Opinion

La censura y el derecho a saber

La toma de las instalaciones de cualquier medio de comunicación se traduce de inmediato en la imposición de la censura

Existen diversas modalidades para censurar y vetar el derecho de la ciudadanía a saber. La más severa de todas a través de la historia de la libertad de expresión en Nicaragua —desde el inicio del periodismo nacional— continúa siendo el silenciamiento de los medios. Al no saber batallar con las informaciones y opiniones vertidas a través de la televisión, radioemisoras y medios impresos, los gobernantes optaron en unos casos por la ocupación manu militari. Este fue el procedimiento al que recurrió el comandante Daniel Ortega, al ordenar el asalto de las instalaciones de CONFIDENCIAL, Esta Semana, Esta Noche y 100% Noticias. Un hecho previsible.

El compromiso adquirido por el comandante Ortega, junto con otros aspirantes, al firmar en julio de 2001 la Declaración de Chapultepec, cuando presentó por tercera vez consecutiva su candidatura a la presidencia de Nicaragua, fue que iba a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. En noviembre de 2006 ratificó, ante sus seguidores políticos, que asumiría una posición similar. El anuncio lo hizo en los alrededores de la Rotonda Rubén Darío. El fantasma de la censura planeaba sobre la cabeza de los nicaragüenses. Temían que la censura sufrida por el periodismo durante los años ochenta, fuese nuevamente reeditada. No existían motivos para imponerla.

Una constante histórica —no solo en el contexto nicaragüense— han sido las tensiones persistentes entre los gobiernos y la prensa. La manera como se resuelven estas contradicciones exhibe el talante de los gobernantes. La crítica y la fiscalización de los poderes es consustancial al carácter de la prensa. Cuestionar y ejercer el papel de contrapoder, son dos aspectos ligados a su propia naturaleza. Pese a que ambos —prensa y gobernantes se ocupan de la cosa pública— sus caminos se bifurcan debido a que los gobernantes son reacios a toda forma de cuestionamiento. Siempre han sido proclives a la existencia de una prensa complaciente. Timorata y cómplice.

Con la intención de asimilar las lecciones aprendidas a lo largo de la historia de la libertad de expresión en Nicaragua, los parlamentarios decidieron introducir dentro de las estipulaciones del artículo 68 de la Constitución, la prohibición absoluta de la confiscación de los aparatos de difusión de masas. Una manera de cerrarle el paso a las tropelías cometidas por el somocismo durante los cuarenta y cinco años que se mantuvo en el poder. En la historia contemporánea —en los años cuarenta del siglo pasado— el fundador de la dinastía, general Anastasio Somoza García, se asistió de la censura para controlar a los medios opositores. Un mal persistente.

Los hijos del viejo Tacho tampoco supieron lidiar con la prensa e hicieron de la censura un acompañante insustituible en sus deseos por domesticar al periodismo nicaragüense. Algo que jamás pudieron conseguir. La combatividad y el compromiso de los periodistas fue clave —más allá de la censura— para mantener informada a la ciudadanía, develando sus corruptelas, crímenes políticos, latrocinios, detenciones arbitrarias, exacciones ilegales e imposición de multas. En el colmo de su aversión con la prensa, asesinaron, confiscaron, mandaron al destierro y destruyeron las instalaciones de varios medios, (radio Mundial, Futura, Mi Preferida, La Prensa, etc.)

Cuando se ocupa un medio de comunicación, se atenta contra el derecho de conocer los abusos y excesos cometidos por quienes detentan el poder y anulan la posibilidad de acceder a sus páginas, micrófonos y pantallas. Un derecho consagrado en el Artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua, una réplica del Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los cuerpos constitucionales de distintos países cautelan celosamente la libertad de expresión y el derecho a la información. Debido al papel que juegan los medios en la sociedad, no son equiparables a cualquier empresa de negocios. La Unesco considera la información como un bien público (un bien público es un bien que, incluso si se consume por una persona, sigue disponible para el consumo de los demás).

