Nación

Continúa persecución política contra opositores y excarcelados

El régimen Ortega Murillo dirige una campaña de hostigamiento selectiva contra los exreos políticos, denuncian organismos de derechos humanos

El abogado Noel Valdez Rodríguez, de 50 años, acudió a la Policía de Nicaragua a gestionar su licencia de conducir en septiembre pasado. Cuando le entregaron el documento, en la delegación de Matagalpa, él leyó en el mismo que, debajo sus datos personales y la categoría de conducir, las autoridades escribieron una leyenda que lo describió como “…detenido y esperando ser procesado… caso de los tranques”.

La referencia en el documento oficial señaló a Valdez como uno de los opositores que levantaron trincheras contra el gobierno en las protestas que iniciaron en abril del año pasado. A esas barricadas levantadas con adoquines el gobierno las llamó los tranques de la muerte, porque de ese modo responsabilizó a los manifestantes de la violencia en el país. El abogado fue uno de los presos políticos liberados en junio pasado por la justicia de Nicaragua tras la presión internacional ejercida contra el gobierno de Daniel Ortega. Pertenece al partido opositor Ciudadanos por la Libertad y estuvo diez meses preso por participar en las manifestaciones en su natal Matagalpa, ubicada a 130 kilómetros al norte de la capital del país centroamericano, donde miles de opositores protestaron inconformes con una reforma a la seguridad social y luego reaccionaron ante la represión con la que el ejecutivo respondió a los cuestionamientos de la población. Más de un mes después de la entrega de su licencia, el jurista lamenta que el Estado lo expone a agresiones de fanáticos del partido u oficiales identificados con el gobierno.

El abogado Noel Valdez Rodríguez fue a retirar su licencia de conducir y se encontró que la Policía le puso en ese documento que tenía pendiente un caso pendiente por lo de los “tranques”, que es como se conocen en el país centroamericano a las barricadas que fueron levantadas por los opositores en protesta contra el gobierno de Daniel Ortega desde abril de 2018. Crédito: Stereo Romance (Collage: CONNECTAS)
El abogado Noel Valdez Rodríguez fue a retirar su licencia de conducir y se encontró que la Policía le puso en ese documento que tenía pendiente un caso pendiente por lo de los “tranques”, que es como se conocen en el país centroamericano a las barricadas que fueron levantadas por los opositores en protesta contra el gobierno de Daniel Ortega desde abril de 2018. Crédito: Stereo Romance (Collage: CONNECTAS)

Varios  opositores a Daniel Ortega dicen ser víctimas de seguimientos y vigilancia policial, lo que les impide manifestarse en las calles y seguir adelante en sus vidas, sobre todo en el caso de los excarcelados. Los testimonios de diez ex presos políticos, consultados para esta investigación periodística, realizada por Stereo Romance en alianza con CONNECTAS, demuestran un patrón de comportamiento por parte de las autoridades contra los denunciantes, expresado en la vigilancia policial selectiva en las afueras de las casas de estos opositores o agresiones verbales de simpatizantes sandinistas en los barrios de donde son originarios. La Comisión Permanente  de Derechos Humanos, un organismo que lleva un registro sobre las denuncias por abusos  del gobierno, confirmó que han recibido al menos 63 casos de ex prisioneros opositores,en un contexto adverso para la crítica, donde las manifestaciones opositoras quedaron prohibidas desde septiembre del año pasado.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, entidad que le ha dado seguimiento a la situación nicaragüense desde abril del año pasado, el país vive en un “contexto persistente de persecución, amenazas y violaciones al debido proceso” que alcanza  a manifestantes, periodistas y medios de comunicación. En un mensaje en Twitter, publicado el 27 de septiembre pasado, la CIDH urgió al gobierno a que evite ese hostigamiento. Hasta ahora la posición del ejecutivo, divulgada en distintos foros internacionales, ha sido que fueron víctimas de un intento de golpe de Estado. Sin embargo, tanto la CIDH como Naciones Unidas no han encontrado elementos de prueba para estas afirmaciones y, en sentido contrario, han denunciado el uso excesivo de la fuerza contra los opositores, lo que ha provocado al menos 328 asesinatos y más de dos mil heridos desde abril de 2018.

