia por injurias y calumnias que interpuso en el juzgado de León pues informó sobre una denuncia que realizó un extrabajador de la Mini Ferretería Urróz a quien supuestamente se le había despedido injustificadamente y no se le pagaron sus prestaciones sociales.

Altamirano informó sobre el caso y posteriormente recibió amenazas de una denuncia en su contra por injurias y calumnias si no se retractaba por la nota informativa que publicó.

Actualmente a Altamirano se le impusieron medidas cautelares, no puede salir del país ni de su casa y tampoco puede hablar con los medios de comunicación según indicó a Confidencial, su abogado Adalberto Sarria.

En reiteradas ocasiones Altamirano denunció en sus redes sociales desde el mes de noviembre que era víctima de amenazas por parte de Isidro Urróz, exjefe del trabajador denunciante.

En la nota informativa que publicó Altamirano en noviembre pasado, indica que supuestamente el trabajador Reynaldo Castillo fue denunciado por Urróz por hurto agravado y recibió la llamada de una inspectora de la Policía Nacional, quien lo arrestó arbitrariamente por más de 24 horas, supuestamente en complicidad con Urróz.