Opinión

¡La LAIP nació muerta!

Diez años después de su aprobación, la Ley de Acceso a la Información Pública no ha rendido ninguno de los frutos esperados



¿A qué se debería que el presidente Daniel Ortega, luego de aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), decidiera dejarla morir de inanición? ¿Será que la aprobó debido a que no podía maniobrar en su contra? ¿Estaban de por medio —como se dijo— las exigencias de las instituciones financiaras internacionales? Diez años después de haber sido aprobada en el seno de la Asamblea Nacional —el 16 de mayo de 2007— la LAIP no ha rendido ninguno de los frutos esperados: transparencia en el manejo en los asuntos de Estado, fortalecimiento de la democracia, reconocimiento del derecho a la información, rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos, apertura en el conducción de los entes estatales, ruptura con toda forma de secretismo y nunca más discrecionalidades arbitrarias en el manejo de la información pública. Se buscaba una nueva forma de actuación de los funcionarios. Servicial y abierta.

Con la intención de salirle al paso a ciertas conductas persistentes entre los gobernantes nicaragüenses, en 2007 adelanté que su vigencia estaba en manos del presidente Ortega. Expuse de manera explícita que el mayor desafío de la LAIP, radicaba en el Ejecutivo. Especialmente del presidente Ortega. La existencia de la ley no basta. En Nicaragua existen un sinnúmero de cuerpos jurídicos de enorme importancia, pero que son leyes muertas. En la voluntad política del gobernante radica la posibilidad de que esta ley venga a instaurar una nueva etapa en la vida del país. (Sabático, Managua, UCA 2008, pag. 80). Con esta advertencia reiteraba el profundo interés que existía acerca de la necesidad que el mandatario rompiera los candados con los que históricamente los funcionarios enllavaban la información pública. En los nuevos tiempos era apremiante acabar con la mala costumbre de tratar la cosa pública como si se tratase de bienes particulares. Un mal que pareciera inextirpable.

El enclaustramiento de los servidores públicos ha empeorado. Además de estar sentenciados de obviar cualquier apertura con periodistas y medios de comunicación, también han sido conminados a no brindar ningún tipo de información a la ciudadanía. Un mandato que entra en contradicción con las disposiciones constitucionales. La renuencia de los funcionarios obedece a que están claros que no serán objeto de las sanciones administrativas señaladas en los artículos 47, 48 y 49 de la LAIP. Saben que tampoco se les impondrán las penas establecidas en el Código Penal. Se sienten protegidos. Son impunes ante las violaciones que comenten y seguirán cometiendo contra lo establecido en la LAIP. Un enorme paraguas les protege. Ubicados en situación ventajosa, el brazo de la ley es corto, resultan inalcanzables por los delitos cometidos. Un contexto desfavorable que produce desaliento entre los nicaragüenses.

El preludio de la decapitación de la LAIP —antes que comenzara a ejercitarse— fue el interés manifiesto de negarse abiertamente a la creación de las Oficinas de Acceso a la Información Pública. La negativa por establecer los órganos competentes que se encargarían de facilitar el acceso a esta información, formaba parte de la estrategia gubernamental. Ya habían decido no tener apertura alguna en su futura relación con  medios y periodistas. Los gobernantes percibieron que la LAIP era un instrumento que interfería en sus propósitos de continuar manejando el Estado, como si se tratase de una institución privada. Un mal histórico. En Nicaragua se carece de una cultura de servicio público. La aplicación de las disposiciones de la LAIP contribuiría enormemente a gestar una nueva forma de relación entre gobernantes y gobernados. Su utilización no se circunscribe al ámbito de los periodistas. Es una ley de carácter ciudadano.

