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La normalidad no llega

Nicaragua cumplió cuatro meses de protestas continuas contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. EFE | Confidencial

“La violencia es reprochable
y no lleva a la paz ni al diálogo.
La violencia es el camino a la muerte”.
P. Carlos Herrera
Obispo Diócesis de Jinotega

A contrapelo de lo afirmado por los gobernantes, al cumplirse cuatro meses de protestas, ¡la violencia persiste! Todavía el país no se recupera de las heridas infligidas. Los mayores y mejores esfuerzos deberían estar encaminados a lograr el cese de las agresiones. Las diferencias entre familias y la polarización del país persisten. Más bien tienden ahondarse. ¿Qué hacer para salir de este ciclo de violencia? Los llamados a reanudar el Diálogo Nacional no fructifican. Una opción viable y menos costosa para los nicaragüenses. ¿Qué gestos se requiere hacer para que Nicaragua se encamine en esa dirección? Entre más pronto mejor. El presidente Ortega habló que estaba gestionando la presencia de Naciones Unidas. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué le respondió, António Guterres, su secretario general? Sería una buena señal para el país. La aspiración de los nicaragüenses es encontrar una paz pronta y definitiva.

Desde hace varias semanas los gobernantes vienen insistiendo que el país entró a la normalidad. Un alegato esperanzador que no se compadece con la realidad. ¿Vierten sus aseveraciones porque están mal informados? Incluso podemos especular y preguntarnos qué entienden por normalidad. ¿La desaparición forzosa de los tranques? ¿La posibilidad de desplazamiento por las carreteras? ¿La reactivación de las actividades comerciales? ¿La continuidad de los servicios bancarios? ¿El desalojo violento de la UNAN-Managua? ¿El anuncio de la reapertura de las escuelas de primaria e institutos públicos? ¿Basta este cuadro para hablar de normalidad? Es imperativo recurrir a otros indicadores. Indudablemente que la apreciación de la realidad —para ser completa— requiere otros elementos de análisis. Para comprender exactamente la situación del país, hace falta ponderar otros factores.

¿Será que los gobernantes se atienen únicamente a las publicaciones de sus medios y medios afines? Cuando hay disputas por la agenda mediática resulta un tanto comprensible que cada medio intente imponer su versión. Durante muchos años el gobierno contó con una ventaja apreciable. Ejercía control indirecto sobre los medios. Después de cooptar a las organizaciones gremiales —excepto a la Asociación de Periodistas Nicaragüenses (APN)— de hacerse de su propio aparato mediático, imponer el temor a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Dirección General de Ingresos (DGI), Dirección General de Aduanas (DGA), Instituto de Telecomunicaciones (Telcor); de cerrar canales televisivos y manejar enteramente en provecho de sus intereses políticos la entrega de la publicidad estatal, muy poco medios y periodistas se aventuraban a desafiar al gobierno.

Otro elemento que podría gravitar en la visión de los gobernantes acerca de la presunta normalidad, podría derivarse de considerar solamente las versiones que ofrecen sus allegados sobre el acontecer nacional. Urge por lo tanto realizar una lectura más amplia, un enfoque más integral. Es probable incluso que la definición de normalidad a la que se refieren, provenga de una apreciación interesada de la realidad. El regateo mostrado en la reapertura o no del Diálogo Nacional se fundamenta en el manejo del tiempo. Una actitud crucial en política. Existe una decisión explícita de provocar cansancio entre los sectores opuestos a su permanencia en el poder. Parte de su actual estrategia está dirigida en varias direcciones. Desarticular los liderazgos al costo que sea (un gravísimo error), auspiciar la toma de propiedades y rearticular a su membresía política. Los mandatarios juegan a que el tiempo les favorezca.

