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Ley de Regulación de Agentes Extranjeros deja derechos humanos “en indefensión”

Especialista en temas de Derechos Humanos considera que los nicaragüenses quedarán en la indefensión en un contexto de "graves violaciones"

La aprobación de la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” por la maquinaria del gobernante Frente Sandinista en la Asamblea Nacional deja en indefensión la protección y promoción de los derechos humanos en Nicaragua en un contexto de graves violaciones a los mismos, advierte el maestro en Derechos Humanos, Uriel Pineda.

“Al régimen, no le es suficiente obstaculizar la labor de defensa y promoción de derechos humanos; ha cerrado organizaciones; y ahora pretende perseguir a defensores de derechos humanos calificándolos como agentes extranjeros”, criticó el especialista consultado por CONFIDENCIAL.

Pineda criticó, además, que la ley aprobada de manera anticipada y expresa este jueves 15 de octubre, “se adopta de forma inconsulta y en contra de las advertencias hechas por la comunidad internacional respecto de su aprobación”.

“Esto implica –sostiene– que el régimen descarta cualquier salida democrática a la crisis sociopolítica por su actitud desafiante”.

En Nicaragua el panorama diario es de detenciones ilegales, allanamientos de casas de opositores, acoso e intimidación por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un informe divulgado en julio por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien en ese entonces recibió al menos 43 denuncias de allanamientos ilegales a casas de opositores.

También, a mediados de septiembre, un tribunal de conciencia de Costa Rica acusó al régimen de Ortega de torturar, abusar sexualmente y violar a personas detenidas tras las protestas de abril del 2018. Y para evitar las denuncias de este tipo, el régimen también ha cerrado organismos defensores de Derechos Humanos como el Cenidh, al que se le canceló su personería jurídica en diciembre del 2018.

Todo esto, sumado a la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros crea el panorama desolador que refiere Pineda, que califica el contexto de una “represión desmedida”.

La Ley “inconsulta” únicamente fue discutida con instancias  gubernamentales como el Ministerio de Gobernación (ejecutor de la Ley), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio, el Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Restricción de la cooperación internacional

Según Pineda, el Gobierno de Ortega busca restringir la cooperación internacional para la promoción de derechos humanos, “toda vez que está exigiendo el registro de las agencias de cooperación y fundaciones. Naturalmente, las representaciones diplomáticas quieren evitar conflictos bilaterales con el régimen”.

“Defender derechos humanos es un derecho humano fundamental y la Ley de (Regulación de) Agentes Extranjeros tiene como exclusivo propósito imposibilitar la labor de defensa y promoción de derechos humanos”, detalló el especialista.

También advierte que el régimen busca “exhibir públicamente a personas defensoras de derechos humanos que reciben fondos de la cooperación estigmatizándolos y persiguiéndolos”.

“Creo que las organizaciones de sociedad civil deben plantearse la desobediencia civil como alternativa. Si se desconoce esta ley, el Gobierno tendría que apresar de nueva cuenta a cientos, sino miles de defensores de derechos humanos y por otra parte, representa un serio conflicto con las misiones diplomáticas y agentes de cooperación, expresó Pineda.

Organismos no podrán trabajar en Nicaragua

Ese mismo temor le genera al defensor de derechos humanos Marcos Carmona, quien desde la dirección de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recibe y acompaña las denuncias de personas víctimas de crímenes cometidos por allegados del régimen de Ortega o de la misma Policía.

Carmona dijo a CONFIDENCIAL que esta Ley está violentando el derecho de asociación, de participación ciudadana, y hasta de libertad de expresión, pero su organización, por ejemplo, quedará imposibilitada de realizar trabajos de campo, aunque asegura que seguirán recibiendo denuncias de las víctimas.

“No podríamos intervenir en la política interna del país, y cuando hablamos de eso me refiero a los derechos humanos. Es una clara intención de pretender sacar de circulación a las organizaciones de derechos humanos”, advirtió Carmona.

Pero si no fueran las organizaciones de derechos humanos ajenas al régimen las que reciban y den trámite y acompañamiento a las denuncias de las víctimas, ¿quién sería? El también defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, deja claro que no quedará nadie encargado de visibilizar los abusos del régimen.

“Procuraduría es sorda, ciega y muda”

Las organizaciones por la defensa y promoción de los derechos humanos argumentan, principalmente, que la instancia gubernamental que debería realizar este trabajo, que es la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, hace años dejó claro que no estaba interesada en recibir este tipo de denuncias, al menos, las que estén dirigidas contra Daniel Ortega, Rosario Murillo o cualquier otra instancia gubernamental.

En octubre de 2018, el entonces procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, dijo al diario La Prensa, tras ser consultado sobre porqué la PDDH no realizaba investigaciones sobre las denuncias de torturas en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”, que no lo hacía “porque no me da la gana… no voy a caer yo en el truquito de los gringos, de los organismos de inteligencia que financian al Cenidh y a la CPDH. Solo que sea imbécil”.

Cabezas fue relevado por Corina Centeno Rocha, quien renunció en octubre de 2019, tras lo cual se nombró en el cargo a la dirigente juvenil sandinista Darling Ríos.

Cuevas asegura que Ortega lo que busca es crear una instancia que “simule” defender los derechos humanos” y agregó que “al Gobierno no le gusta el trabajo que estamos haciendo porque defendemos, realmente, los derechos humanos y estamos educando a los ciudadanos en materia de que conozcan sus derechos”.

Además mencionó que la PDDH es una instancia “sorda, ciega y muda”, en materia de defensa de derechos humanos.

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