Otra razón que sentenció la muerte de la LAIP, fue que las instituciones del Estado, los entes descentralizados, gobiernos regionales y municipalidades, fueron persuadidos para actuar en consonancia con los propósitos del Ejecutivo. Donde se abrieron las Oficinas de Acceso, la morosidad con que vienen actuando, ratifica que no están dispuestas a entregar información que por derecho propio corresponde a la ciudadanía. En una doble dimensión. Por mandato legal y como representantes de los intereses de quienes dieron su voto para que ostenten sus cargos. Viven de espaldas a las demandas y requerimientos ciudadanos. No existe forma de que entiendan que son administradores y servidores de bienes y servicios públicos, no administradores de bienes y servicios propios. Una rémora difícil de erradicar. En estas pocas oficinas —fuera del entorno del Ejecutivo— la información que por ley deben poner de oficio, nunca está al día.

Después de diez años lo más preocupante es no existen indicios que vayan a rectificar. No hay voluntad política de promocionar una cultura ciudadana orientada a cambiar la conducta de los servidores públicos. Durante las reuniones del equipo impulsor de la LAIP —periodistas, académicos, dueños de medios, funcionarios de gobierno, organizaciones de la sociedad civil— se creyó oportuno incluir, dentro de su cuerpo normativo, un capítulo dedicado a cultivar un nuevo espíritu de servicio entre los funcionarios públicos. Con esa finalidad se propuso capacitarlos y actualizarlos. Se requería que adquiriesen otra cultura. La gestación de esa nueva cultura demandaba la programación de cursos permanentes, seminarios y talleres, que generasen otra sensibilidad en el ejercicio de sus cargos. Una búsqueda que se estrelló contra la cerrazón de los mandatarios. Una gran iniciativa fue abortada.

Ante la certeza que se trataba de introducir cambios en la relación servidores públicos—ciudadanía, lo aconsejable era involucrar al sistema educativo nicaragüense. El proceso iba a ser comandado por las más altas autoridades educativas del país. El Ministerio de Educación garantizaría —dentro de los planes y programas de estudios— la formación de los maestros, con contenidos didácticos que luego ellos mismos pudieran replicar con sus alumnos. Enseñarles lo importante que resulta para la sociedad nicaragüense, garantizar el acceso a la información pública. Las universidades —tanto públicas y privadas— tampoco pusieron en marcha las actividades curriculares y extracurriculares dispuestas en la LAIP. Se buscaba de promover una cultura orientada a terminar de una vez con las conductas medievales incrustadas en las esferas estatales, gobiernos regionales, entes descentralizados y municipalidades. Tienen una enorme deuda con Nicaragua.

El desconocimiento de la LAIP —la tratan como a un muerto— se emparenta con la política informativa y de comunicación del gobierno. Para eludir a los periodistas se han enclaustrado. Las oficinas son cotos cerrados. Existe una enorme falta de atención a la ciudadana. Las vicisitudes que viven periodistas y medios, solicitando información son angustiosas. La política que mantienen es de cero escrutinio. Cero transparencia. Cero rendición de cuentas. Los medios deben cambiar sus políticas informativas. Mientras no lo hagan, seguirán siendo rehenes de su apego enfermizo de no desatar el cordón umbilical que les ata con las instituciones estatales. Aprovechar la oportunidad para redefinir sus políticas informativas y no medrar a su alrededor. Deben ensayar otras estrategias. Ampliar su agenda. Incorporar nuevos actores y nuevos temas.

La insistencia de tornar efectivas las disposiciones de la LAIP, proviene más bien de organizaciones de la sociedad civil y de parte de algunos académicos. Un problema sustancial ha sido la falta de insistencia ciudadana y de parte de medios y periodistas, a quienes por ley, deberían entregarles la información que demanden. El cansancio y desazón que produce pedir información —una y otra vez— sin que se las proporcionen, es enorme. Después de tres o cuatro intentos fallidos surge el descorazonamiento. En estas circunstancias hay que tener presente la tesis del filósofo Herbert Marcuse. El abanderado de la Escuela de Frankfurt —que tanto incidió en la formación de mi generación— sostiene, que cuando una sociedad no reclama por los desafueros cometidos en su contra, se debe a que tiene entumidos sus resortes morales. Me niego a creer que la sociedad nicaragüense haya llegado a estos extremos.