Opinion

Intimidación no cesa

El despliegue de policías frente a las instalaciones de canal 12, ratifica que el gobierno mantiene inalterable su política de intimidación

Mientras la persecución, acoso e intimidación contra las personas, medios y periodistas no cese, será difícil que el país recupere la normalidad. No habrá forma de aquietar los ánimos. Las detenciones ocurridas durante los últimos días y el acecho persistente de los medios crean una atmósfera inquietante. La falta de correspondencia entre el discurso cotidiano proveniente de las esferas gubernamentales y su comportamiento real, tornan huidizas las posibilidades inmediatas de un verdadero entendimiento nacional. Lo sensato es volver a las negociaciones

La normalidad pregonada no deja de ser aparente, los mismos gobernantes lo saben, de lo contrario no habría despliegues policiales con la regularidad que ocurren en la capital. El temor que la ciudadanía vuelva a las calles es evidente. La ocupación permanente de las rotondas por personas afines al frente sandinista y el resguardo de antimotines y policías, son síntomas inexcusables de la certeza que tienen los dirigentes gubernamentales de que podrían ser nuevamente tomadas por la ciudadanía. No hay otra explicación para que nieguen permiso de marchar.

Creí que las acechanzas contra los medios venían en retirada, debido a la inefectividad de las medidas encaminadas a provocar su silenciamiento. El despliegue de policías frente a las instalaciones de canal 12 y sus alrededores, ratifica que el gobierno mantiene inalterable su política de intimidación. Canal 12 ha mantenido a lo largo de doce años que tiene el comandante Ortega de estar en el poder, una política informativa crítica. Este posicionamiento le ha valido la aceptación de la teleaudiencia nacional. El único canal de televisión en VHF que disiente.

Fernanda Valle supo imprimirle un espíritu pluralista al equipo de prensa de canal 12. Se preocupó por mantener una política informativa amplia, donde tenían cabida temas, actores y voces, discrepantes de la gestión del comandante Ortega. Con un paisaje mediático enrarecido —el gobierno aspiraba a poner de su lado a la inmensa mayoría de medios— Nanda Valle se preocupó por mantener una prudente distancia frente a los deseos de la familia presidencial. Creyó necesario abrir espacio a la crítica, convencida como estaba de la labor fiscalizadora que deben ejercer los medios.

Al ganar la presidencia Ortega durante los comicios de noviembre de 2006 hubo voces de alarma. Los primeros en manifestar su desconfianza fueron los directivos del diario La Prensa y radio Corporación. Temían que el gobernante reeditara los agravios que vivieron ambos medios durante la década de los ochenta. El único dueño de un medio audiovisual que cuestionó la prórroga indefinida de las licencias de radio y televisión fue Mariano Valle Peters. La mayoría de las licencias estaban vencidas o próximo a vencerse. Cundía el temor que finamente no fuesen renovadas.

El argumento esgrimido por algunos diputados de la bancada sandinista, especialmente de Edwin Castro, para lograr que Eduardo Montealegre del Partido Liberal Independiente (PLI) y Francisco Aguirre Sacasa del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), apoyaran la aprobación de la Ley 670 era que Nicaragua requería una nueva ley de telecomunicaciones. Una gran verdad. No convenía seguir parchando la Ley 200 (Ley de Telecomunicaciones). Desde 1995 —fecha de su aprobación— la Ley 200 ya era obsoleta. Convenía dar el paso adelante.

Con la emisión de la Ley 670 (Ley de prórroga a las licencias de las empresas, personas naturales o jurídicas que operan radio, televisión y tele cable) los sandinistas aplacaban los ánimos. No había nada que temer. La reacción de Mariano Valle Peters —que compartimos en su momento— fue afirmar que a los empresarios audiovisuales se les estaba dando atol con el dedo. Detrás de la maniobra se escondía el deseo de mantener el statu quo en relación con la Ley 200. En los doce años de estar en el poder los sandinistas jamás han mostrado interés por emitir esa una nueva ley.

