Opinión

Intimidación y represión contra periodistas

Entre más tarde cese la cacería de periodistas y opositores al régimen, peores serán los resultados para todos



El acoso persistente y la represión sistemática contra los periodistas nicaragüenses arreció durante los últimos quince días del mes de noviembre. El gobierno cambió de actitud radicalmente desde el inicio de las protestas en abril de 2018. Pasó de ignorar a los demás medios, a una política informativa contestataria. La tónica para confrontar a los medios había sido hasta entonces una combinación del uso de los órganos institucionales — Dirección General de Ingresos (DGI), Dirección General de Aduanas (DGA), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)— con el apoyo invaluable de Telcor. Por más de diez años la conducta de los medios propiedad de la familia gubernamental y medios afines consistió en ignorar los planteamientos y afirmaciones provenientes de los medios adversarios. Optó por darles la espalda.

El viraje ocurrió cuando los hechos sociopolíticos desbordaron al gobierno. Todavía para la instalación del Diálogo Nacional, el miércoles 16 de mayo, la actitud de los medios oficialistas y oficiosos consistió en no proyectar por televisión el desarrollo del evento en el Seminario La Purísima. Para los artífices de sus políticas informativas y editoriales prevaleció la creencia de que era menos lesivo para sus intereses obviar lo que estaba ocurriendo en la mesa de diálogo. Una decisión riesgosa. El país estaba en vilo. Necesitaba urgentemente conocer la posición de los bandos en pugna. Desde el punto de vista de la comunicación —debido a la magnitud de lo que acontecía en Nicaragua— los medios no podían saltarse los acontecimientos sino a riesgo que otros actores mediáticos llenaran el vacío informativo. Algo evidente.

Las políticas informativas gubernamentales en el ámbito latinoamericano cargan con el agravante de que sus informaciones están encaminadas a favorecer las decisiones asumidas por los gobiernos cuyos intereses representan. En Nicaragua existe un enorme precedente. El somocismo —solo para citar un ejemplo de nuestra historia política contemporánea— además de conculcar las libertades públicas, creo su propio dispositivo mediático. La determinación del somocismo no fue óbice para que La Prensa se constituyera como el medio de comunicación de mayor ascendencia nacional. La perseverancia de los medios oficiales o identificados con el gobierno, a la larga crearon un sedimento amargo en el paladar de los nicaragüenses. No hay forma que escapen a juicios condenatorios. Magnifican la voz del gobierno. Esa es su tarea.

Los dirigentes de las políticas informativas y editoriales gubernamentales han continuado manteniendo la tesis que lo mejor era asentar su propia agenda. Una aspiración lógica. Lo incomprensible fue que nunca se dieran cuenta que en toda formación social los discursos que circulan entran en pugna. Se refuerzan, amplían o refutan. Contar con la mayoría de medios nunca ha sido una garantía en sociedades partidas en dos por la polarización. Una característica común de los caudillos ha sido propiciar las desavenencias. Es evidente que los medios se ven arrastrados a sucumbir ante este comportamiento. El problema se agudiza en el momento que el discurso simbólico es sobrepasado por los hechos. A partir de entonces la realidad exige otra lectura. Omitir no es lo más adecuado. Otros actores mediáticos suplirán las carencias.

En vez de debatir, los canales 8 y 13 continúan recurriendo a las descalificaciones. Las campañas de desprestigio contra los medios adversarios no cesan. No hay voluntad política por modificar sus estrategias informativas. Una forma burda de confrontar a los medios opuestos al manejo de la cosa pública. Otra debilidad evidente es su parcialidad manifiesta. El apego a las directrices recibidas inhibe a sus periodistas señalar el carácter extremo de las medidas represivas contra sus compañeros de profesión. Prima la condición política sobre cualquier otra consideración. Un retraso que carga el periodismo nacional en el Siglo XXI. En consonancia con lo anterior, su acriticidad salta a la vista. Una severa limitación de los periodistas a su servicio y un golpe a la credibilidad de sus políticas informativas.

Nicaragua empezó a ser otra a partir del mes de abril, una verdad reconocida incluso por los mismos gobernantes. El síntoma más claro de lo que estaba pasando fue verse obligados a manifestar que estaban dispuestos a rectificar los errores en los que habían venido incurriendo. El juego dialecto indica que si las circunstancia cambian, también debe cambiar la manera de enfrentarla. Una política informativa que olvida confrontar la realidad con sus narrativas mediáticas constituye un error mayúsculo. Aun con el peso significativo de los medios, el contrapeso que hacen las redes sociales —muchas veces vulgares y hasta mentirosas— tiene un significado sustancial e inconmensurable. En un país mayoritariamente constituido por jóvenes, las redes siguen siendo sus canales informativos predilectos. Deben saber usarlas. Alejarse de la ramplonería.

La represión y acoso contra los periodistas de radio Mi Voz, Corporación, Confidencial, La Prensa, 100% Noticias, tiene diversas lecturas, según con quienes se identifiquen las personas. Aun tomando en cuenta esta premisa, hay una lectura inevitable. ¿A qué obedece que el gobierno siga con su campaña de intimidación? ¿Cuál es el mal menor para sus intereses? ¿Contribuye a sus deseos de alcanzar la normalidad el despliegue de policías y antimotines por toda la capital? ¿Su empecinamiento se debe a que consideran que ya no hay un punto de retorno? ¿Están dispuestos a dilapidar el capital político que les queda? La capacidad de los dirigentes queda a prueba en los momentos más álgidos que atraviesa una sociedad. Lidiar con las contradicciones se convierte en la prueba de las pruebas. Un termómetro valioso para juzgar su talante.

¿La represión contra los periodistas debe interpretarse como un fracaso de la política informativa gubernamental? ¿De qué otra manera entender su obstinación contra la prensa? No hay duda que el alineamiento gremial y la existencia de un aparato mediático propio parecieran no bastarle. ¿Ni el encuadramiento de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), ni del Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN) han dado los frutos esperados? ¿Nunca se han preguntado sobre las consecuencias negativas que tiene amarrar a los periodistas afines o dictarles todos los días lo que tienen que hacer? El torrente de críticas sigue desbordado. Algo tendrán que decir los periodistas bajo su mando. Algunas experiencias habrán acumulado. A no ser que por la falta de calistenia resulte demasiado tarde interrogarles ¡qué puede hacerse ahora!

El uso de adjetivos incriminatorios por los distintos sectores políticos, económicos y sociales debe terminar. El triunfalismo de uno y otro bando puede resultar engañoso. Entre más tarde cese la cacería de periodistas y opositores al régimen, peores serán los resultados para todos. ¿Será que en algún momento los políticos aprenderán qué no deben emprenderla contra los mensajeros? La historia de la libertad de expresión en Nicaragua está teñida de sangre. Medios y periodistas no pueden renunciar a su función de fiscalización de los poderes; forma parte de su esencia. Una constante en la historia de la prensa nicaragüense ha sido su naturaleza combativa. Su aporte en la liberación del somocismo ha sido justamente valorado. Es difícil, casi imposible, pedirle ahora que se abstengan de informar sobre el drama que vive Nicaragua.