Opinión

La invisibilización del Cenidh

La democracia para fructificar requiere diversidad de voces, planteamientos, propuestas, réplicas y contrarréplicas



Para mostrar la invisibilización que es objeto el Cenidh, su presidente, Vilma Núñez de Escorcia, ejemplifica. Los campesinos que se oponen a la construcción del canal interoceánico, han realizado hasta ahora noventa y cuatro marchas de protesta. Ninguna ha sido cubierta por los canales de la familia presidencial. En el caso del Cenidh surgió un agravante: efectuó el primer estudio denunciando como violatoria de los derechos humanos, la aprobación de la Ley 840, que otorga la concesión canalera al empresario chino, Wang Jing. En conjunto con la Federación de Derechos Humanos (FIDH) —con sede en París— fue hecho público en septiembre de 2016. La investigación señala las violaciones jurídicas en que incurre dicha ley. Para su elaboración recogieron los testimonios de 131 personas, procedentes de 58 comunidades ubicadas en la ruta canalera. Realizaron 5 grupos focales en Rivas, Nueva Guinea y Rio San Juan. Núñez de Escorcia juzga que para el gobierno esta decisión resulta intolerable. Sus canales son coto cerrado. No brindan cobertura al tema. Deliberadamente ha sido excluido de sus agendas informativas. La libertad de expresión continúa siendo condicionada, resalta la presidente del Cenidh.

El Cenidh no puede transigir en un tema tan delicado para el futuro del país. Cómo vamos aceptar —argumentó— una ley cuyo propósito es sustraer los mega-proyectos que contiene —lo mismo pretende que ocurra con el inversionista Wang Jing— del cumplimiento del marco jurídico nicaragüense. Incluso la ley fue aprobada evadiendo la Constitución Política. A Núñez de Escorcia le asiste la razón. Si en algo han sido persistentes los medios de la familia presidencial, ha sido en invisibilizar la información generada por el movimiento campesino. La característica más evidente de estos medios, es no dar cabida a ningún tipo de información que entre en contradicción con las narrativas oficiales. Cero cuestionamientos. Cero críticas. El país padece de esquizofrenia informativa. La manera que cubren las marchas, Canal 12 (el único en VHF fuera de la égida presidencial), la revista Confidencial, el diario La Prensa, radio Corporación y Canal 15 —donde los campesinos y su dirigencia son vistos, leídos y escuchados— nos hacen creer que los nicaragüenses vivimos en dos países distintos.

La política de Telcor, sigue orientada a favorecer a los aliados del presidente Ortega. Otorga las licencias en una sola dirección. El sesgo es evidente. Xinwei —propiedad de Wang Jung, el inversionista favorecido con la concesión del canal interoceánico— fue premiado con varias licencias, mediante las resoluciones 166 y 167 (publicadas en La Gaceta del 2 y 3 de septiembre, emitidas por el ente regulador el 29 de julio de 2014). Una fue concedida para ofrecer el servicio de telefonía pública a nivel nacional, otorgada por diez años, de acuerdo con la Resolución Administrativa 389-2014. Igualmente fue premiado con licencias para ofrecer servicios de acceso a internet, de telefonía celular y de televisión por suscripción tipo IPTVS, también por diez años. Como si fuese poco, Telcor le confirió la licencia No. LIC-2014-TD-003, para prestar el servicio de transmisión de datos, (a partir de la fecha de la firma del contrato de licencia, hasta el día 29 de julio del año 2024). A nadie le ha dado tanto de una sola vez.

La invisibilización de rostros y temas en los canales pertenecientes al duopolio televisivo, ocurre de forma sistemática. De manera persistente han venido silenciando temas. La represión de las marchas campesinas por parte de la Policía Nacional, la epidemia originada por el creciente número de femicidios (cuarenta y una mujer a la fecha), la oposición de las bases sandinistas a los criterios de selección de los candidatos a ocupar cargos edilicios en las elecciones de autoridades municipales que se celebrarán en noviembre próximo; las marchas encabezadas por el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, para oponerse a un proyecto de minería a cielo abierto, en Rancherías; las protestas ciudadanas por el otorgamiento en León, de concesiones a la empresa minera transnacional Condor Gold, etc. Los rostros de los dirigentes políticos del Frente Amplio por la Democracia (FAD), fueron eliminados de la parrilla televisiva. Dejaron de ser invitados a participar en los programas de opinión en los canales propiedad de la familia presidencial.

Centrarnos en el duopolio televisivo sería un despropósito, la compra de El Nuevo Diario, realizada por el Banco de la Producción (Banpro), significó la exclusión del Cenidh de las páginas de un diario que ofrecía espacio —según la importancia de los temas— al trabajo desarrollado por esta institución. La actitud de los dueños de la corporación bancaria, obedece a la alianza estratégica que mantiene el gran capital con el gobierno del presidente Ortega. Una forma de corporativismo político tardío. Con la compra del diario en mayo de 2011, ocurrió un cambio radical en su política informativa y editorial. Varias columnas fueron expulsadas de sus páginas (Don Procopio y doña Procopia, de carácter humorístico, Hablemos de abuso sexual, de la experta Lorna Norori y la columna de Onofre Guevara). El suplemento humorístico El Alacrán, fue cerrado para congraciarse con el gobierno. La columna del Observatorio de Medios de Comunicación del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), empezó a ser objeto de censura, por lo que fue retirada. Las dos páginas de opinión fueron reducidas a una, y solo tienen cabida artículos que no incomoden a su aliado gubernamental. El Nuevo Diario dejó de representar una alternativa crítica.   

Telcor amplía y consolida un modelo de propiedad afín al presidente Ortega. En vez de rectificar, profundiza la permanencia de esta estructura de propiedad. Concede licencias de manera ilimitada a los aliados políticos y económicos del gobierno —que como hemos comprobado— limita las capacidades de expresión de la sociedad nicaragüense. Sin la existencia de medios ajenos a los intereses del duopolio televisivo y al comportamiento de algunos medios escritos y radiales —articulan un mismo discurso y promueven los mismos intereses políticos—  es impensable un verdadero y auténtico pluralismo. La democracia para fructificar requiere diversidad de voces, planteamientos, propuestas, réplicas y contrarréplicas, y especialmente propiciar la discusión abierta de cualquier tema, sin otro límite que el respeto por las ideas y la dignidad de las personas. Una democracia —para ser verdadera— no puede estar sujeta a lo que deciden los dos dueños de la televisión nacional. El país continúa siendo rehén de las decisiones que toman estos dos actores mediáticos. La libertad de expresión vive los asedios del gobierno y su ejercicio continúa fuertemente condicionado.