Nación

Especial | Opinión: Carlos F. Chamorro sobre la rebelión de abril

La rebelión de abril y la matanza de Ortega

La protesta cívica del 18 de abril desata la rebelión nacional de los “autoconvocados” y desnuda a una dictadura sangrienta y represiva



19 de abril

Cuatro claves antes y después del atraco al INSS

La represión desatada por las fuerzas de choque, protegidas por la Policía, revela el temor del régimen a la protesta social

represión INSS
Un miembro de la Juventud Sandinista golpea y asalta al fotógrafo de AP, Alfredo Zúñiga, el 18 de abril. EFE / Jorge Torres / Confidencial

El paquete de reformas a la seguridad social ya oficializado a través de un decreto por el presidente Daniel Ortega, ha establecido un parteaguas en las relaciones entre la dictadura orteguista y la sociedad nicaragüense. Por sus inevitables repercusiones económicas, sociales, y políticas, se perfila claramente un antes y después del “paquetazo” del INSS, cuyo desenlace en estos momentos resulta impredecible.
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21 de abril

Nunca más represión, ni otra “misa negra”  

Las banderas de esta rebelión popular también están demandando libertad, democracia, y participación política para terminar con la dictadura

Megarótulo
Un megarótulo de la pareja presidencial destruido el viernes, cerca de la rotonda Jean Paul Genie. Confidencial | Carlos Herrera

Es inútil intentar predecir el desenlace de esta crisis si el Gobierno sigue recurriendo a la represión, lo único seguro, por ahora, es que tras el “paquetazo” del INSS, habrá un antes y después, un verdadero parteaguas en las relaciones entre la dictadura orteguista y la sociedad nicaragüense.
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28 de abril

Después de la matanza

No existe ninguna separación entre el clamor nacional de verdad, justicia y castigo a los culpables y la salida inmediata del poder de Ortega y Murillo

Altar improvisado por las víctimas de la masacre donde estuvo el “Árbol de la Vida” en la rotonda Jean Paul Genie. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

La matanza perpetrada por las fuerzas paramilitares al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y tropas antimotines de la Policía Nacional, ha provocado el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en los años de post guerra. Desde que terminaron los combates en la guerra entre el Ejército Popular Sandinista y la Contra en 1990, nunca se había producido una pérdida de vidas humanas semejante, en solamente una semana, como resultado de una acción de la cual es directamente responsable el Estado que, en nuestro caso, es el sistema Estado-Partido-Familia.
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3 de mayo

La masacre no puede quedar en la impunidad

Sin una comisión internacional independiente que establezca la verdad y la justicia sobre los 46 muertos, no habrá diálogo ni salida a la crisis

Homenaje a las víctimas en rotonda Jean Paul Genie. Foto: Fred Ramos

A pesar de que existen decenas de sospechosos de estos crímenes que han sido identificados por la población y los familiares de las víctimas, y las pruebas han sido expuestas en los medios independientes y las redes sociales, no hay un solo paramilitar detenido y tampoco ningún policía ha sido separado de su cargo para ser sometido a una investigación, ya sea por parte de esa institución o por el Ministerio Público. Dos semanas después, estos crímenes de Estado que han provocado hondo dolor y una profunda fractura en la sociedad nicaragüense,  han puesto en evidencia la inhabilitación política, legal y moral de Daniel Ortega y Rosario Murillo para continuar al frente del Gobierno, pero se mantienen en la más absoluta impunidad.
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22 de mayo

El informe CIDH: la verdad en la matanza de abril

El siguiente paso es crear un “mecanismo de investigación internacional” para establecer el derecho a la verdad y hacer justicia

Una mujer protesta en las inmediaciones del Seminario de Fátima donde se realizó el Dialogo Nacional, en Managua. EFE | Bienvenido Velasco | CONFIDENCIAL.

El informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la matanza de abril es contundente en sus hallazgos sobre la dimensión del horror que padecieron las víctimas de la represión, y demoledor en sus conclusiones sobre las responsabilidades del Estado en el uso excesivo de la violencia policial y paramilitar. Por la naturaleza del mandato de esta visita de solamente cuatro días, el informe no establece la verdad en cuanto a las responsabilidades individuales de los perpetradores de la violencia, y aún estamos muy lejos de que se haga justicia como demandan los familiares de las víctimas, pero representa un paso irreversible para desmantelar el muro de encubrimiento de los crímenes del régimen Ortega Murillo. El informe de la CIDH ha sentado las bases de la transparencia en la nueva Nicaragua, al grado que ni el propio canciller del régimen se atrevió a refutarlo y en nombre del Gobierno acogió sus quince recomendaciones en el diálogo nacional.
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Lea la II Entrega:
Los dilemas de una revolución pacífica