Opinión

La rebelión de abril, a mitad del camino

Marcha

De la incidencia de la juventud universitaria, ahora como una fuerza política autónoma, depende cómo lograremos llegar al final



La imagen de los manifestantes eufóricos celebrando la caída del primer chayopalo, uno de los omnipresentes “árboles de la vida” impuestos por Rosario Murillo, en el tercer día de la protesta cívica, revivió en mi memoria esa misma sensación de liberación que viví hace 40 años tras el derrumbe de la estatua de Somoza García, conocida como “el caballo de Somoza”. Dos imágenes hermanas, el pueblo derribando los símbolos del poder opresor de las dictaduras de Somoza y Ortega, pero nacidas en procesos revolucionarios singulares.

La caída del monumento al fundador de la dinastía el 19 de julio de 1979, marcó la victoria de una revolución armada y el final de la era de los Somoza, después de 45 años; en cambio, la ira popular contra las arbolatas de Murillo el 20 de abril de 2018, era apenas el inicio de una insurrección cívica, desarmada.

La caída de los “árboles de la vida” en la rotonda Jean Paul Genie el 21 de abril. Foto: Carlos Herrera | Confidencial

Un año después, la Rebelión de Abril se encuentra a mitad del camino: aún no ha logrado alcanzar sus objetivos de democratización y justicia, pero ya enterró para siempre el proyecto de instaurar una nueva dictadura dinástica y, además, desató una nueva fuerza de cambio: la de los jóvenes estudiantes universitarios que surgieron no solo como un poder simbólico, sino como un movimiento político autónomo.

Antes del 18 de abril, Nicaragua se encaminaba hacia la continuidad en el poder del régimen autoritario de Ortega, a través de la sucesión dinástica de su esposa y actual vicepresidenta predestinada para 2021. Sin democracia, transparencia, ni rendición de cuentas, Ortega gobernó a sus anchas en virtud de una alianza con los grandes empresarios que, a cambio de oportunidades de negocios e inversiones, le otorgaba legitimidad política a la dictadura. Ese modelo de un poder autoritario centralizado, que gobernaba sin contrapesos en los poderes del Estado y sin oposición democrática, colapsó en los primeros días de la Rebelión de Abril. Desde el momento en que el pueblo autoconvocado se tomó las calles y emergió una nueva mayoría política, el baño de sangre provocado por la represión policial y paramilitar sepultó el proyecto reeleccionista de Ortega y sus planes de heredarle el poder a Murillo o a cualquiera de sus hijos.

Después de la matanza, el futuro político de Ortega se debate en la disyuntiva de negociar la transición política y su salida del poder, o prolongar la agonía del régimen, imponiéndole mayores costos humanos y sacrificios económicos al país. Hasta ahora ha optado por lo segundo, aferrándose al poder a cualquier costo. Desde hace un año, Ortega y Murillo mandan, pero no gobiernan; y lo único que hacen es administrar el desgobierno y la crisis económica al amparo de la represión y la alianza con Cuba y Venezuela. ¿Cuánto tiempo más se puede prolongar este impase? depende de los recursos con que cuenta el régimen para mantener unida a su base de apoyo —la burocracia del Estado-Partido, la Policía, el Ejército, y al menos una quinta parte del electorado—, pero sobre todo de la capacidad del movimiento Azul y Blanco para crear una alternativa de poder, frente a la represión, que ofrezca incentivos a los partidarios del régimen para buscar una salida política sin Ortega.

Con la reforma tributaria recién aprobada y los préstamos de Taiwán y el BCIE, Ortega tiene asegurados los recursos económicos para mantener el pago de la planilla del Estado y los subsidios básicos en 2019, mientras la economía se contrae con más desempleo, pobreza y migración, pero sin desembocar, a corto plazo, en el colapso financiero o el descalabro total. Por el otro lado, como lo demuestra el régimen de Maduro en Venezuela, las sanciones internacionales individualizadas contra la cúpula gobernante no son suficientes para debilitar a un régimen autoritario, hasta que no lesionan las fuentes primarias de su poder económico, que en el caso de Ortega aún se mantienen intocables.