En las denuncias de la CPDH se puede leer que, según los opositores, son objetos del asedio oficialista, el cual documentaron a través de videos, fotografías, mensajes de texto enviados a sus celulares e imágenes de manchas en las paredes de sus casas, en las cuales les escriben la palabra “plomo” para intimidarlos, aunque en otros casos se las han tatuado a mujeres, así como la palabra FSLN a un menor de edad en agosto del año pasado. El equipo de Stereo Romance, en alianza con CONNECTAS,  solicitó una entrevista a la Policía Nacional a través de dos cartas, para abordar estas denuncias. Una de ellas fue enviada en agosto y la otra en octubre de este año. Sin embargo, no hubo respuesta a las mismas.

Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la CPDH, destacó que, entre los 63 casos mencionados, hay seis denuncias por mala atención y negación de atención médica en los hospitales contra los ex presos políticos. Esto trae a la memoria colectiva el caso del niño Álvaro Conrado, quien murió porque en un hospital público le negaron la atención  médica el año pasado, después que fue herido en el cuello por un francotirador en Managua. Cinco meses después de las últimas excarcelaciones, la CPDH tuvo conocimiento también de diez casos de personas que fueron recapturadas y tres ex presos que aseguraron que han sobrevivido “a intentos de asesinatos”, pero no dio más detalles de los supuestos ataques.

Durante la elaboración de esta investigación, el ex preso político Francisco Hernández, por ejemplo, aseguró  a Stereo Romance que temía ser detenido si decidía ir a la Policía a hacer gestiones. Su esposa reportó a los organismos de derechos humanos su detención.

Pablo Cuevas, otro miembro del área legal del organismo de derechos humanos, sostiene que los opositores están siendo asediados e intimidados. “Son vigilados primero por las estructuras del partido. Hay otro tipo de vigilancia de los motorizados, que son policías de civiles. A veces llegan patrullas descaradamente”, lamenta el abogado.

La molestia oficial por los globos azul y blanco

Videos tomados por opositores nicaragüenses con sus celulares, publicados después en sus cuentas de redes sociales, muestran cómo las autoridades policiales rondan sus viviendas para intimidarlos. El cinco de octubre pasado, una mujer de la comunidad de San Rafael del Sur, en Managua, denunció  en su cuenta en Facebook cómo una patrulla se aparcó frente a su casa y estuvo ahí durante más de una hora. En las imágenes se observa a los oficiales sonar las sirenas del vehículo en respuesta a que ella decidió celebrar su cumpleaños escuchando en volumen alto la canción “que vivan los estudiantes” (de los Guaraguaos) y decoró su sala con globos azules y blancos, los colores de la bandera que son considerados subversivos por las autoridades debido a que con ellos se identifican los manifestantes desde que iniciaron las protestas.

Jader Munguía, de 45 años, originario de la comunidad El Rosario, en el departamento de Carazo, afirma que no ha tenido la oportunidad de conseguir empleo debido a que la Policía se niega a emitir el récord que afirme que está libre de antecedentes criminales, tal como debieron hacerlo desde la aprobación en el Parlamento en junio pasado de la ley de amnistía promovida por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. La CPDH reportó casos también en que la constancia era emitida señalando la participación en los tranques. De cualquier manera, el Estado limita la posibilidad de  acceder  a un trabajo a los excarcelados, porque el récord es un requisito solicitado por varias empresas durante las postulaciones a empleos.

La negativa de la Policía para entregar estas constancias es cuestionada también por las autoridades del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, cuya personería jurídica fue cancelada por el Parlamento de mayoría sandinista el 12 de diciembre de 2018 bajo la acusación de que había recibido fondos para “alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar al país”. Para la presidenta de este organismo, Vilma Núñez de Escorcia, esta medida gubernamental es cómo “declararle la muerte civil” a los ciudadanos, porque les impide el acceso a diferentes servicios públicos, al derecho al trabajo y a la presunción de inocencia.

