Opinion

La prohibición contra monseñor Álvarez atenta contra el derecho a la vida

La orden de Ortega-Murillo través del Ministerio de Salud viola un rosario de derechos humanos

La negligencia del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua ante la pandemia del Covid-19 raya en lo absurdo y ha llegado a captar la atención de medios de comunicaciones internacionales. Sobre esta insensatez, se cuestiona el sentido de humanidad de la pareja presidencial; si es una estrategia para distraer la atención; o si buscan crear caos. En todo caso, la prohibición de una campaña de prevención anunciada por la Diócesis de Matagalpa que encabeza Monseñor Rolando Álvarez, es un acto más que negligente y convierte al régimen en el rector de una política que atenta deliberadamente contra la salud y la vida del pueblo de Nicaragua.

Considerar que el rol de la iglesia se limita a guiar espiritualmente a su feligresía es una visión tan obtusa como distante de la universalidad que caracteriza a los Derechos Humanos. Los sacerdotes, las monjas y cualquier ministro de culto tiene derecho a la libertad de expresión como cualquier ser humano, y aunque en su caso puede existir algunas variaciones y/o acotaciones, el derecho a buscar, recibir y difundir información es el mismo.

Dicho esto, Monseñor Rolando Álvarez, al igual que cualquier nicaragüense puede expresar su opinión libremente y esto incluye un tema de interés público como el Covid-19. Pero el derecho de Monseñor no se limita a opinar al respecto, al igual que cualquier ciudadano tiene la libertad de realizar acciones de cara a proteger la salud y la vida de nicaragüenses ante la amenaza que representa la pandemia del Covid-19.

De acuerdo al artículo primero de la Declaración Universal sobre Defensores de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. La acción de Monseñor Rolando Álvarez estaba encaminada a crear una campaña sobre medidas de prevención del contagio del Covid-19 con el apoyo de médicos y comunicadores, teniendo una repercusión directa sobre la salud y la vida de los nicaragüenses.

Por otra parte, la articulación del esfuerzo encabezado por Monseñor Rolando Álvarez cuenta con el apoyo de comunicadores y médicos quienes de forma voluntaria se sumaron a esta loable tarea, mientras la respuesta del régimen Ortega-Murillo fue prohibir la iniciativa. Pero esta antojadiza e irresponsable prohibición, tiene implicaciones respecto del libre ejercicio de la profesión y si bien el ejercicio profesional puede estar condicionado a directrices éticas y legales, dichas limitaciones se sustentan en la búsqueda de fines legítimos. Bajo ninguna circunstancia, el capricho de una dictadura en el contexto de una pandemia puede limitar el ejercicio profesional de comunicadores y médicos orientado a informar a la población sobre medidas de prevención para preservar su vida y su salud.

Hasta el momento, se puede afirmar que respecto de la prohibición del Ministerio de Salud a la iniciativa de Monseñor Rolando Álvarez vulnera el derecho de este grupo a defender Derechos Humanos, considerando su interés por la salud y la vida de los matagalpinos; el derecho a la libertad de expresión en sus dos dimensiones, por una parte el derecho de Monseñor y su grupo de expresarse sobre medidas de prevención del Covid-19 (tema de interés público) y por otro lado la dimensión colectiva de la libertad de expresión que abarca el derecho de la población a estar informada al respecto, teniendo como punto de partida la inactividad gubernamental; así como el derecho a la salud y la vida de la población en general.

Pero esta situación puede agravarse significativamente, si del análisis del riesgo epidemiológico que haga Monseñor Álvarez y su equipo, consideraran de vital importancia continuar con su estrategia al ser justa, necesaria y legítima. Entonces, el régimen tendrá la opción de ceder o reprimir la iniciativa, en este escenario estaríamos ante un espectro mucho mayor de violaciones a Derechos Humanos.

La iniciativa de Monseñor Rolando Álvarez, no solo obedece a una auténtica preocupación por la omisión del régimen, sino es un instinto de preservación ante la amenaza del Covid-19. Es ingenuo el régimen si piensa que con la prohibición va a desalentar iniciativas similares que surjan ante su negligencia, son innumerables los ejemplos internacionales donde particulares realizan pequeños y a veces no tan pequeños esfuerzos para coadyuvar en la crisis humanitaria y ningún gobierno ha reprimido tan insensatamente esa ayuda.

En Nicaragua, el costo humano que llegue a representar el Covid-19, no será culpa de una pandemia, sino de la negligencia del régimen Ortega-Murillo. Para nadie es un secreto las capacidades limitadas que tiene el sistema de salud en Nicaragua, por lo cual, si el número de contagios hace colapsar a centros de atención hospitalarios, la dictadura se enfrentaría a una nueva crisis política de la cual difícilmente saldrá bien librada.

Mientras otros países propician el aislamiento social o bien recomiendan realizar las actividades cotidianas guardando su sana distancia, Daniel Ortega nos receta su habitual arrogancia al no brindar la cara públicamente ante la crisis, propiciando incluso rumores sobre su estado de salud. Lo irónico de la fragilidad del régimen, es que si adoptara las medidas más severas para proteger a la población podría llegar a caer, en cambio, si continúa con su proceder negligente y el costo humano es alto, también podría llegar a caer, tornando inútil la negligencia del régimen.

Maestro en Derechos Humanos

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