Opinión

La publicidad oficial

Mientras no exista una ley que norme la publicidad oficial es difícil que el país logre cierta equidad en su distribución



7.- Las políticas arancelarias y cambiarias,
las licencias para la importación de papel
o equipo periodístico, el otorgamiento
de frecuencias de radio y televisión
y la concesión o supresión de publicidad estatal
no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
Declaración de Chapultepec

La publicidad oficial continúa manejándose de manera unilateral y de forma discrecional. Desde la época del somocismo ningún gobierno ha logrado remontar el mal. Los recursos públicos son administrados por los gobernantes como si se tratase de su propio peculio. En un país donde la rendición de cuentas no ha sido pauta de comportamiento, el actual gobierno no ha sido capaz de aprender las lecciones de la historia. En la década de los ochenta los sandinistas negaron publicidad al diario La Prensa. Esa misma medida adoptó el gobierno de doña Violeta Chamorro (1990-1997).

Si en algo falló la presidente Chamorro fue en reeditar este comportamiento al no entregar publicidad oficial a los medios sandinistas. Igual ocurrió durante los gobiernos de Arnoldo Alemán (1997-2001) y Enrique Bolaños (2001-2007). Los gobiernos tratan a los medios según se muestren favorables o críticos de su gestión, como si la existencia de los medios se redujera a alabarles. Esta conducta tiene repercusiones contraproducentes al propiciar la intolerancia y afectar el pluralismo político, una constante en la historia nacional.

Al reasumir el gobierno en el año 2007, el Comandante Ortega creyó que iba dar un giro sustancial a este comportamiento retrógrado. Se esperaba una rectificación de su parte, pero ocurrió todo lo contrario, más bien profundizó la medida. Hasta ahora, la pauta publicitaria gubernamental ha sido canalizada en su propio provecho, una decisión que asumió desde mediados de 2007. De manera paralela empezó a crear un enorme aparato mediático que todavía no acaba de configurar y cuyos réditos saltan a la vista.

La compra de Canal 8, el control accionario de Canal 4, la reapertura de Canal 6 —que se encontraba fuera del aire desde inicios de la presidencia de Enrique Bolaños— y la asignación de la frecuencia de Canal 13 a Maurice y Camila Ortega, hijos de la pareja presidencial, son una muestra de su fortaleza mediática. Un proceso similar ocurre en el campo de la radiodifusión. También en este rubro incrementó el número de emisoras bajo propiedad familiar. Los anuncios elaborados por Difuso, empresa propiedad de Juan Carlos Ortega, son dirigidos masivamente hacia estos medios, como también hacia el conjunto de televisoras y radioemisoras oficiosas.

La reiteración de este círculo infernal exige a la brevedad la aprobación de una ley que regule la entrega de la publicidad oficial. Como sostiene la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina: “Existen distintas formas de afectar ilegítimamente la libertad de expresión, desde el extremo de su supresión radical mediante actos de censura previa hasta mecanismos menos evidentes, más sutiles y sofisticados de violar este derecho”. Una de estas maneras sutiles viene a ser la entrega arbitraria y discrecional de la publicidad oficial, una nueva variante de censura indirecta que limita el ejercicio de la libertad de expresión. Como establece la Declaración de Chapultepec en su Artículo 7…

“el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.

El Comandante Ortega ha pasado por alto una declaración a la cual se adhirió y firmó en el año 2001, mientras participaba como candidato a la presidencia.

Aparte de las implicaciones negativas para el ejercicio de la libertad de expresión, la importancia de la publicidad oficial obedece a que el Estado forma parte de los grandes anunciantes. Uno de los secretos mejor guardados en Nicaragua es que hasta ahora se desconocen las cifras que invierte el gobierno en publicidad. La alianza con el gran capital, elevada a rango constitucional (Artículo 98 Cn. in fine) por el Comandante Ortega, ha venido a incidir en el otorgamiento que hace de su publicidad la empresa privada. Muchos empresarios se muestran cautos y algunas veces hasta temerosos de conceder publicidad a medios críticos de la gestión de gobierno, su aliado estratégico.

Los grandes empresarios no quieren mal disponerse con el mandatario. Distribuyen la publicidad mayoritariamente hacia aquellos medios cuyas políticas no cuestionan al gobierno. Una rémora que pareciera insalvable. ¿Qué pasó con la decisión contenida en el documento de Política de Comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional? El partido en el poder había adelantado que no habría “favoritismos ni tratos especiales. Todos los medios tienen para el gobierno la misma importancia, cada uno desde su ámbito específico de acción. Por tanto, es nuestra convicción que no existen medios de comunicación, ni de primera ni de segunda clase”. Al final estas consideraciones quedaron como una declaración de buenas intenciones. Nada más.

En el informe 2010 presentado ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jaime Chamorro Cardenal, director de La Prensa, expuso que hasta ese año, “los radio-periódicos se están acabando poco a poco en Nicaragua, pero mientras un grupo de radios lucha por sobrevivir, las emisoras oficialistas gozan de inversiones millonarias y sus programas se transmiten llenos de anuncios oficiales”. Una verdad irrefutable. El uso discrecional de la publicidad debe terminar. Sería un paso adelante en la búsqueda de un auténtico pluralismo político, económico y social.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció estándares internacionales sobre el tema. Valdría la pena examinarlos y tomarlos en cuenta. Lo lamentable es que no hay visos de cambio y la bancada opositora da la impresión de que no sabe cómo entrarle al tema. Su parálisis resulta más preocupante aún. Mientras no exista una ley que norme la publicidad oficial es difícil que el país logre cierta equidad en su distribución.