Política

Ley de Seguridad Soberana “ambigua y discrecional”

Invocan intereses de empresarios y productores para justificar un nuevo sistema de seguridad del estado

La iniciativa de Ley de Seguridad Soberana que el Ejecutivo envió el pasado 12 de octubre a la Asamblea Nacional contiene elementos que podrían estar encaminados a controlar las movilizaciones sociales y protestas, como la ocurrida hace unas semanas en Mina El Limón, según interpretaron el experto en temas de defensa y seguridad, Roberto Cajina y el diputado opositor Luis Callejas.

Cajina y Callejas comparecieron en el programa televisivo Esta Noche, en el que explicaron los alcances del anteproyecto que introduce un concepto de “Seguridad Soberana” que no existe en las ciencias políticas y propone derogar la Ley de seguridad democrática, aprobada en 2010. “Uno de los aspectos más graves en esto es la discrecionalidad de interpretación de amenazas o riesgos a la seguridad soberana”, explicó Cajina.

El diputado Callejas, es además presidente de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional. Según su interpretación, la iniciativa de ley es riesgosa por que cambia el concepto de Soberanía Nacional. “Cuando hablamos de soberanía nacional, hablamos de la integridad del territorio nicaragüense, y el Ejército custodiando, protegiendo esa integridad del territorio. Actualmente con esta nueva conceptualización, pues ya también existen amenazas internas tan amplias y conceptos tan difusos que cualquier cosa se puede interpretar como una amenaza a la seguridad del país”, resumió el parlamentario.

Considera que en la Constitución se establece el concepto de soberanía, la cual la ejerce directamente el pueblo. “Es el pueblo el soberano ahora (…) la pasa a una institución militar”, expresó el diputado Callejas.

El proyecto de ley establece en su artículo cuatro, inciso f que uno de los propósitos es “garantizar las condiciones de seguridad, paz y estabilidad que permitan el desarrollo integral de las personas, familias, comunidad, trabajadores, productores y empresarios en estrecho vínculo con el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional”

El experto Roberto Cajina considera que esta ley tiene un doble enfoque: “de inteligencia mal elaborada y de seguridad del Estado, y la mampara es la persona, la familia y la comunidad”, dice.

Cajina además considera que con esta ley está concebida por un “un triángulo perverso: Presidencia-Comandancia del Ejército-Jefatura de la Policía, que si le querés poner nombre y apellido, son el Comandante Daniel Ortega, (el jefe del ejército Julio César) Avilés y (la jefa de la policía) Aminta Granera”, resumió.

La ley establece que para su aplicación se “crea el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, el que estará coordinado por el Presidente de la República y se delega al Ejército de Nicaragua para que a través de la Dirección de Información para la Defensa (DID), se constituya como Secretaría Ejecutiva del Sistema”. Este mismo sistema ya existía bajo la ley de Seguridad Democrática, aunque se desconocen los resultados de sus operaciones. La DID es la misma instancia de inteligencia militar que ha sido señalada de montar operativos de espionaje, persecución y acoso contra periodistas y opositores.

Tanto Callejas como Cajina consideran que con la nueva ley, que podría ser aprobada por la aplanadora sandinista en el Parlamento, el gobierno intentaría frenar cualquier protesta ciudadana, que podria interpretarse bajo uno los acápites de la ley referidos a las amenazas a la seguridad que describe: ¨cualquier evento que puede ser nocivo para el desarrollo de las personas, la familia, la comunidad¨. Eso es muy ambiguo y ahí alcanza todo. Cualquier cosa que a (Daniel) Ortega crea que atenta contra la seguridad soberana, puede serlo, analizó Callejas.

Por su parte, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) publicó un documento analizando la iniciativa, en el que también cuestiona que en esta ley se introduce un “concepto ambiguo que se presta a la discrecionalidad y a la aplicación de medidas coercitivas, que impide el ejercicio de soberanía de parte de la población”.

Igualmente interpretó la propuesta de ley como un intento por frenar cualquier inconformidad y protesta en las calles, como la movilización contra la minería en Rancho Grande y las protestas de trabajadores de la Mina El Limón, esta última que fue disuelta mediante un violento operativo policial. Pero, además, el propósito es eventuales iniciativas como como las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o las investigaciones por corrupción en Honduras, que están dirigidas por organismos de la ONU y la OEA, considera Cajina.

El diputado Callejas además criticó que en esta nueva propuesta de ley se elimina la Comisión Parlamentaria de Seguridad Democrática, vigente en la ley de 2010, que establecía mecanismos de control y velaba para que no se cometieran abusos. ”También se elimina es el mecanismo de denuncia ciudadana que estaban en la Ley de Seguridad Democrática y que ya no está aquí… Esto deja un campo abierto para interpretaciones y aquí, como está redactada, alcanza de todo”, agrega.

¿Garantías?

La misma propuesta de ley establece en su artículo 13, una serie de prohibiciones encaminadas a proteger a la ciudadanía del espionaje político, de la intervención de comunicaciones y del uso de la intimidación durante los proceso de investigación o recolección de información. Sin embargo, para el diputado Callejas y para el experto Cajina, estas restricciones son poco confiables, porque de todas formas la ley es “papel mojado”.

“El problema es que todas esas prohibiciones estaban contenidas en la ley de 2010, pero desde el 2007 para acá la ley se ha convertido en letra muerta. Hay indefensión total. No hay instancias a qué recurrir”, lamentó Roberto Cajina.

Al experto le preocupa lo que pueda ocurrir en la reglamentación de la ley. “Yo tengo un temor más grande todavía de lo que va a pasar porque ahí es donde el Ejecutivo se despacha con la cuchara grande. El reglamento es un decreto ejecutivo donde se puede pasar todo lo que no se discuta en la Asamblea”, dijo.

Cajina se mostró sorprendido de que en esta nueva propuesta de ley justifique invocando los intereses de productores y empresarios. “Sí hay algunas cosas preocupantes”, dijo Cajina, en alusión al interés del gobierno por frenar demandas sociales que entran en contradicción con los intereses de grandes empresas, como la protesta de los afectados por Insuficiencia Renal Crónica en Chichigalpa que reclaman una indemnización al Ingenio San Antonio, o la movilización de trabajadores en Mina El Limón, contra le empresa minera B2Gold, demandando la reintegración de tres sindicalistas despedidos.

El diputado Callejas indicó que aún no se conoce cuál es la posición del Cosep sobre este Proyecto de ley, que pretende instaurar un sistema de control de seguridad del estado, invocando los intereses de la clase empresarial. ¨Queremos consultar a todos gremios para que se pronuncien¨, dijo Callejas.

Artículo 4. Propósitos
Inciso f:

“Garantizar las condiciones de seguridad, paz y estabilidad que permitan el desarrollo integral de las personas, familias, comunidad, trabajadores, productores y empresarios en estrecho vínculo con el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional”

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