Opinion

Las lecciones del fiasco en La Haya

Ortega se presentó como el "estadista" defensor de la patria, cuando en realidad desmanteló una política de Estado

El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, doblemente desfavorable para Nicaragua en el diferendo territorial con Costa Rica, era previsible desde el momento que se instaló la demanda en 2010, tras la incursión de Edén Pastora en territorio costarricense. Más allá de la alharaca tica que intentó sobredimensionar el incidente como una supuesta invasión militar y los graves errores incurridos por la administración Chinchilla en la construcción de su trocha improvisada, el asunto toral de este juicio sobre la soberanía en Harbour Head estaba perdido desde el primer día. Solo la frivolidad de los voceros de nuestro gobierno explica el triunfalismo oficial que prevaleció hasta el minuto antes que los jueces leyeran la sentencia.

Sin embargo, también hay que reconocer la falta de valor cívico y de reflexión crítica con que muchos ciudadanos, incluida la clase política y empresarial y hasta algunos expertos calificados en el tema, manejaron este asunto en los últimos cinco años. Unos por temor a ser señalados como antipatriotas, y otros por complacencia con el gobierno, apostando equivocadamente a ejercer alguna influencia tras bastidores, o a un milagro providencial de nuestro equipo en La Haya, le otorgaron un cheque en blanco a Ortega a pesar de que el gobierno nunca presentó una evidencia convincente a favor de la tesis oficial. Ahora estamos pagando los costos de la anulación del debate público, que lesiona tanto la democracia como el temor y la cooptación que genera un gobierno autoritario.

La incursión de Pastora en territorio costarricense con el pretexto de dragar un atajo entre el río San Juan y la salida al mar caribe, fue aprovechada por el comandante Ortega como una oportunidad de oro para afianzarse en el poder. Si Ortega adoptó una política de hechos consumados ante un libretazo de Pastora, o si fue una estrategia aprobada desde el principio por el gobierno como ahora alega el propio Pastora, nunca lo sabremos, lo que está claro que es que el Comandante actuó con el instinto de un noqueador político y logró sus objetivos con creces.

Liderar la “batalla” por la soberanía nacional en torno a estos tres kilómetros cuadrados de humedales en el río San Juan, le facilitó al candidato Ortega manipular el espíritu nacionalista contra Costa Rica, mientras diseñaba la estrategia de su reelección inconstitucional en el 2011. Todas las encuestas confirman que el apoyo a Ortega aumentó considerablemente después de Harbour Head y le permitió, además, militarizar un conflicto de forma artificial, resaltando la alianza con el ejército y su protagonismo en la zona fronteriza. Ortega se dio el lujo de presentarse como ¨estadista¨ al encarnar la defensa de la patria, cuando en realidad lo que hizo fue desmantelar una política de Estado, basada en instituciones y en una visión del interés nacional, sustituyéndola por otra que depende del enfoque partidario y el oportunismo político. Como ha explicado el jurista Mauricio Herdocia, además de cancelar la Comisión Binacional con Costa Rica, en el incidente fronterizo dejó de funcionar la coordinación virtuosa entre los tres círculos clave de nuestra política exterior: Cancillería, con sus expertos y asesores, incluidos los ex cancilleres; la comisión territorial; y el equipo de expertos en La Haya.

¿Cuánto le costó a Nicaragua el proceso judicial en La Haya? Sólo los gastos en el presupuesto nacional se estiman entre cuatro y diez millones de dólares, que pudieron haberse destinado al dragado del río o al desarrollo integral de la zona. Pero, además, habría que agregar la indemnización aún pendiente con Costa Rica, y el costo intangible pero incalculable de ser señalados por el máximo tribunal como un estado violador de la soberanía costarricense.

El fallo adverso se ha intentado presentar, a posteriori, como un logro nacional pues allana el camino para continuar con el dragado del río San Juan, pero en realidad la soberanía nicaragüense para dragar el río nunca estuvo en discusión en la corte. Recuperar la navegabilidad del río y evitar que la mayor parte de su caudal se desvíe hacia el río Colorado, ha sido siempre un proyecto de interés nacional. Aunque desde el regreso de Ortega al poder en 2007, el dragado del río se concibió como un “operativo guerrillero” asociado al protagonismo personal de Edén Pastora. Nunca se le presentó al país un plan coherente, técnicamente elaborado, indicando etapas, metas, y resultados esperados. Por ello, ahora solo conocemos que se ha invertido más de ocho millones de dólares en el dragado, pero nadie sabe a ciencia cierta cuál ha sido su impacto y resultados. La respuesta a esta pregunta la debería brindar una comisión técnica nacional, que el gobierno debería conformar.

El comandante Ortega está obligado a rendirle cuentas a la nación por el fracaso en La Haya y también por la falta de resultados palpables del dragado del río San Juan. Pero resulta ingenuo esperar que se producirá una rectificación en política exterior, o en torno a la demanda nacional de elecciones libres en 2016, si no existe un verdadero contrapeso ciudadano ante un gobierno autoritario. Esa es la mayor lección del fiasco en La Haya. No es Ortega, sino la presión popular y nacional lo que puede producir el cambio de rumbo que el país necesita.

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