Opinion

Legislación prohíbe concentración

Un gobierno que se precia de nacionalista ha terminado por entrar en contradicción con sus propios predicados

En vista que el comportamiento de los gobiernos que constituyen la Alternativa Bolivariana de los Pueblos (ALBA) ha sido idéntico en el campo mediático, cabe preguntarse si no ocurrirá lo mismo en Nicaragua a lo que pasó a los dueños de medios en Ecuador. El gobierno del presidente Rafael Correa dejó fuera del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación al sector privado (Art. 48 Ley Orgánica de Comunicación).

El incumplimiento del gobierno del Comandante Ortega a lo establecido en el documento Política de Comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, donde manifestaba la voluntad de crear un nuevo marco jurídico mediático todavía no se concreta. El compromiso de promulgar una nueva ley de telecomunicaciones ha sido pasado por alto. Una de las consecuencias adversas de esta tardanza incide en el sector de las telecomunicaciones, la televisión satelital y digital, internet y las redes sociales. La segunda ha conducido a la creación de un duopolio televisivo con consecuencias desfavorables para el pluralismo político y la libertad de expresión.

La presencia en el tinglado nacional de los magnates mexicanos Carlos Slim y Ángel González se ha visto favorecida de forma desproporcionada. La empresa Claro mantiene una posición cuasi monopólica. Presta servicios de televisión por cable, televisión digital, internet, telefonía móvil y telefonía fija. Mientras que González se ha adueñado de buena parte de la televisión abierta en VHF y UHF. Junto con la familia gobernante copa el dial televisivo, siendo dueño de los canales 2, 7, 9, 10 y 11 y otros canales en UHF; la familia presidencial es propietaria de los canales 4, 8 y 13 VHF y 41 UHF, además de controlar el estatal Canal 6.

El ente regulador muestra especial inclinación para favorecer a González. El mexicano posee también Nicaragua Stream TV, una compañía de televisión por cable. Se desconocen los motivos por los cuales no ha iniciado sus transmisiones, tampoco se sabe si la tardanza contraviene los términos con que le fue otorgada la licencia de operaciones. En sentido inverso las discrecionalidades que se abroga Telcor nunca han sido contrarrestadas por las compañías telefónicas (Claro y Movistar). Se desconocen las razones de su autocomplacencia con el ente regulador. Igual actitud ha asumido la Asamblea Nacional.

La actuación del director ejecutivo de Telcor, Orlando Castillo (antiguo empleado de la familia Ortega en Canal 4), ha sido cuestionada por los usuarios del cable y nunca ha sido llamado al orden por legislar más allá de lo permisible. Sin estar envestido de facultades ha legislado en este ámbito a su gusto y antojo. ¿Sería estos cambios a los que se refería el documento gubernamental? Una de las debilidades de la Ley 200 es que no contempla contraprestaciones para los beneficiados con las licencias radiales y televisivas. Algo que no ocurre en otras legislaciones fuera de Nicaragua.

Este año durante la celebración del 36 aniversario de la revolución sandinista ocurrió algo distinto. ¿A qué obedeció que Claro decidiera cambiar de política y en vez de dejar en negro las pantallas incluyeran todos los canales del cable con la excepción de Telemundo Internacional? ¿Fue un acuerdo previamente consensuado con Telcor o se debió a una imposición del ente regulador? ¿Al asumir esta posición incumplían o no compromisos publicitarios internacionales? ¿Existe algún acuerdo suscrito con el gobierno que los suscriptores del cable no conocen? ¿Qué otros países actúan de manera similar?

Al estar presente Claro en casi todas las naciones latinoamericanas podría ilustrarnos sobre la manera que proceden esos gobiernos. ¿No tienen consideraciones jurídicas o económicas que oponer? ¿No les importa lo que digan o piensen sobre el particular los usuarios del cable? Al menos su constante silencio eso deja ver. Claro a veces apenas balbucea. Nunca explica nada. Estamos sabidos que Telcor continuará ciego, sordo y mudo. Igual despropósito cometió al emitir los Acuerdos Administrativos 005-2013 y 006-2013. Sin tener facultades para ello, decidió nombrar a los gerentes generales, gerentes o jefes de informática, sistemas, gerentes financieros y de seguridad de las compañías telefónicas.

