Nación

Indígenas ramas y creoles rechazan “arrendar” sus tierras

"La gente no solo no estaba de acuerdo, si no que no tenían idea que esa firma se iba a realizar", afirma directora de CALPI

Las comunidades ubicadas en el territorio Rama-Kriol aseguran que no fueron consultadas sobre el proyecto del canal interoceánico y no aprueban la posición del presidente de su gobierno comunal, Héctor Thomas. Así lo afirman María Luisa Acosta, directora del centro de asistencia legal a pueblos indígenas (CALPI) y Mónica Lopez, directora del Fundación Popol Na, ambas parte de un equipo que realizó una gira por varias de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, la semana pasada.

El pasado 3 de mayo, Thomas, presidente del Gobierno Territorial Rama-Kriol suscribió un convenio de consentimiento, en el que las comunidades “aprueban” los planes de construcción en sus tierras. El documento también fue firmado por el presidente la autoridad de canal interoceánico, Manuel Coronel Kautz. Sin embargo, líderes de Bangkukuk taik, Monkey Point y Wiring Cay, han denunciado que no fueron consultados para la firma de ese acuerdo y denuncian que Thomas se adjudicó facultades que no le corresponde.

“La gente dice que solo cuando lo vieron en los medios de comunicación sabían lo que estaba haciendo, ellos no sabían que eso iba a pasar el 3 de mayo. La gente no solo no estaba de acuerdo, sino que no tenían idea que esa firma se iba a realizar”, dijo Acosta en el programa Esta Noche.

Las comunidades que componen el GTR-K son nueve: Sumu Kaat, Tiktik Kaanu, Rama Cay, Wiring Cay, Monkey Point, Bangkukuk, Corn River, Indian River, y Graytown.

En el viaje que realizaron, las abogadas constataron que las comunidades se encuentran desinformadas sobre los efectos que podría tener la virtual construcción del canal interoceánico. Según el documento, publicado en la gaceta el 9 de mayo, se utilizará 263 kilómetros cuadrados, aproximadamente un 3 % del territorio total.  En la cláusula segunda establece que deberá crearse un contrato para arrendar las tierras de forma indefinida.

“El concepto de arriendo es un concepto que tiene como base algo temporal, pero como ellos hablan de un arriendo indefinido o perpetuo, eso en realidad es ilegal porque de acuerdo al código civil y la ley de municipios, el máximo tiempo que se puede arrendar una propiedad en este país son 10 años. Estamos hablando de una expropiación velada”, manifestó la directora de CALPI.

El convenio pregona que se realizó una “consulta libre, previa e informada”, a como lo solicitaron los líderes comunales en enero pasado. No obstante, según los comunitarios esa consulta no se dio y hasta se brindó información falsa sobre los verdaderos planes.

“Le llegaron a decir que no los iban a mover, y el estudio de impacto ambiental dice que la comunidad de Bangkukuk tiene que ser removida de su lugar. Es inaudito que a la gente de las comunidades no se les haya dicho abiertamente que iban a ser removidos de ese lugar. Eso es una condición sinequanon para que exista una consulta previa libre e informada, tener la información completa”, expresó Acosta.

Según López, quien se ha destacado por ser la asesora legal del movimiento campesino anti canal, el convenio que ha sido proclamado por los firmantes como un documento “con carácter de ley”, forma parte de una serie de ilegalidades que se han realizado en el marco del proyecto canalero.

“Sienta precedentes funestos. Son de las cosas que están ocurriendo de forma mágica e inexplicable en el país, el hecho de que ese convenio diga expresamente que tiene carácter de ley, cuando los funcionarios que suscribieron ese documento no tienen facultad legislativa” aseguró López.

Para la directora de Popol Na, es necesario que el gobierno replantee sus planes, pues las comunidades ubicadas en la franja del canal, agrupadas en el Consejo por la Defensa de la Tierra Lago y Soberanía, no permitirán se movidas de sus propiedades.

“En última instancia, se está equivocando la gente de la Costa Caribe sur que firmó esos documentos y se está equivocando el gobierno en gestionar este proyecto sin consultarle a la gente y ya debería ser hora en que ellos entiendan que eso nunca acaba bien. Este proyecto no va a avanzar y la licencia social la han perdido desde el momento que le han dado la espalda a la gente” afirmó López.

Más en Nación

Share via
Send this to a friend