La migración al exterior es por falta de seguridad

La situación de falta de garantías a la ciudadanía ha causado también la salida de 70 mil nicaragüenses al exterior desde abril de 2018. Según un informe de la CIDH, publicado en septiembre bajo el título de “Migración Forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica”,  55 mil 500 migrantes pidieron protección en ese país. Factores vinculados a la persecución del Estado guardan una estrecha relación con la huida de Nicaragua. “Amenazas directas en un 33 por ciento; por amenazas por redes sociales en un 23 por ciento; por imputación de delitos en un 11 por ciento; por la represión estatal en un 8 por ciento; por asedio y persecución en un 6 por ciento; por detención arbitraria en un 7 por ciento; por atentados en un 5 por ciento; como consecuencia de heridas en un 5 por ciento; por violación sexual en un 1 por ciento; y por negarse a cumplir órdenes en un 1 por ciento”, ahondó el documento.

La CIDH  realizó para la elaboración del informe 259 entrevistas y recabó 152 testimonios. La migración de los nicaragüenses ha ocurrido por la grave crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua “desde la represión estatal a las protestas que inició el 18 de abril de 2018 y que, hasta el momento, ha ocasionado la muerte de 328 personas; 2,000 personas heridas; 700 personas detenidas y enjuiciadas; el despido de 300 profesionales de la salud; la expulsión de 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN); y el exilio de al menos 70 periodistas y trabajadores de medios; hechos que han quedado impunes”, según el organismo.

De acuerdo con la CIDH, hay una “criminalización” de la protesta social, una situación que incluso ha tocado a excompañeros de la lucha antisomocista de Ortega. El mayor retirado, Tomás Maldonado, luchó contra Somoza y fue de la estructura partidaria del FSLN entre 2000 y 2006. También fue él quien entregó un video a la CPDH en que se observa que fue amenazado por trabajadores del poder judicial en Jinotepe.  Cuando fue enjuiciado, la Fiscalía lo acusó de dirigir una “estructura criminal” y de usar su experiencia militar para ejecutar supuestos actos delictivos, los que siempre ha negado mientras se lamenta de haber colaborado antes con el partido en el poder. “Me tocó hasta pedir dinero para seguir el ideal  de Sandino, ayudar a los que no tenían ni un peso en la bolsa y hoy son millonarios”, se queja este militar retirado que ahora es pastor evangélico.

El pasado 19 de octubre, cuando se convocó a una jornada para ayudar a los ex presos políticos,  la Policía mantuvo vigilancia en la casa de Maldonado, ubicada en la ciudad de Jinotepe, en Carazo. Igual las autoridades asediaron a quienes donaron víveres en distintas iglesias que fueron usadas como centros de acopio en el país centroamericano.

El coronel retirado Carlos Brenes fue también capturado en agosto de 2018. Se encontraba en la frontera de Costa Rica cuando un oficial le dijo que era un “sujeto de interés policial” e inmediatamente se le informó que quedaba detenido. En su juventud fue un militar destacado en las filas del Ejército Popular Sandinista, cultivó su prestigio desde los años de la rebelión contra la dictadura. Sus compañeros de armas lo consideraron un héroe. En aquel tiempo conoció a Daniel Ortega  y se tomaron fotografías cuando eran guerrilleros, las cuales han circulado ahora con el proceso en que al opositor le imputaron el cargo de terrorismo. Brenes describe como ‘proceso de humillación’ el encarcelamiento en el Sistema Penitenciario, donde no le permitieron atención médica para tratarse sus enfermedades crónicas. Luego fue excarcelado. En otro viaje, el tres de octubre pasado, agentes de migración le preguntaron nuevamente por los motivos de su viaje, el que, según sus familiares, era fundamentalmente para cuidar su salud. El militar en retiro no dio detalles a los medios de comunicación sobre las circunstancias en que lo trataron esta vez los agentes del Estado, pero al diario digital Artículo 66 le dijo que no estaba entre sus planes el exilio, sino seguir su oposición contra el gobernante.