El fracaso de dos intentos de diálogo nacional, sin que la agenda de democratización y justicia haya llegado siquiera a ponerse en la mesa de negociaciones, evidencia que Ortega nunca negociará una salida política “por las buenas”, a menos que sea obligado por la fuerza bajo una situación de máxima presión nacional e internacional. Pero esta coyuntura de cambio no surgirá de la inercia de la crisis económica, o de la política de “esperar y ver” los resultados del diálogo que aún prevalece en la comunidad internacional, sino de la presión del movimiento nacional autoconvocado.

Fue una protesta espontánea lo que encendió la chispa de la insurrección cívica de abril, mientras la represión fue el detonante del mayor movimiento de masas de la historia de Nicaragua. Así nació una gran alianza multiclasista conformada a través de redes horizontales, sin partidos políticos, líderes caudillistas, ni vanguardias mesiánicas, pero con el liderazgo de una nueva generación política. Como ha escrito el estudiante universitario Lesther Alemán: “Nadie nos preparó, ni nos financió”. Esa fuerza política de la juventud, ya no como el contingente combativo de otro movimiento político, como en los setenta y los ochenta; sino, por primera vez, como una fuerza política autónoma, con un ideario democrático y un compromiso inequívoco con la lucha cívica, representa la principal reserva política de la Rebelión de Abril.

De la capacidad de incidencia que tenga la fuerza política de los estudiantes en la Alianza Cívica y en la Unidad Nacional Azul y Blanco, depende el destino de la Rebelión de Abril en las calles y en la mesa de negociación, y cómo lograremos llegar al final del camino. El próximo martes les tocará cruzar su Rubicón, cuando la Alianza Cívica debe decidir entre exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos y el restablecimiento de las libertades públicas, como condición sine qua nonantes de iniciar las negociaciones sobre democratización y justicia, o someterse al chantaje de Ortega que mantiene a los presos como rehenes, con estado de sitio y censura, para imponer los términos desiguales de la negociación política.

La otra fuerza organizada que tiene un peso clave en esta crisis es el sector privado empresarial: los grandes empresarios y las cámaras agrupadas en torno al Cosep, AmCham, y Funides. La pregunta es si están dispuestos a asumir riesgos y convertirse en un actor democrático, para acortar los costos de la crisis humanitaria y económica, o si se plegarán a la estrategia de Ortega de imponer un “mal arreglo”, que pueda satisfacer el cálculo de los intereses de seguridad de Estados Unidos.

En los últimos cuarenta años, Nicaragua ha perdido dos grandes oportunidades históricas para emprender un cambio político con justicia y democracia. Primero fue la revolución armada de 1979 que derrocó a la dictadura de los Somoza; una esperanza nacional que naufragó en el autoritarismo del FSLN y su esquema de poder total que desembocó en una guerra civil, la guerra de agresión externa, y el colapso económico. Después de la derrota electoral del FSLN empezó la transición democrática en 1990, generando nuevamente una esperanza de cambio. Sin embargo, una sucesión de tres gobiernos democráticos culminó con el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007 demostrando no solo la efectividad de la cooptación y captura del poder “desde abajo” por parte de Ortega, sino además la incapacidad de la clase política y empresarial para construir instituciones democráticas con raíces ciudadanas. El pacto, la corrupción, y la carencia de políticas públicas para enfrentar la crisis económica y social y la pobreza de las mayorías, allanó el camino para el regreso de Ortega al poder.

En esta tercera oportunidad de cambio, es imperativo aprender de las lecciones y los errores de la revolución de 1979 y de la transición democrática de los noventa. La democratización del país, después de Ortega, dependerá del voto mayoritario que obtenga para gobernar la futura coalición electoral Azul y Blanco, con el mandato de ejecutar reformas profundas y desmantelar las estructuras represivas, para impedir que el orteguismo siga gobernando “desde abajo”.

La insurrección de abril ya logró poner en la agenda nacional la relación inseparable que existe entre democratización y justicia; pero solo la persistencia de los familiares de las víctimas y un nuevo gobierno democrático comprometido con la verdad y la justicia sin impunidad, puede garantizar que Ortega enfrentará sus responsabilidades ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad.