Opinion

¿Lavado de dinero en Nicaragua?

El informe del Instituto de Basilea le da credibilidad a los señalamientos del Departamento del Tesoro y descobija los alegatos del dictador

¿Qué significa y cuáles son las implicaciones de que Nicaragua, bajo el régimen de Ortega, figure como uno de los peores del mundo en materia de riesgo de lavado de dinero?

Ante todo, recordemos que el lavado de dinero es uno de los delitos perseguidos en todo el globo y básicamente consiste en que dinero adquirido como resultado de actividades criminales, se convierte, mediante diversas maquinaciones financieras, en dinero lícito. De esta manera, el botín obtenido por narcotráfico, corrupción, secuestros, trata de personas y delitos semejantes, después de dar varias vueltas termina en manos de los delincuentes como si lo hubieran ganado en actividades legales.

Vamos ahora por partes. Resulta que el Instituto de Basilea publicó recientemente su informe anual sobre el nivel de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El informe correspondiente a este año abarca a más de ciento cuarenta países y coloca a Nicaragua en el puesto 16, entre los peores del mundo.

Es importante saber que el Instituto de Basilea es una organización independiente, radicada en Suiza, de alto prestigio internacional por su competencia técnica e integridad. El reporte, de circulación y repercusiones mundiales, se basa en datos y análisis sobre cada país en temas como corrupción, transparencia institucional, independencia de la administración de justicia, consistencia de las regulaciones del sistema financiero, entre otros aspectos.

Lo primero que se nota en los informes del Instituto publicados en los últimos años es que el gobierno de Ortega ha venido deteriorando su posición en el ranking hasta llegar a codearse ahora con los peores del mundo. Para que nos demos una idea, aparece peor situado que Venezuela. Vale la pena recordar que, en 2017, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en el estudio “Flujos financieros ilícitos en América Latina” estimó que, en 2014, en Nicaragua, mediante manipulación de registros de comercio exterior se trasegaron ilícitamente 450 millones de dólares, principalmente por la vía de medicinas y combustibles, dos negocios controlados por la familia en el poder.

En nuestro país, las instituciones públicas encargadas de vigilar la aplicación de las normas internacionales y de las leyes internas en la materia son: la Unidad de Análisis Financiero, UAF, y la Superintendencia de Bancos, la SIBOIF. Esto significa que sus capacidades en lo concerniente a prevención del lavado de dinero están entre las peores del mundo, al igual que el poder judicial o la Contraloría General de la República. También queda en entredicho el sistema financiero del país porque no hay lavado sin banco.

Ustedes dirán, bueno, los nicaragüenses sabemos esto desde hace rato. Es cierto, pero hay una diferencia significativa si la calificación es publicada por una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial, sin sospecha de tener motivaciones políticas.

Además del empeoramiento progresivo del régimen en los registros del Instituto de Basilea, debemos anotar que no es el único reporte mundial que califica negativamente a nuestro país. Por ejemplo, los informes de Transparencia Internacional colocan al régimen a la cabeza de Centroamérica en materia de corrupción y, a nivel latinoamericano, casi a la par de Venezuela y Haití, entre los tres peores.

Igual, las empresas calificadoras de riesgo, colocan la capacidad de pago de Nicaragua a la orilla del basurero, es decir, a un paso de lo que se conoce como bonos basura.

Este conjunto de calificaciones negativas configura un cuadro de descrédito, en el campo económico, que se suma a los señalamientos de violaciones masivas a los derechos humanos y desmantelamiento de la democracia.

¿Qué implicaciones tiene? Al agravar lo que se conoce como “riesgo país”, ahuyenta a inversionistas y por consiguiente aleja las posibilidades de ingresos de recursos externos, ampliación del aparato productivo y generación de empleo e ingresos. Además, encarece las transacciones financieras de agentes económicos nacionales con el exterior, lo cual eleva el costo de los créditos y reduce la competitividad de las empresas nacionales.

Obviamente, estas calificaciones negativas son imputables única y exclusivamente a la permanencia de Ortega en el poder, por consiguiente, confirman que mientras no salgamos de este régimen no vamos a ver el sol claro en materia de crecimiento económico sólido, generación de empleos, alivio de la pobreza y progreso social.

Pero también tiene otra implicación. El gobierno norteamericano impuso sanciones a varios negocios ilícitos de la mafia en el poder. Los casos más resaltantes son las BANCORP, el Banco Corporativo, y DNP, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo. Ambas entidades, vinculadas a los intereses empresariales de Ortega, en su calidad de empresario privado, fueron sancionadas bajo el señalamiento de servir como plataformas para lavado de dinero. Recordemos que el BANCORP custodiaba una parte del capital de la familia enquistada en el poder, estimado en casi tres mil millones de dólares, de acuerdo a una auditoría que se dio a conocer. Estamos hablando de solo la parte del capital que custodiaba el banco. Por su lado, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo controlaba el lucrativo negocio de los combustibles. Vale decir que esta empresa en su origen era propiedad del Estado y no se sabe mediante qué truculencias terminó como patrimonio privado de la familia en el poder.

Hemos escuchado a Ortega pegando gritos por las sanciones y acusando a los norteamericanos de agresión imperialista. Pues bien, que una institución del prestigio y competencia del Instituto de Basilea coloque al régimen entre los peores del mundo en su informe sobre lavado de dinero, otorga sustentación y credibilidad a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estado Unidos. Y descobija a media calle los alegatos del dictador.

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