Los medios son empresas mercantiles protegidas legalmente, aunque su razón de ser —la naturaleza intrínseca de su funcionamiento— es la de buscar, recibir y difundir información. La rentabilidad se torna indispensable. Ninguna empresa puede operar con números rojos. La intervención policial en las instalaciones de CONFIDENCIAL, Esta Semana, Esta Noche y 100% Noticias jamás puede ser equiparada a la toma de una chivolería o de una fábrica de zapatos. Con la ocupación de sus locales, los gobernantes lesionan un bien que presta un servicio público y limitan la diversidad informativa, requisito indispensable de toda sociedad democrática.

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La toma de las instalaciones de cualquier medio de comunicación se traduce de inmediato en la imposición de la censura. La confiscación de medios impide a la ciudadanía tener acceso a una pluralidad de medios, en un país donde se necesita de su existencia como garantía para la difusión de diversidad de informaciones y opiniones. La confiscación y la censura generan como resultado la imposición de una sola versión de la realidad: la versión edulcorada proveniente de quienes detentan el poder político. Se instala el monólogo y la posibilidad del disentimiento es arrebatada a la ciudadanía. Disenso y consenso son las dos caras de la democracia.

Los medios se han convertido en auténticas plazas públicas, donde se plantean y debaten los temas más importantes y urgentes de la agenda nacional. Una aspiración de los gobernantes ha sido limitar las discusiones y mantenerlas dentro de márgenes estrechos, sujetos a control. Solo puede haber pluralismo político en aquellas sociedades donde existe pluralidad de medios. El pluralismo mediático requiere —además de los medios mercantiles— la existencia de medios públicos y comunitarios. Una aspiración a la que nunca he renunciado. Cuando estos medios existen y son promocionados se amplía enormemente el derecho de información.

Por la forma que se desarrollaron los medios en Nicaragua, los medios oficiales y oficiosos no han logrado calar en el sentimiento ciudadano. Existe una clara conciencia que la orientación de sus políticas informativas y editoriales sirve como palanca de transmisión de los deseos y aspiraciones de los gobernantes. Solo en una ocasión, una radio oficial —La Voz de Nicaragua en los ochenta— logró incidir en el ánimo de los nicaragüenses. Caló debido a que era la única emisora a la cual estaba permitido criticar la gestión que hacía el sandinismo de la cosa pública. Esta fue la razón fundamental para que gozara de una amplia audiencia.

Una de los mayores tropiezos de los gobernantes fue haber hecho abstracción de los demás medios existentes en el país, a través del diseño de una política de comunicación excluyente (2007); el otro fue la creación de su aparato mediático —radioemisoras, estaciones televisivas, medios electrónicos y redes sociales— que no han funcionado en los términos esperados. Al no permitir el menor asomo de críticas, los gobernantes ratificaron su impermeabilidad a los cuestionamientos provenientes de distintos sectores sociales, económicos, políticos y religiosos. La política informativa de sus medios siempre ha estado orientada hacia sus bases. Nada más.

El arreciamiento de las desavenencias se tradujo en un progresivo desencuentro entre buena parte de la prensa nacional y los gobernantes. La escalada de las agresiones perpetradas contra numerosos periodistas, el asesinato de Ángel Gahona en Bluefields, el exilio forzado de decenas de periodistas y la decisión de no entregar los insumos periodísticos a El Nuevo Diario y La Prensa—pese haber pagado los impuestos de rigor— condujo a la desaparición del primero y podría implicar el cierre de la edición impresa del segundo. El asedio contra los periodistas condiciona el ejercicio de la libertad de expresión y constituye una forma de censura indirecta.

Al no lograr imponer su agenda mediática se vieron obligados a recurrir de manera sistemática a los aparatos de Estado, echando a caminar una política intimidatoria — INSS, DGA, DGI— en la búsqueda de imponer la autocensura. Una práctica que se vio desbordada a partir de las protestas iniciadas en abril de 2018. Paralelamente Telcor fue instrumentalizado. Cerró varios canales y programas de televisión en algunos departamentos a petición de los secretarios políticos (los más emblemáticos fueron Condega, León y Chinandega). La confiscación de CONFIDENCIAL, Esta Semana, Esta Noche y 100% Noticias es el resultado de su fracaso por lograr este objetivo.

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