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Juicio político de los “Aguadores” es carta de negociación del régimen

Familiares entienden que el marco de acción es político, no judicial, y siguen unidos demandando la libertad de los 16 reos de conciencia

Desde antes de las cinco de la tarde del sábado, los familiares de la autodenominada ‘Banda de los Aguadores’ permanecieron a la espera de ver llegar a los muchachos, para hacerles saber que seguían pendientes de ellos.

Al final, no pudieron verlos al entrar al Complejo Judicial, por lo que optaron por irse a eso de las 5:30 de la tarde al centro comercial de Cobirsa, en carretera a Masaya, para efectuar una vigilia en demanda de una Navidad sin presos políticos.

Mientras tanto, sus hijos permanecieron tres horas en un microbús (presumiblemente, de cuatro a siete de la noche, sin poderse mover, sin derecho a tomar agua, ni a satisfacer necesidades fisiológicas decentemente), y solo fueron llevados a la sala de juicios cuando ya sus parientes se habían retirado para ir a la vigilia.

Tampoco pudieron verlos al salir, por la sencilla razón que eran las 3:30 de la mañana, y si bien muchos de ellos estaban despiertos y en contacto digital con los demás, esta vez no contaron con la benevolencia del juez, como sí había ocurrido otras veces.

“La audiencia comenzó a las siete de la noche, y terminó a las 3:30 am. Esta vez, tampoco pudimos entrar: pese a que las audiencias son públicas, nunca nos dejan estar ahí. Lo más que nos han dejado son cinco minutos para estar con ellos mientras elaboraban las actas, pero ayer no fue así”, dijo Federico Coppens, padre de la reencarcelada Amaya Coppens.

El abogado Julio Montenegro, uno de los siete letrados que defiende a los 16 acusados por el régimen, explicó que el juez Adalberto Zeledón dijo que no permitiría que vieran a los muchachos, para evitar situaciones como la de la semana pasada, cuando los familiares gritaron consignas de apoyo a sus hijos, “y él no quería desorden”.

El judicial temía que la presencia de unas cien personas, pudiera derivar en alborotos dentro del complejo, pese a que el grupo de parientes en las afueras del edificio no superaba las 25 personas; a que el edificio mismo es una mole inmensa, donde 25 personas no bastan para armar un alboroto de magnitud, especialmente un sábado en la noche en que no habría nadie para verlos ni a quien molestar, y tercero, que el juez tenía a su disposición a un nutrido contingente policial, dotado de su equipo defensivo y ofensivo para reprimir a quien hiciera falta.

Siguiente paso: seguir unidos

La decisión del juez, de rechazar uno tras otro todos los incidentes presentados por el cuerpo de abogados defensores, y continuar con el proceso judicial, estableciendo el 30 de enero de 2020 como la fecha para entrar a juicio, muestra a los parientes de los 16, que no hay nada en todo ese proceso que se apegue a la ley, porque el trasfondo es –siempre lo ha sido- político.

Consultada por CONFIDENCIAL, la señora Grethel Gómez, madre del acusado Hansell Quintero, aseguró que le parece natural que el juez declarara ‘sin lugar’ los tres recursos, porque “todo esto es un show político”.

Entre los familiares y los abogados existe la triste certeza de que la defensa de los muchachos se hace porque debe hacerse, pero no porque crean en la posibilidad de que tendrán un juicio justo, o que sea posible alcanzar un veredicto de inocencia.

El defensor Montenegro se basa en los resultados de su historia reciente como representante legal de los ciudadanos arrestados por ejercer su derecho constitucional a la protesta, para considerar que en este caso, la Dama de la Justicia no es imparcial.

“He llevado entre 125 a 130 representados, y solo unos 25 a 30 no resultaron responsables, pero fue en casos en que ni el Ministerio Público ni el juez tenían base alguna para culparlos. En todos los demás, bastó con que existiera la posibilidad de inmiscuirlos, aunque solo fuera de manera incidental, para condenarlos”, describió.

Federico, padre de Amaya Coppens tampoco ve ninguna posibilidad.

“Mi convicción es que son juicios políticos en primer lugar, por lo que no hay nada que esperar desde el punto de vista judicial, pero además, creo que viene una nueva fase de negociación y el régimen quiere tener las bases llenas para usar a los muchachos como moneda de cambio, e irlos soltando uno por uno, no masivamente”, compartió.

En el futuro más inmediato, los parientes tienen previsto reunirse con los abogados defensores.

“Estamos muy unidos, viendo cómo planificar acciones conjuntas y una estrategia de defensa colectiva. Los abogados están trabajando de manera coordinada, y queremos reunirnos con ellos para unificar criterios”, dijo Coppens.

El martes, esperan poder visitar a los muchachos en el nuevo Chipote, (van allá tres veces al día para llevarles alimentos), aunque están conscientes que, después de la decisión el juez Zeledón, existe la posibilidad de que trasladen a los varones a La Modelo, y a las mujeres a La Esperanza, y en ambos casos “el régimen de visita es diferente”.

Por su parte, el equipo de abogados defensores maneja “algunas expectativas, porque lo que tenemos es una programación del juez de audiencia, pero el juez de juicio es quien decidirá si mantiene esa fecha, la adelanta, o retrasa”, dijo el abogado Montenegro.

“Lo otro es que aún no sabemos quién será el juez. ¿Será Adela Cardoza, Edgard Altamirano?, no sabemos, y dependiendo del juez, veremos qué mecanismos vamos a utilizar como un grupo fuerte, porque hay jueces que son más cerrados”, recordó.

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