Una forma de apreciar la apertura pluralista de los dueños de canal 12 ha sido la acogida que han brindado a Esta Noche y Esta Semana, dos programas dirigidos por Carlos F. Chamorro. Cuando canal 8 fue adquirido por la familia presidencial, con la cooperación económica venezolana, Chamorro decidió de inmediato buscar acogida en otro canal. Mariano y Fernanda Valle, brindaron respuesta a su solicitud. Desde 2010 hasta la fecha, Esta Noche y Esta Semana, han venido siendo transmitidos sin interrupción alguna. Con esta decisión ratificaban su pluralismo mediático.

¿Cómo interpretar el asedio impuesto a canal 12? ¿Se deberá únicamente a la pretensión manifestada por Orlando Castillo, director ejecutivo de Telcor, de evitar que sigan transmitiéndose por ese canal Esta Noche y Esta Semana o también se debe a sus deseos de tratar que sus dueños rectifiquen la política informativa de Noticias 12? La independencia de la familia Valle Flores ha resultado particularmente incómoda por los gobernantes. La pretensión implícita de la toma de las instalaciones de Esta Noche y Esta Semana era para sacarlos del aire para siempre.

La conducta errática manifestada por Castillo, pidiendo a los dueños de canal 12 de dejar de transmitir Esta Noche y Esta Semana, para después manifestar que su pretensión no había sido esa, me recuerda los bandazos que dio con la emisión del Acuerdo Administrativo 2013-005. En él se arrogaba la potestad de nombrar a los gerentes de primera línea de las compañías telefónicas. Los reclamos de los empresarios y el costo internacional que tenía para el gobierno, lo obligaron echar pie atrás de inmediato mediante la emisión del Acuerdo Administrativo 2013-006.

La dualidad de conducta del director ejecutivo de Telcor, me ha llevado a preguntarme si sus desaguisados en verdad son originados por pretender quedar bien con los gobernantes. Lo que ha dejado siempre en evidencia es que le cuesta mucho aprender. Son varias las pifias cometidas. La más lamentable fue cuando expresó ante una batería de periodistas, qué las licencias solicitadas por la familia presidencial, todas serían aprobadas. Un gesto indecoroso. Demasiada impudicia. Estimo que ni siquiera a sus benefactores debió gustarles. No lo imagino.

Existe expectativa sobre la decisión final que adoptará la Dirección General de Aduanas (DGA), en relación a la materia prima que mantiene retenida a La Prensa y El Nuevo Diario. De esta determinación depende que ambos diarios continúen con la edición impresa. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), solicitó a las autoridades gubernamentales accedieran a levantar el embargo. También exigió a la Policía Nacional retirara los señalamientos de golpistas hechos en su contra. El argumento esgrimido por el Cosep es que carecen de fundamento legal.

La interrogante sigue siendo si el próximo domingo 27 de enero, saldrá al aire a través de canal 12, el programa Esta Semana. Dependiendo de esta circunstancia sabremos en verdad la posición real del ente regulador. Todavía existen dudas de haber rectificado. Carlos F. Chamorro reconoció como positivo el hecho que Telcor haya dicho públicamente que no había enviado ninguna disposición a los dueños de canal 12, prohibiéndoles la transmisión de los dos programas bajo su dirección. De ser cierta esta determinación Esta Semana podrá verse el domingo a través de canal 12.

A los gobernantes no le hace nada bien continuar intimidando a los dueños de medios y criminalizando la profesión periodística. No deja de ser preocupante que ni la presencia en Nicaragua de funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos y de doce diputados de la Unión Europea, hayan servido de freno en su manifiesta hostilidad contra la prensa. ¿Será verdad —como piensan muchas personas— que estas acciones forman parte de su cruzada por censurar de una vez por todas a las voces discrepantes? Aun con todo lo ocurrido, me niego a creerlo. Sería un acto suicida.

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