Opinion

Libres los queremos, ni un preso más

Liberar a los presos políticos y garantizar las libertades ciudadanas era la condición para sentarse a dialogar

Desde que oí a Edgar Parrales, exembajador sandinista en la OEA durante los ochenta (1982-1986), explicar el pasado jueves, 14 de Marzo, el dilema en que se encontraba Nicaragua, entendí mejor el balance de fuerzas entre la administración Ortega-Murillo y las varias fuerzas sociales que representa la Alianza Cívica—campesinos, estudiantes, mujeres, empresa privada—y sus aliados en el exterior.  Me topé con esta entrevista de casualidad porque desde el asedio, encarcelamiento, y expulsión del país de los periodistas independientes, uno vive a oscuras, sin noticias, adivinando lo que sucede, reclinándose en la cultura oral y navegando el mar de opiniones de aquellos que sin entender del todo lo que sucede, expresan su sentir visceral lastimado en las redes sociales.

Lo que revela muy claramente la exposición de Parrales es que las sanciones del Parlamento Europeo y la reacción en cadena que podía significar ponían al régimen Ortega-Murillo personalmente en tres y dos.  Lo importante de dicha explicación es entender el sentido de la espada de Damocles sobre el cuello de los gobernantes, su familia, colaboradores y allegados más cercanos.  Si no negocian—y probablemente deben tener fechas de cumplimiento para hacerlo (¿28 de marzo – 3 de abril?)—podrían encontrarse de la noche a la mañana con bienes confiscados, cuentas congeladas y sin permiso de tránsito por Europa.  Sus nombres y apellidos encabezan la lista propuesta de sanciones.  Decía Parrales que de suceder eso, el Congreso Norteamericano podría activar la Nica Act (medida para obligar a Daniel Ortega a realizar elecciones libres, justas y transparentes) y la Magnitsky Act (que sanciona a aquellos que violan los derechos humanos congelándole los bienes y prohibiéndoles la entrada a los Estados Unidos).  Con esa en la frente, los libre dios de albergar malos pensamientos.

Presos del suspenso, la incertidumbre y la ambigüedad, la ciudadanía se estremece.  La dilación en la liberación de los presos políticos causa mala espina. En ese tira y encoge que caracteriza toda lucha de fuerzas, surge la sospecha del secretismo, la posibilidad de pactismos tan caros a la tradición política cultural nacional y hasta se teme el eventual resquebrajamiento de la Alianza.  Liberar a los presos políticos y garantizar las libertades ciudadanas era la condición para sentarse a dialogar y esta a la fecha no se ha cumplido. Vale preguntarse por qué no.  Mantener a ciudadanos presos por manifestarse cívicamente en público es en este momento usarlos como rehenes, moneda de cambio para obtener lo que el presidente desea.  Luis Carrión, ex comandante de la Dirección Nacional Sandinista, dio la voz de alarma: Ortega quiere comprar tiempo y aspira a dividir para perpetuarse en el poder.  Mucho cuidado: estas son tácticas de su estrategia política patentada como ‘gobernar desde abajo.’

‘Gobernar desde abajo’ es una fórmula que al presidente dio réditos en el pasado y lo mantiene en el presente en la gobernancia.  Este año, tal estrategia se puso en evidencia con la soltura que manejó el despliegue de paramilitares y encapuchados armados y el uso de motocicletas, juventud sandinista, excombatientes de la guerra y organizaciones de barrio, todas ‘masas populares que gobiernan desde abajo,’ desde el inicio de la insurrección cívica del año pasado en abril.  Ahora, durante las reanudadas negociaciones—o diálogo—vemos dicha estrategia en el régimen de manejo de poblaciones manifiesta como economías de dilación y engaño; en la negativa de poner en libertad a todos, toditos, los presos políticos, sin excepción; en el juego y rejuego de quien los va soltando a placer, 100 hoy, cincuenta mañana, sin dar explicación alguna excepto que los detenidos son golpistas—no presos políticos sino políticos presos como diría sin ninguna vergüenza Wilfredo Navarro.  Libres los queremos.  Ni un preso más.

Mientras esto sucede, entre una y otra pausa, uno y otro impase, el engaño que hace patente la retención de los rehenes, pone en evidencia hiatos en los constituyentes de la Alianza Cívica.  La Conferencia Episcopal lo entendió muy bien y se negó a participar en la negociación como “testigos y acompañantes.”  Luego se distanciaron los campesinos, enseguida la Coalición Universitaria: los derechos humanos no se negocian dijo Max Jerez, delegado universitario en la comitiva. Azahálea Solís los acompañó. Luis Carrión lo advirtió: ‘El poder de la Alianza Cívica es levantarse de la mesa.’  Ante estas claras admoniciones, la Alianza debe andarse a tientas so pena de atravesar la línea Maginot.

En medio de pausas e impases, la Unidad Azul y Blanco (UNAB) convocó una marcha para el viernes 16 de Marzo en apoyo a la liberación de los presos políticos.  Era esa también una manera de probar si las libertades cívicas serían respetadas.  La policía prohibió la marcha pero la ciudadanía salió de todos modos a la calle.  El resultado fue el de 160 detenidos, entre los que se encontraron numerosas personas de nombres conocidos, de profesiones y clases sociales diversas, de edades varias quienes, por intermediación del nuncio apostólico, Monseñor Waldemar Sommertag fueron puestos en libertad la noche misma.  Hay que decir que entre las detenidas se encontraron honrosamente un buen número de mujeres ‘de la tercera edad,’ así se dijo, de larga y probada rectitud.  Ese gesto era necesario para dotar de legitimidad al diálogo y ganar la confianza de la población.  El acto nos hizo creer que habíamos entrado, si no en otro juego, al menos en uno en el que las fuerzas iban adquiriendo otro tipo de balance, uno en el que el régimen Ortega-Murillo se encuentra en tres y dos.

La población merece un diálogo diáfano el que se han ganado las víctimas del desacato político y la impudicia—presos y muertos.  La Alianza Cívica no puede perder la dirección; no le puede temblar el pulso; tiene que estar atenta a no perder la perspectiva, a mantener en la mira la línea roja entre lo nacional-local, al margen de la ley y las instituciones, y el estado de derecho que rige las naciones democráticas, y no pensar, como lo hace el señor presidente, que puede ‘gobernar desde abajo’ a los organismos internacionales—Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Parlamento Europeo.  Ya estos habían desmentido y hasta ridiculizado y puesto en entre dicho que aquí la insurrección cívica había sido un intento de golpe de estado y las condiciones que específicamente había impuesto el Parlamento Europeo eran liberar a todos los presos políticos como condición para empezar un serio y responsable diálogo nacional, mismo cuyo mandato fundamentalmente sería, entendemos, establecer el cronograma de adelanto de elecciones libres y vigiladas, de reforma del sistema electoral, y de empezar el proceso de justicia y reclamo contra los represores. La Alianza tiene que mantener clara su mirada. Su carta magna es el cese a toda forma de represión y de manipulación.  Si le hace el juego al régimen, si firma cualquier comunicado conjunto antes de lograr su cometido, se hunde.  Libres los queremos. Ni un preso más.

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