A nivel internacional la escalada podría subir de nivel. La embajadora de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, Nikki R. Haley, se refirió al gobernante nicaragüense en términos muy duros. En un artículo reciente manifestó, que “el mandato cada vez más violento y autoritario de Daniel Ortega ha empezado un vertiginoso deterioro. El gobierno y sus matones parapoliciales han sumido en un clima de terror al pueblo nicaragüense. Usan la fuerza letal contra manifestantes pacíficos, perpetran ejecuciones extrajudiciales y detienen y torturan a opositores políticos y a quienes promueven reformas democráticas. Más de 300 personas han sido asesinadas desde que empezaron las protestas pacíficas en abril”, (Miami Herald, 4 agosto 2018). En consonancia con estas afirmaciones, Haley adujo la semana pasada en Colombia, que el caso nicaragüense debería elevarse ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Haley pretende ganar posiciones entre la comunidad internacional. Una pretensión explícita. El gobierno debería prevenir un mayor aislamiento político-diplomático. Una mirada desprejuiciada a nivel interno, nos indica algo distinto a lo expresado por los gobernantes. Diversos acontecimientos ratifican que Nicaragua no ha entrado todavía por el cauce de una auténtica normalización. Ni siquiera aludo a una normalidad similar a la que existía antes del estallido de las protestas. El desplome del empleo (desde hace varios lustros distintas encuestas indican que la falta de empleo es el problema más acuciante); el cierre de miles de pequeños, medianos y grandes negocios, la caída vertiginosa de la construcción, la fuga de cerebros, el despido de médicos y profesores, la desaparición de la inversión directa extranjera y el colapso del turismo, son mojones imprescindibles para entender esta nueva situación.

Un conjunto de manifestaciones cotidianas echa por tierra las consideraciones de los gobernantes. En numerosas ciudades del país la ciudadanía no se atreve a circular después de la seis de tarde. La circulación de encapuchados en camionetas Hilux, mantiene atemorizada a la población. Sus quejas y reproches a través de medios opositores son una constante. Los grandes hoteles —con franquicia internacional— vienen acumulando perdidas desde el mes de mayo, otros se han visto obligados a cerrar. La última función en los cines continúa siendo a las cinco de tarde. Los bares y restaurantes no han podido atraer —con sus ofertas— a parte sustantiva de sus asiduos nocturnos. Los centros comerciales no han recuperado a su clientela. Las ventas de automóviles cayeron estrepitosamente. Las farmacias —con el ánimo de estimular las ventas— ofrecen descuentos del 35% y aun así no lo han logrado.

¿Cómo hablar de normalidad si las marchas en Matagalpa y en El Viejo fueron atacadas por simpatizantes del partido gobernante, provocando un muerto? ¿Cómo hablar de normalidad si el cierre de empresas provocó que el INSS perdiera 119,567 afiliados, en el lapso de tres meses de rebelión cívica, según datos oficiales? ¿Cómo hablar de normalidad si la caída de las recaudaciones en la DGI y DGA obligaron al gobierno a pedir una megareforma del Presupuesto General de la República? ¿Cómo hablar de normalidad si la disminución presupuestaria tiene una incidencia negativa en el campo de la salud, educación e infraestructura? ¿A qué normalidad se refieren los gobernantes si la ciudadanía de los barrios orientales capitalinos, claman ante las organizaciones defensoras de los derechos humanos, debido a detenciones ilegales? Es muy difícil que la ciudadanía asimile las valoraciones de los gobernantes.

¿Cómo hablar de normalidad si la Gritería Chiquita —por la Asunción de María en León— el obispo César Bosco Vivas tuvo que adelantar la celebración por falta de seguridad? ¿Cómo hablar de normalidad si los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), afirman que ninguno de los enjuiciados por el Ministerio Público, es miembro de los encapuchados que provocaron muertes y heridos? Contrario sensu, 130 personas están siendo acusadas de terrorismo, crimen organizado, secuestro, extorsión, incluso de asesinatos. Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, manifestó que “las órdenes de allanamiento y de captura ya no existen, se violenta el domicilio y se hacen detenciones fuera de lo legal, sin que haya sanción para los agentes”. ¿Cuál normalidad, si el cardenal Leopoldo Brenes asegura que en el país hay persecución y criminalización contra las personas que se oponen al gobierno?

La mejor manera de superar la crisis y recuperar la normalidad, sigue siendo a través del diálogo. El presidente Ortega no ha respondido a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), el llamamiento de volver a sentarse en la mesa de negociaciones. El revés del canciller Denis Moncada en el Vaticano debe llamar a la reflexión del equipo gobernante. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), desoyeron la petición de recursos formulada por el ministro de Hacienda Ivan Acosta, con la intención de oxigenar el Tesoro de la República. Adujeron que el frenazo económico es de carácter político. Este razonamiento implica que los organismos multilaterales están claros que la salida a la crisis tiene que ser política. Hay quienes afirman que el tiempo para los gobernantes se agotó. En política siempre hay margen para la negociación. ¡No creo que el presidente Ortega sea un suicida político!