Opinión

Los de afuera cuentan

Protesta

El rol de los perseguidos políticos en la Unidad Nacional



A día de hoy las relaciones internacionales es uno de los pilares más débiles del régimen Ortega-Murillo. El dictador cuenta con pocos y nimios apoyos en la escena global luego de comprobarse la naturaleza criminal y genocida de su desgobierno. En este trabajo, de aislar al máximo al régimen, el rol jugado por los/as nicaragüenses en el exterior ha sido excepcional y merece todo el reconocimiento posible.

Sin embargo, en algunos espacios se ha sugerido que para elegir a las caras más visibles y representativas de la Unidad Nacional, sólo se tenga en cuenta a quienes están ‘dentro’ del país excluyendo ‘a los que están afuera’, como si estos últimos tuvieran menos méritos o una inferior categoría política. Tampoco es cierto que los nicas en el exterior sean grupos homogéneos. En particular en lo que se refiere a su rol de representación en la lucha cívica, equiparar a los exiliados con la diáspora nica es sumamente impreciso y un error evitable.

Empecemos por aclarar a que nos referimos. Diáspora significa “conjunto de comunidades de un mismo origen establecidas en distintos países” (Oxford). Esto es, la comunidad nica en Estados Unidos, Costa Rica o España, por ejemplo, que ya se encuentra asentada en esos lugares. Ellos o sus antepasados pudieron haber emigrado hace 10, 20 o 30 años por diversas razones, incluyendo la represión política, y una vez establecidos piensan, y es legítimo, seguir haciendo sus vidas en el exterior.

Desde la distancia pero plenamente involucrada, la diáspora ha vivido con horror e indignación el sufrimiento de una Nicaragua a la que aman y por ello dedican mucho tiempo, esfuerzo y recursos para combatir la dictadura. Su contribución a la resistencia cívica, así como su apoyo humanitario en los momentos más duros, ha sido mayúsculo. En muchos casos, es esta diáspora la que ha servido de red de protección para los nicas que llegan huyendo de Ortega desde Abril. Todo lo anterior nos recuerda que, incluso si su deseo no es abandonar los lugares que les han adoptado, garantizar el derecho de voto de los nicas residentes en el exterior debe ser prioridad para le democracia por nacer.

Los exiliados políticos del campo y la ciudad, por otra parte, son personas actual y salvajemente perseguidas. Están fuera del país contra su voluntad precisamente como consecuencia de su rol activo y efectivo en la lucha contra la dictadura, ya sea en los tranques y barricadas, en las tomas de recintos universitarios o los medios de comunicación. Escaparon como pudieron del territorio controlado por Ortega porque sus vidas y la de sus familias corrían peligro inminente de cárcel o asesinato. Dejaron sus casas llevando sólo lo que podían cargar y la mayoría sufre hoy carencias de lo más básico. Sin embargo siguen trabajando, organizándose y luchando por volver y contribuir día a día con un país mejor.

Como vemos, existen matices entre ambos colectivos incluso si les une el anhelo por una Nicaragua justa y democrática. En especial, a las y los perseguidos políticos les caracteriza que mantienen intacto su vínculo con su comunidad y territorio, pero también su capacidad de liderazgo, arrastre y organización dentro y fuera del país, quizá porque en muchos casos su trayectoria política y de resistencia viene de antes del 18 de abril. Excluir este capital político atendiendo a que en este momento ellos no están en el territorio nacional, no sólo es inmaduro, sino que va en contra de la representatividad y diversidad que demanda la democracia por la que luchamos. ¿Acaso Francisca Ramírez tiene menos mérito e importancia política porque no está actualmente ‘dentro’ de Nicaragua?

Alguno podría argumentar que sólo aquellos que permanecieron en el país pueden optar a tener papeles de representación de la unidad de las fuerzas democráticas, pues “los que se quedaron son los valientes, los que se arriesgan”. Éste necio argumento obvia que los recursos y capacidades de salvaguardar la vida no son iguales para todos y, más importante, que la brutalidad del régimen no ha sido uniformemente dirigida a todos los liderazgos. Sin duda, la violencia orteguista ha sido más despiadada contra los actores más beligerantes de la Insurrección cívica. Desde luego, la represión no ha sido de igual naturaleza e intensidad contra los líderes empresariales que contra aquellos que organizaron tranques y barricadas en ciudades y comunidades rurales; o tampoco entre los jóvenes que ocuparon recintos universitarios y aquellos que decidieron no hacerlo, poner algunos ejemplos.

Por otra parte, pensar que sólo las personalidades que permanecen dentro del territorio pueden tener peso político específico es ignorar el rol que históricamente y en el mundo entero han jugado los liderazgos obligados a exiliarse, especialmente en luchas contra el autoritarismo. Incluso sin mencionar aquellos de nuestra propia experiencia, los ejemplos son muchos: Ricardo Lagos, Rómulo Betancourt, Cory Aquino, Paz Estenssoro, Henrique Cardoso… son algunos de los/as líderes que combatieron desde el exilio y con éxito las dictaduras de sus países. Pedro Joaquín y Violeta también sufrieron la expatriación sin menoscabo a su liderazgo y patriotismo. Y hasta Gandhi tuvo que exiliarse en ocasiones. De Gaulle no dirigió la resistencia contra los nazis dentro de la Francia ocupada, sino desde Londres, y a nadie se le hubiese ocurrido negar un espacio a su valentía, prestigio y competencia política.

En definitiva, nos encontramos en un momento crucial en dónde la Unidad Nacional debe engendrar un sujeto político fuerte, visible y coherente. Indudablemente para conformar ese sujeto, que responda a las demandas de la ciudadanía y a las expectativas de la comunidad internacional, hay que partir del reconocimiento de todos los liderazgos democráticos, venidos de diversos sectores y generaciones. Y asimismo debe tomarse en cuenta a aquellos que por su incansable lucha cívica contra el régimen, han tenido que exiliarse para resguardar su vida, pero que aun así siguen peleando. Desconocer lo anterior supone poner en riesgo el respaldo popular y la credibilidad internacional al proyecto unitario, y solo podría entenderse desde la exclusión y el cínico cálculo político, rasgos de la política tradicional caudillista que queremos desterrar para construir la nueva Nicaragua.