Ante los reclamos y objeciones de los empresarios y el costo internacional que tendría para el gobierno no les quedó otra alternativa que echar pie atrás. En igual despropósito incurrió al emitir el Decreto 3-2015 donde pretendía establecer nuevas tasas a los operadores de telecomunicaciones el cuál fue objetado  por el Cosep y la Asociación Internet de Nicaragua. Otra vez Telcor tuvo que dar marcha atrás. ¿A qué se debe que el gobernante mantenga en el cargo a Orlando Castillo con tanto yerros de por medio? ¿Cuáles son los méritos de un funcionario que se empecina en generar contradicciones entre el gobierno y los prestatarios de servicios de telecomunicaciones?

El control de las televisoras de mayor alcance en manos de un duopolio televisivo afecta severamente el pluralismo político y la libertad de expresión. Por las mañanas el dial sigue siendo hegemonizado por el gobierno. Sobre todo los programas de opinión. La única excepción sigue siendo Canal 12. Los sectores críticos del gobierno han sido invisibilizados. No se les invita y sus nombres han sido proscritos. Al escucharse una sola voz y verse los mismos rostros, la pantalla no solo tiende a teñirse de monotonía, también a excluir temas y personas de estos canales.

Cuando mayores son las posibilidades que tienen los nicaragüenses de discutir, debatir, hacer propuestas, plantear sus reclamos, motivado por el desarrollo y expansión de la televisión, menores son las posibilidades que tienen de expresarse. El juego democrático ha sido pervertido. González ha sido extremadamente complaciente. Nunca ha entrado ni entrará en contradicciones con el actual gobierno.

El problema de fondo en relación a la libertad de expresión sigue siendo creer que como en Nicaragua no hay periodistas detenidos ni medios ocupados manu militari esta libertad se práctica sin tropiezos. Una diversidad de factores condiciona y limitan su ejercicio. ¿Para qué ocupar medios si estos pueden adquirirse por la vía expedita de la entrega de licencias por parte del ente regulador? ¿Para qué detener a periodistas si la política de amedrentamiento y agresiones físicas conducen a la autocensura? La combinación del otorgamiento de licencias por Telcor y la  compra de medios resulta más efectiva y menos costosa.

En el documento Política de Comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el ítem No. I Irrestricto apego a la Constitución Política de Nicaragua, citaron parcialmente el Artículo 68 Cn. Un artículo clave incorporado en la Constitución Política aprobada en 1987 cuando los sandinistas ejercían el poder de manera incontrastable. En el documento gubernamental solo transcribieron la parte que dice: “Los medios de comunicación, dentro de su función social, deberán contribuir al desarrollo de la nación”. ¿A qué se debió que omitieran la parte fundamental?

El artículo 68 establece que “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo”. Un gobierno que se precia de nacionalista ha terminado por entrar en contradicción con sus propios predicados al entregar a manos llenas las licencias de televisión a Ángel González. Jamás ha mostrado interés por hacer efectivo el mandato constitucional. El artículo 68 procura evitar que la televisión sea controlada por una o dos personas lo que afecta sensiblemente la libertad de expresión. Sin canales televisivos plurales, la libertad de expresión queda constreñida. La ciudadanía carece de espacios para hacer sentir su voz.

Cuando los periodistas solicitaron al Comandante Ortega exonerara los pequeños  pagos que tienen que realizar, durante la firma del Acta de Compromiso el primero de marzo de 2007, su argumentación sobre el particular fue “tenemos que hacer un esfuerzo realmente aquí en Nicaragua, para acabar con exoneraciones, ¡porque se prestan a todo¡ Es una desgracia… ¡queremos que todo mundo pague! Y realmente, que sea solamente aquello que es totalmente social, que tenemos que verlo bien, lo que quede exonerado.”  

Van once reformas a Ley de Concertación Tributaria (Ley 822) y está en ciernes otra reforma según adelantó el presidente del Cosep José Adán Aguerri. Las exoneraciones en vez de ser revisadas —como prometió el gobierno— se mantienen. La exigua exoneración solicitada por los periodistas para la compra de grabadoras y papelería, denegada por el Comandante Ortega, sirve para constatar la forma que su política económica tiende a favorecer al gran capital.

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