Nación

Cinco ciudadanos capturados en la última redada continúan detenidos

Interrogatorios en El Chipote: “por qué marchan y quién les paga”

"Preguntaron quién me regaló la camiseta, zapatos, short, por todo", relata maratonista. "Respondí que marchar es nuestro derecho", sostiene Vijil



“Por qué marchan”, “quién les paga”, “quién los manda” y otras preguntas similares son parte del interrogatorio al que fueron sometidos, en las celdas de El Chipote, los manifestantes detenidos ilegalmente por la Policía Nacional el pasado domingo en Camino de Oriente, Managua, y que terminaron de ser liberados este lunes, tras una fuerte presión internacional, que incluyó a los Gobiernos de Costa Rica y Panamá, entre otros.

La institución policial absolvió a un grupo de ocho personas el mismo día de la detención, y el resto de ciudadanos abandonó las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), la mañana y la tarde de este lunes. No obstante, Ana Margarita Vijil, quien estuvo detenida, denunció en sus redes sociales que todavía continuaban presos Marvin Reyes, Enrique Artiles, Juan Escorcia, Roger Cabo y Rolando Tapia.

Vijil junto a María Haydée Castillo (detenida el aeropuerto por agentes de la Dirección General de Migración y Extranjería), Suyén Barahona y José Antonio Peraza, fueron de los últimos en abandonar “El Chipote”. Afirmó a CONFIDENCIAL que no fue maltratada en las celdas de la DAJ, contrario a lo que sí ha hecho la Policía con otros presos políticos como Medardo Mairena, Pedro Mena o Edwin Carcache, de acuerdo a las denuncias de sus familiares.

“Yo me hice un esguince cuando intenté zafarme de los policías. En ‘El Chipote’ el doctor me atendió. Yo no tengo conocimiento de que hubo maltrato con los que yo estuve. Efectivamente lo que sucedió fue una captura ilegal, nosotros estábamos ejerciendo nuestro derecho constitucional de libre reunión y los antimotines llegaron con violencia y claramente fue una arbitrariedad y un abuso absurdo de poder de Daniel Ortega”, afirmó Vijil.

Antonia Urrejola, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebró la noticia de la liberación de los ciudadanos detenidos, no obstante, dijo estar pendiente de la situación de los más de 300 presos políticos que mantiene el régimen de Daniel Ortega.

“Es una muy buena noticia la liberación de las dirigentas del movimiento social en #Nicaragua. Pero seguimos atentxs y pendientes de la situación de cientos de personas presas por la criminalización de la protesta”, escribió en Twitter Urrejola.

Vijil agregó que durante su estancia de 24 horas en “El Chipote”, las autoridades policiales la interrogaron en tres ocasiones. Expresó que estuvo con otras diez personas dentro de una celda que no prestaba las condiciones necesarias, y que durmió en el suelo.

“Ellos insistieron en preguntarme por qué marchaba y cuál era mi objetivo. Yo les expliqué que es nuestro derecho y que marchamos para exigir justicia y democracia. Ellos (los policías) estaban interesados en afirmar que no nos estaban maltratando. Puedo decir que el trato siempre fue respetuoso”, resaltó.

Vijil señaló que la liberación de al menos 38 ciudadanos fue posible gracias a la presión que se realizó a nivel nacional e internacional, luego de conocerse la noticia de su captura. Dijo estar convencida de que el poder está en las manos de los nicaragüenses y que solo organizados “podremos liberar este país”.

La Policía cumplió su amenaza

Los 38 ciudadanos fueron arrestados ilegalmente y con lujo de violencia el domingo 14 de octubre, cuando participaban en un plantón demandando justicia por los presos políticos. Desde las seis de la mañana, la Policía Nacional desplegó a más de 400 antimotines y oficiales en toda la capital, con el fin de impedir la realización de la actividad.

El pasado 28 de septiembre, el régimen orteguista amenazó a través de una nota de prensa policial, con procesar a las personas y organismos que convocaran a las manifestaciones de protesta cívica, y las declaró “ilegales”. Señaló que los “responsables responderán ante la justicia”.

En la nota de prensa publicada el propio domingo por la tarde, la Policía informó que las personas detenidas, estaban siendo investigadas, acusadas de estar “involucradas en actividades instigadoras y provocadoras” al convocar y participar en una manifestación pública “sin el debido permiso policial”.

Esa misma mañana, cientos de fotos y videos de la agresión y detención de los ciudadanos por parte de la Policía, circularon en las redes sociales. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, se pronunciaron al respecto y repudiaron la violencia ejercida por los agentes de la Policía Nacional.