El último a la derecha, sin camisa, es el coronel retirado Carlos Brenes, uno de los ex presos políticos del gobierno de Daniel Ortega. En esta imagen de juventud, puede verse junto al actual presidente cuando ambos combatían a la dictadura de Anastasio Somoza. Ahora el militar retirado es uno de los ex presos políticos en Nicaragua. Crédito: Tomada de redes sociales
El último a la derecha, sin camisa, es el coronel retirado Carlos Brenes, uno de los ex presos políticos del gobierno de Daniel Ortega. En esta imagen de juventud, puede verse junto al actual presidente cuando ambos combatían a la dictadura de Anastasio Somoza. Ahora el militar retirado es uno de los ex presos políticos en Nicaragua. Crédito: Tomada de redes sociales

El general retirado Hugo Torres, quien es directivo del Movimiento Renovador Sandinista, dice que el gobierno quiso usar los casos de Maldonado y Brenes como ejemplos para otros antiguos cuadros sandinistas, a quienes podría ocurrírsele la rebelión. “Quiso usarlos (para decir) de que no tenía escrúpulos ni con sus compañeros de lucha en el pasado ni con nadie. Por querer demostrarse a sí mismo que su concepción de país era lo mejor, se quedó anclado en la época de la guerra fría con una concepción atrasada estalinista de lo que debería ser el poder y la sociedad. De un régimen autoritario a una dictadura hay un solo paso y Ortega lo dio rápido”, añadió.

Amenazas a las puertas de la casa y en eventos

La mujer trans Kisha López, de 28 años, fue prestamista de Diriamba hasta que la apresaron por su participación en las protestas. Su encarcelamiento significó su ruina económica y, ahora que quiere seguir adelante, ella dice que es víctima del hostigamiento de las autoridades. Para probarlo, muestra tres videos en los cuales puede verse a patrullas de la Policía frente a su casa. En uno de ellos, ella los encara a gritos desde su vivienda y les dice que no les tiene miedo; los acusa “de que día y noche pasan paramilitares por ahí, me van a matar”. Las víctimas de la represión en Nicaragua han denunciado la actuación combinada de policías, grupos armados y pandilleros.

Las amenazas contra los opositores se dan igual cuando los ex reos políticos venden productos como pulseras u otras artesanías con los colores azul y blanco, con los cuales se identifica la oposición. Los hermanos Jean Carlos, Harvin y Luis Miguel Lesage, una familia de músicos que ahora elaboran camisetas con leyendas como “tu alma grita Nicaragua, que se rinda tu madre” para comercializarlas, denuncian que tienen tres videos– igual que fotografías– de la persecución de la que han sido víctimas por su condición de excarcelados.

El ex reo político Luis Miguel Lesage saca la bandera de Nicaragua el 25 de agosto de 2019 ante el asedio de la Policía durante una feria a beneficio de los opositores. Él y sus dos hermanos, también ex presos del gobierno, hacen camisetas con mensajes honrando a los fallecidos durante la represión del gobierno. Crédito: Stereo romance
El ex reo político Luis Miguel Lesage saca la bandera de Nicaragua el 25 de agosto de 2019 ante el asedio de la Policía durante una feria a beneficio de los opositores. Él y sus dos hermanos, también ex presos del gobierno, hacen camisetas con mensajes honrando a los fallecidos durante la represión del gobierno. Crédito: Stereo romance

“No nos han borrado los delitos, en mi caso me eliminaron del sistema de estudiantes de la facultad regional UNAN-Carazo (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de ese departamento), estudiaba quinto año de administración de empresas. Es un proceso bastante duro, porque estamos enfermos psicológicamente por el asedio, la persecución. No puedo salir ni a la esquina de mi casa. Solo puedo estar en mi casa preso”, dice Jean Carlos Lesage.

Su hermano Harvin Lesage cuenta también que afuera de su vivienda se pueden ver a policías y paramilitares que toman fotografías para intimidarlos, en lo que coincide con el relato de otros ex presos políticos. “Nos ha violentado nuestros derechos. Sufrimos asedio, documentos legales no los dan, nos tienen odio la verdad”, concluye.