Las voces de los liberados

Allan Cordero Ocón, ciudadano costarricense de origen nicaragüense, y su esposa, la estadounidense Marcela Martínez Guzmán, también formaban parte del grupo de 38 ciudadanos que la Policía Nacional capturó ilegalmente este domingo 14 de octubre.

La Cancillería costarricense indicó en un breve comunicado que el Consulado en Managua pudo confirmar la liberación de Cordero Ocón “la tarde de este lunes”, y agregó que no se le formularon cargos durante las 24 horas que estuvo detenido.

“Fueron unas horas muy angustiantes para él, para su familia y para nosotros en el Consulado. El señor Cordero explica que fue sometido a interrogatorios, que no hubo maltratos físicos ni psicológicos”, aseguró en un comunicado el cónsul de Costa Rica en Managua, Oscar Camacho.

“Quiero decirles que estoy bien de salud, mi esposa también está bien. Quiero agradecerle a Costa Rica por su apoyo”, expresó Cordero en el comunicado de la Cancillería y en una declaración en vídeo.

Alex Vanegas, el maratonista que corre por la “libertad de los presos políticos”, también fue detenido por la Policía, pero en el sector de la rotonda Jean Paul Genie. De acuerdo a declaraciones brindadas al canal 100% Noticias, fue detenido ilegalmente luego de que el comisionado Juan Valle Valle, diera la orden a unos agentes que resguardaban el sitio.

“Yo fui capturado por estar abrazando a los rojinegros. Juan Valle Valle dio la orden y me capturaron. Se me montaron tres policías. Él les dijo ‘agárrenlo duro que si se les corre no lo van a agarrar’. Yo estoy adolorido, la cama del hotel ‘El Chipote’ es como la de los Picapiedras. Estoy adolorido del hombro, de la espalda”, expresó Vanegas.

El maratonista indicó que durante su estancia en “El Chipote” logró hablar con Carlos Valle, padre de Elsa Valle, quien fue liberada semanas atrás y absuelta de los cargos que el Ministerio Público le formuló. Según Vanegas, Carlos dijo estar feliz que su “niña” se encuentre libre.

Vanegas expresó que durante el interrogatorio que realizaron los oficiales, no hubo maltrato. Sí muchas preguntas.

“Me preguntaron quién me había regalado la camiseta, los zapatos, el short, por todo me preguntaron. Yo le dije al policía que quiero que Nicaragua salga del atolladero y que si se hunde Nicaragua, todos nos íbamos a hundir”, refirió Vanegas.

El maratonista denunció que muchos reos que estaban en otras celdas pedían agua, sin embargo, durante su estancia, no observó que los oficiales hicieran caso a la petición de los ciudadanos.

“A mí me pasaron después a otra celda, en la que estuve solo. El lugar estaba bien pestífero, vengo con alergia en todo el cuerpo. Me metieron sin camisa y sin zapatos. Después me permitió los zapatos un oficial. Yo me mantuve corriendo ahí adentro, porque nadie me iba a quitar eso a mí, de correr por los presos políticos”, relató Vanegas.

Ana Margarita Vijil expresó que la lucha por la liberación de los presos políticos continuará. Asimismo declaró que no recibió ninguna amenaza de parte de la Policía y que dejará de salir a las calles hasta que Nicaragua sea libre.

Ellos insisten en que debemos pedir permisos a la Policía Nacional para poder marchar, pero yo me atengo a lo que dice la Constitución Política, que establece el libre derecho a la movilización”, refirió Vijil.

Estado actúa “por las vías de hecho”

Organizaciones de derechos humanos como la CIDH han alertado que el régimen de Daniel Ortega se rige bajo un “Estado de excepción”.

“Ningún funcionario del Estado tiene más facultad que lo que dicta la ley y la Constitución Política de Nicaragua”, aseguró Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, sobre los comunicados de la Policía Nacional donde “prohíbe” y tacha de ilegales las manifestaciones convocadas por los movimientos nacionales que se oponen al régimen.

Para el defensor de derechos humanos, la liberación de los detenidos demuestra que el Gobierno de Daniel Ortega está “debilitado”, pues es una señal de que solo se sostiene “por la fuerza bruta”.

“Solo queda la fuerza de la represión y eso pierde cada día legitimidad”, manifestó Carrión en el programa televisivo Esta Noche.

Los comunicados de la Policía Nacional en los últimos días han amenazado con encarcelar a quienes organicen y participen en manifestaciones. No obstante, la Unidad Nacional Azul y Blanco se ha amparado en los artículos 53, 54 y 32 de la Constitución Política de Nicaragua que establecen el derecho a reunión pacífica sin previo aviso.