Patrullas frente a las parroquias

La presencia de agentes del Estado es notoria en los alrededores de las iglesias. En una carta del siete de octubre pasado, el Obispo de Estelí y secretario de la Conferencia Episcopal, Abelardo Mata, condenó el asedio de paramilitares y policías del que fueron objeto durante una procesión que realizaron en honor a la Virgen del Rosario, patrona de esa ciudad ubicada al norte del país, y en el cual intimidaron claramente a la población.

“Cuando la procesión estaba finalizando la presencia de la Policía y paramilitares con armas de fuego, provocó el temor de la feligresía que acompañaba a la Virgen. Todos corrieron hacia el interior del templo y se formó un desorden. Ante el temor del ingreso de paramilitares y policías algunos feligreses cerraron las puertas de la Iglesia, quedando algunos de los que protestaban dentro. En esta confusión, los paramilitares se hicieron presentes cerca de la sacristía. Uno de ellos, a quien le falta un brazo, cargaba un arma de fuego con la que apuntó a los seminaristas. Un seminarista forcejeó con él para evitar que disparara”, dijo Mata en su misiva.

Otros sacerdotes rechazan la presencia policial frente a las parroquias. Cada vez que celebran una misa por el alma de algunos de los manifestantes asesinados, en la ciudad de Masaya, al oriente del país, suele verse a patrullas cerca de las iglesias como ha ocurrido en el caso del sacerdote Edwin Román, quien lo denunció públicamente el 27 de agosto pasado. “No sé el motivo? La parroquia San Miguel-Masaya ha estado rodeada toda la tarde por diez patrullas antimotines y motorizados. Cerraron dos cuadras a la redonda sin paso vehicular. Son las 8:15 pm, estoy solo en casa cural y tengo en el portón una patrulla y otra por la iglesia”, escribió en su cuenta de Twitter.

8 de julio de 2019. La población increpa a los oficiales cuando las patrullas se retiraban de enfrente de la parroquia San Antonio de Padua, en Jinotepe, adonde se celebró una misa en honor de las víctimas del departamento de Carazo. Crédito: Stereo Romance
8 de julio de 2019. La población increpa a los oficiales cuando las patrullas se retiraban de enfrente de la parroquia San Antonio de Padua, en Jinotepe, adonde se celebró una misa en honor de las víctimas del departamento de Carazo. Crédito: Stereo Romance

Román afirmó en entrevista con Stereo Romance que la población no tiene miedo y denunció que “la dictadura en Nicaragua se ha molestado porque los sacerdotes denuncian la injusticia”. Explicó que, en el contexto de las protestas desde el año pasado, las iglesias han abierto sus puertas para atender a las víctimas de la represión. Otros líderes religiosos han criticado el comportamiento de los agentes.

El abogado Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y quien han dado seguimiento a las denuncias de excarcelados, sostiene que todas estas denuncias se explican porque en el país hay un estado de derecho en ruinas, debido a que todos los poderes del Estado se subordinan al ejecutivo y solo obedecen directrices. Lamentablemente, para el jurista, no funcionan todos los instrumentos que la ley le da al ciudadano para protegerse contra los abusos de autoridad.

Gerald Lobo es otro excarcelado que asegura que quiere seguir  adelante en su vida, pero ve a la persecución estatal como un obstáculo para hacerlo. Tiene un negocio de venta de ropa usada en Nicaragua, y se mudó de casa para evitarse problemas con simpatizantes del partido de gobierno, quienes al reconocerlo lo llamaban “tranquero”, el mismo descalificativo que usó la Policía cuando emitieron la licencia de conducir del abogado Noel Valdez Rodríguez en Matagalpa, recordándole que esperaba ser procesado por ese mismo caso.


Este trabajo fue realizado por Stereo Romance en alianza con CONNECTAS, en el marco de NICARAGUA.CONNECTAS, un espacio para contar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.

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